El equipo de Gobierno de CC en el Ayuntamiento de Mazo ha rechazado una moción del grupo socialista en la que pedía la reducción del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) tras el desorbitado incremento experimentado una vez realizadas las nuevas valoraciones catastrales.
El portavoz del PSC-PSOE en la Corporación, José Javier Yanes, considera que "la actual coyuntura económica hace necesaria la revisión de los tipos de gravamen de este impuesto, y recuerda que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales concede margen para ello a los ayuntamientos, máxime, como en este caso, a quien gobierna con mayoría".
La Ley establece que el coeficiente para los bienes urbanos puede fluctuar entre el 0,40 y el 1,10 por ciento del valor catastral, mientras para los bienes rústicos oscila entre el 0,30 y el 0,90 por ciento. En el caso del Ayuntamiento de Mazo el Gobierno municipal ha estipulado un gravamen del 0,60 por ciento en ambos casos.
Las nuevas valoraciones catastrales unidas a los tipos de gravamen aprobados el pasado 25 de junio por el equipo de Gobierno local supusieron un incremento de los ingresos municipales de más de un 300 por ciento en concepto de IBI rústico, mientras en el caso del urbano se situó en torno al 17 por ciento, tal y como se reflejó en el presupuesto municipal para 2010. Sin embargo, Yanes considera que "no es el momento adecuado para apostar por un afán recaudatorio tan desmesurado, que perjudica claramente la economía de nuestros vecinos".
El alcalde de la localidad macense, Francisco Javier González, remitió a los socialistas a presentar su propuesta a final de año, cuando se actualicen las ordenanzas fiscales, al tiempo que rechazó igualmente la petición del grupo socialista de crear una comisión -integrada por todos los grupos con representación municipal- para estudiar la situación de las parcelas afectadas, y conforme a ello, plantear la reducción del tipo de gravamen del IBI.
Asimismo, el PSC-PSOE critica la ineficaz gestión del grupo de Gobierno durante el periodo de exposición pública del procedimiento de valoración catastral, donde se intentó evadir responsabilidades frente a los ciudadanos, desviándolas exclusivamente a la Dirección General del Catastro -encargada de las valoraciones catastrales-, cuando -explica Yanes- el Gobierno municipal disponía de las valoraciones del catastro con anterioridad a la fecha en la que aprobó la modificación de los coeficientes del IBI. Lo que implica, que sabía el incremento espectacular que se iba a producir en el impuesto.
