El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan Ramón Felipe, ha remitido hoy un escrito la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma a fin de aclarar y despejar las dudas surgidas a raíz de la instalación de cámaras de vídeo-vigilancia con proyección a la vía pública en un inmueble de la capitalina calle Jameos, en la popularmente conocida como Barriada de Pescadores.
"Ante la inquietud generada en el vecindario", comienza el escrito del alcalde, "e invocando la colaboración y cooperación que debe presidir todo tipo de relaciones entre las administraciones públicas, me dirijo a usted como máximo representante de la Administración del Estado en la Isla, el cual tiene competencias exclusivas en materia de seguridad pública", para a continuación solicitar la aclaración de determinados puntos respecto a función, operatividad y legalidad de estas cámaras y su posible colisión con la ley de protección de datos de carácter personal.
Por otro lado, el escrito plantea que si bien la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos no están sujetas al control preventivo de las corporaciones locales, en este caso, al no ser instaladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "se deben respetar los principios de la legislación vigente en cada ámbito material de la actuación administrativa".
