Hernández pide consolidar un equipo presencial y permanente que permita agilizar las valoraciones de discapacidad en La Palma

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma ha reclamado al Cabildo y al Gobierno de Canarias que trabajen conjuntamente para consolidar un equipo permanente de valoración y orientación que permita agilizar de forma continuada los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad, garantizando además que la atención a los usuarios se realice de forma presencial en La Palma.

La portavoz del Grupo Popular, Nieves Hernández, recuerda que el reconocimiento del grado de discapacidad constituye un paso imprescindible para que muchas personas puedan acceder a prestaciones, recursos de apoyo, servicios sociosanitarios y otros derechos fundamentales.

“No estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera. Detrás de cada expediente hay una persona y una familia que necesita respuestas para poder acceder a recursos que son esenciales en su día a día”, señala Hernández.

“A pesar de que se ha impulsado la formación de 33 profesionales de la Corporación insular, 15 trabajadores sociales y 18 psicólogos, con el objetivo de reforzar este servicio, no se ha conseguido impulsar un equipo permanente y muchos de los expedientes se están resolviendo a través de entrevistas telefónicas llegando incluso a ser valorados por los especialistas en medicina exclusivamente por los informes médicos, sin realizar una valoración presencial de las patologías”.

“La solución no pasa únicamente por reforzar el servicio de manera puntual. La Palma necesita un equipo permanente que pueda atender presencialmente a las personas y elaborar en la isla los informes médicos, psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen técnico del reconocimiento del grado de discapacidad. Esa estabilidad permitirá reducir los tiempos de espera y ofrecer un servicio más cercano, humano y eficaz”, explica la portavoz popular.

El Grupo Popular defiende que las valoraciones de discapacidad no pueden depender de medidas excepcionales que deban renovarse periódicamente, sino que requieren una estructura permanente que garantice la continuidad del servicio y el derecho de los ciudadanos de La Palma a ser atendidos presencialmente por un equipo multidisciplinar capaz de realizar las valoraciones e informes técnicos necesarios en la propia isla.

“La Palma necesita una solución definitiva. Garantizar este servicio es garantizar derechos. Es necesario consolidar un equipo estable que permita realizar de manera presencial las valoraciones y la elaboración de los informes médicos, psicológicos y sociales que hacen posible el reconocimiento del grado de discapacidad. Esa debe ser la prioridad de las administraciones públicas”, concluye Hernández.