Afectados por el volcán piden un reparto "justo" de las ayudas y que no haya damnificados "de primera y de segunda"

Afectados por la erupción volcánica de 2021 ha pedido al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que las ayudas e indemnizaciones, así como la inversión en infraestructuras para la reconstrucción, se distribuyan del modo “más justo y equilibrado” posible entre todos los colectivos afectados, evitando agravios comparativos tanto en las cuantías económicas como en los plazos de espera para que estas compensaciones se hagan efectivas.

En definitiva, este grupo de afectados por la erupción considera que “lo urgente” es culminar la compensación de las personas que perdieron sus propiedades en la catástrofe hace cuatro años, y que “no existan damnificados de primera y de segunda”, según ha trasladado la Asociación Tierra Bonita en una nota de prensa.

El colectivo recuerda que aún no se han abonado las indemnizaciones a quienes perdieron segundas residencias y otros inmuebles –e incluso, aseguran, existen expedientes de propietarios de primeras viviendas que siguen sin resolverse–, y añaden que tampoco se ha aclarado aún qué compensaciones recibirán los propietarios de terrenos que se declaren espacio natural protegido en la denominada zona roja o zona cero de la erupción.

“Igual incertidumbre existe sobre los plazos de la reposición de los servicios públicos urbanos que permitan a los afectados reconstruir sus viviendas”, puntualizan.

Desde los grupos de afectados insisten en que los fondos públicos deben emplearse “prioritariamente” en completar la compensación del valor de lo perdido a todas las personas afectadas, de forma que “todas las familias damnificadas estarían en igualdad de condiciones y podrían reconstruir sus segundas viviendas o disponer de nuevos inmuebles con actividades comerciales, para diversificar la economía del Valle de Aridane”.

En paralelo, los afectados sostienen que, de los importantes recursos económicos públicos que se han movilizado tras la catástrofe, la opinión pública “sigue sin saber cuánto y cómo se han repartido”, ya que ese volumen de fondos, advierten, “nunca ha sido objeto de una auditoría o evaluación independiente”.

“Esta opacidad es un terreno abonado para la sospecha y la vulneración de derechos”, añaden.

“La burocracia se ha convertido en un segundo volcán para quienes ya lo habían perdido todo, porque cuatro años después sigue habiendo afectados que no han recibido compensaciones completas o que viven en una incertidumbre administrativa permanente”, ha lamentado los damnificados.