El Parlamento de Canarias se plantea la posibilidad de regular la residencia en las islas

El dictamen de la comisión del Parlamento de Canarias que estudia el reto demográfico y el equilibrio poblacional plantea la posibilidad de regular la residencia en las islas como una de las opciones para hacer frente al “insostenible” desarrollo demográfico del archipiélago.

El dictamen ha sido aprobado con los votos de CC, PP, ASG y AHI, el voto en contra de Vox y la abstención de PSOE y NC, que han anunciado votos particulares.

En el dictamen se pone de relieve la alta densidad de población de Canarias (301 habitantes por kilómetro cuadrado, la tercera mayor de España), la desigual distribución de sus 2,2 millones de habitantes (el 95% concentrado en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en las zonas costeras), el declive demográfico en La Palma, La Gomera y El Hierro o en zonas rurales y la presión sobre recursos y servicios por la recepción de 18 millones de turistas anuales.

También se habla de un crecimiento poblacional “absolutamente insostenible” en lo que va de siglo, con un aumento global del 35% en 25 años, con porcentajes de aumento de hasta el 181% en Fuerteventura, el 111% en Lanzarote, el 37% en Tenerife y 16% en Gran Canaria.

El dictamen constata que cada vez hay más movilizaciones sociales en demanda de un cambio de modelo por los efectos negativos del crecimiento turístico en el bienestar social y en el medio ambiente, con problemas de vivienda, convivencia, masificación, servicios públicos y desigualdad.

Entre las más de un centenar de propuestas que plantea la comisión parlamentaria, que aún deben ser ratificadas por el pleno del Parlamento, figura la posibilidad que se regule la residencia en las islas Canarias, dentro del derecho comunitario.

En concreto se plantea literalmente: “Estudio y análisis de las vías que el derecho comunitario ofrece aprovechando la condición de región ultraperiférica de Canarias, el interés general, o la combinación de ambas, para la adopción de medidas poblacionales generadoras de un derecho especial que regule la residencia en las Islas Canarias”.

Otra posibilidad que se plantea el Parlamento, si bien condicionada, es negociar con la Unión Europea “medidas específicas de carácter temporal” para frenar el crecimiento demográfico mediante la limitación de la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en Canarias.

Esta demanda de viviendas por extranjeros es “fuente de una nueva burbuja especulativa”, según el dictamen, que cita el caso de países como Nueva Zelanda y Canadá, o Dinamarca dentro de la Unión Europea, que han legislado al respecto.

“Es fundamental que esta medida esté basada en el interés general, justificada debidamente y basada en el principio de proporcionalidad”, matiza el dictamen.

A la vez, el dictamen condiciona esa posible limitación en la compra de viviendas por extranjeros a dos tareas previas que debe realizar Canarias: haber “impulsado” obra pública de vivienda protegida y haber desarrollado un plan para “la puesta en alquiler residencial de una parte significativa de las más de 211.000 viviendas vacías”.