El grupo municipal socialista acusa a Unión Bagañeta, UB, de retar a la justicia al conceder la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad para el edificio de Los Tarajales, declarado ilegal por el Tribunal Supremo en el año 2005 y por el que hay abierto una proceso judicial que todavía está sin resolver.
Los socialistas bagañetes consideran contrario a derecho el autorizar, con su voto favorable, la concesión de la cédula de habitabilidad al proyecto "Reformado de Proyecto Básico de edificio y garajes en sótano, comercial en planta baja y 24 viviendas en planta superiores en Tarajales, Puerto de Tazacorte", toda vez que es una edificación de carácter residencial. Añadiendo que este carácter residencial está expresamente prohibido por el artículo 25.1 de la Ley de Costas. "No se puede discriminar a unos ciudadanos en detrimento de otros en función de poder adquisitivo que tenga en cuanto a la aplicación de las leyes".
No obstante, consideran que el voto en contra a la licencia de primera ocupación podría devengar en indemnizaciones a la promotora de más de diez millones de euros. "Esta deuda conllevaría la no prestación de servicios mínimos y esenciales por parte del ayuntamiento a los ciudadanos, así como la congelación de las inversiones y ayudas, por lo que
responsablemente y, en contra de la caótica gestión de este y otros asuntos urbanísticos por parte del grupo de gobierno y por lo nefasto para los vecinos de la Villa y Puerto de Tazacorte, que a las postre son los únicos intereses que han de prevalecer por encima de los intereses políticos".
El PSOE afirma que desde hace tiempo ha exigido al grupo de gobierno que rectifique, incluso le solicitó la paralización cautelar de las obras hasta que la justicia resolviera, recibiendo como respuesta "la continua huida hacia delante".
También recuerda que nunca compartió la decisión de conceder la licencia de obra. "Esta concesión de licencia ha devengado en numerosos perjuicios para el municipio como perdida de credibilidad de cara a inversores, sensación de inseguridad jurídica, imputaciones de miembros de esta corporación y de técnicos y responsables políticos del Gobierno de Canarias en un bochornoso espectáculo de declaraciones en sede judicial y en los medios
de comunicación dejando la imagen del municipio por los suelos", afirman los socialistas.
El PSOE señala además que la contrapartida obtenida por el municipio en la concesión de la licencia fue simplemente la económica y que la mayoría del importe de la licencia, si no todo, se ha destinado y se seguirá destinando a gastos en asesoramientos jurídicos.
"No se puede olvidar, indican, que la edificación sobre la que se está debatiendo no tiene un uso cultural, docente, de servicios a la ciudadanía o un uso por el que a nuestros vecinos les haya merecido la pena litigar con sus impuestos, sino que es un edificio residencial de lujo al que pocos o ningún bagañete podrá
acceder".
