Los alojamientos turísticos canarios tendrán que implantar camas elevables antes de 2033

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la única abstención de Vox, una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que obliga a los establecimientos alojativos a instalar antes de 2033 camas elevables mecánicas, así como carros motorizados para el traslado de textiles y útiles de limpieza, para reducir las lesiones físicas de las camareras de piso.

La nueva norma, fruto de una proposición de ley promovida por el PSOE y que ha alcanzado un consenso mayoritario, ha sido impulsada por la histórica lucha de las camareras de piso, también conocidas como las kellys (acrónimo de “las que limpian”), para mejorar la penosidad del trabajo en los hoteles de las islas de este colectivo, afectado por la alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas.

En esta ley se establece un régimen estricto de evaluación de las cargas de trabajo y la obligatoriedad de implantar camas elevables y carros motorizados en los establecimientos turísticos de las islas, con un calendario flexible hasta 2033, aunque con algunas excepciones para alojamientos pequeños o familiares en islas como El Hierro o La Gomera, según una enmienda in voce incorporada en la sesión plenaria.

Para los establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, el porcentaje de implantación de camas elevables y carros motorizados será del 25 % hasta el fin de 2027, del 45 % hasta el fin de 2029, del 75 % hasta el fin de 2031 y del 100 % antes del 31 de diciembre de 2033.

En el resto de establecimientos hoteleros, extrahoteleros y viviendas de uso turístico, el calendario exige los siguientes objetivos: el 10 % hasta el fin de 2027, el 20 % hasta el fin de 2029, el 35 % hasta el fin de 2031 y el 100 % al final de 2033.

La norma contempla excepciones específicas, como las camas supletorias y los establecimientos de hasta 30 habitaciones ubicados en Bienes de Interés Cultural (BIC) o en espacios protegidos.

La exigencia incluye a los propietarios o explotadores de viviendas de uso turístico que comercialicen cinco o más inmuebles o agrupen veinte o más plazas alojativas en una misma parcela.

La ley obliga a las empresas integrar los factores ergonómicos y psicosociales en sus evaluaciones de riesgos laborales y evaluar el incremento de la carga física que supone el uso de elementos de gran volumen, como los edredones nórdicos.

Otra de las obligaciones empresariales es realizar mediciones objetivas de los tiempos reales que las camareras de piso emplean en la limpieza de los distintos tipos de habitaciones, con el fin de evitar sobreesfuerzos.

El incumplimiento de los plazos de instalación o la vulneración reiterada de las condiciones preventivas se tipificarán como infracciones muy graves, de acuerdo con el régimen sancionador de la nueva ley.

Para facilitar la transición hacia la implantación total de las camas elevables y los carros motorizados, está previsto que haya subvenciones por parte del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares.

Gustavo Santana, del PSOE, promotor de la proposición de ley, reconoció que no es habitual que una iniciativa legislativa de la oposición sea finalmente aprobada y agradeció al resto de los grupos su disposición.

Destacó especialmente el impulso de las camareras de piso, que demuestra que “la lucha obrera” es esencial para mejorar las condiciones laborales y salariales.

El proceso, dijo, ha estado marcado por “numerosos obstáculos y la oposición de sectores económicos con gran capacidad de influencia”, que pretendían plantear la salud de las camareras de piso como “moneda de cambio” en la negociación colectiva.

“Se equivocaron: con la salud no se negocia, es un derecho”, subrayó Santana, quien recordó que solo el 12 % de los hoteles de Canarias cuenta con camas elevables y apenas el 6 % con carros motorizados.

El diputado de CC Mario Cabrera afirmó que este cambio legal contribuye a avanzar en la calidad del empleo y la salud laboral en un sector clave como el turístico.

David Morales Déniz (PP) agradeció el trabajo conjunto de los grupos parlamentarios para proteger la salud de los trabajadores del sector.

La diputada Natalia Santana, de Nueva Canarias, señaló que su formación ha defendido de forma constante los derechos de las camareras de piso y subrayó que el turismo no puede sostener su éxito sobre el deterioro de la salud de quienes lo hacen posible.

Paula Jover, de Vox, justificó la abstención de su grupo en la ausencia de un informe sobre el impacto económico para las empresas, la falta de garantías sobre las subvenciones y un calendario con numerosas excepciones que, a su juicio deja el texto en “propaganda política”, aunque se mostró partidaria de garantizar la salud laboral de las camareras de piso.

El diputado de ASG Jesús Ramos Chinea destacó que es un hito que por primera vez se regulen por ley las condiciones de trabajo de este colectivo, mientras que Raúl Acosta (AHI) valoró que se hayan tenido en cuenta las circunstancias de los alojamientos de las islas más pequeñas.