Planta de asfalto instalada en el polígono industrial del Callejón de la Gata. Foto cogida de la web NoAsfalto.
El abogado de la Plataforma contra la instalación de plantas de aglomerado asfáltico en el Valle de Aridane, Felipe Campos, en declaraciones realizadas a este periódico ha afirmado que el viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno canario, Miguel Ángel Púlido, es un "hooligan empresarial" que está más pendiente de defender a los empresarios que a los vecinos en este conflicto y que sólo así se entiende que haya dicho públicamente que si se revoca la licencia de esta instalación en el Callejón de la Gata se podría incurrir en una presunta prevaricación.
Según explica Campos, "si se reconoce ahora como un gran error esa decisión que se tomó en su día de autorizar dos plantas de aglomerado asfáltico en un núcleo urbano rodeado de viviendas a casi 50 metros, se puede asumir ese error y revocar esa licencia, es un mecanismo previsto en la ley, e indemnizar los derechos administrativos que hubiera". En su opinión, sería más beneficioso para la economía, la salud, la agricultura, el medio ambiente, dar marcha atrás e indemnizar los supuestos hechos adquiridos y las inversiones realizadas por este empresario, que seguir adelante y cometer "este atentado contra todo, porque todo el mundo está en contra. Yo he asistido a dos manifestaciones en Los Llanos y todos los trabajadores del Astrofísico han firmado en contra porque es un auténtica burrada ".
El abogado de los vecinos señala que Pulido al hacer esas afirmaciones demuestra un "absoluto desconocimiento e ignorancia jurídica", aparte de que "se le ve el plumero como persona que siempre está defendiendo más los intereses de los empresarios que los intereses de los ciudadanos y el ordenamiento jurídico". "Es una burrada absoluta decir que se incurriría en una prevaricación por revocar la licencia cuando por supuesto que se puede hacer si se indemniza".
Felipe Campos también desmiente al viceconsejero cuando habla de que están todos los informes jurídicos y técnicos necesarios para la autorización de esta instalación. Campos dice en cambio que no hay ningún informe de ningún tipo. "En una licencia de instalación, que es la que se ha dado con un estudio de impacto ambiental, lo que exige la normativa es que se tiene que analizar cómo esa instalación afecta a la saludad de las personas, a la flora, a la fauna ,a la agricultura, etc. Sin embargo, no hay ningún informe ni en el expediente municipal ni en el expediente que se lleva en la Consejería de Medio Ambiente que analice el impacto de esa instalación sobre los distintos bienes jurídicos protegidos tal y como exige la normativa europea. El único informe en el que nominalmente se habla del impacto de la incidencia de esta instalación sobre la zona es el estudio de impacto ambiental y miente porque parte de un hecho falso, pues dice que no vive nadie en los alrededores de la instalación. Por tanto, es preocupante que el viceconsejero de Ordenación Territorial, que se supone que tendría que estar preocupado por los ciudadanos, por el medio ambiente y por la salud, y el alcalde de Los Llanos, estén tramitando un procedimiento en sus administraciones en el que el único informe en el que parece tener en cuenta ese hecho parte de un hecho falso, de modo que habría que analizar cuál es el impacto de esta instalación rodeada de viviendas".
Felipe Campos dice que tampoco es verdad el anuncio que hizo Domingo Berriel en marzo en el Parlamento, y que salió en todos los medios, de que el Gobierno de Canarias, a través de Industria, había autorizado esta instalación, porque "yo he estado en Industria y no existe ninguna resolución de autorización de esta industria, lo que también me parece preocupante y alarmante".
Y respecto a las actividades molestas, señaló que "la Ley del Aire derogó el reglamento aunque lo dejó en vigor en las comunidades, entre ellas la Comunidad Canaria, en que no haya normativa, y que esta modificación final de la Ley de actividades clasificadas de abril de 2011 no es de aplicación a esta licencia que se pidió en el 2006". Y que por eso dice que "la Ley del 98 deja en vigor el reglamento del 61 en todas las comunidades autónomas, entre ellas a Canarias, que ni ahora ni entonces tienen reglamento de desarrollo y que al menos hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo que indican que aún cuando el suelo esté clasificado de suelo industrial, como es el caso, las distancias que son de aplicación tienen aplicación preferente y aunque el suelo sea industrial, no se pueden ubicar unas actividades de este tipo cuando hay núcleos de viviendas en el círculo de dos kilómetros. Por lo tanto, nuevamente el señor Pulido muestra una burrez jurídica absoluta aunque lo que me preocupa es por qué está tan preocupado por buscar interpretaciones, por defender las instalaciones, por defender a los empresarios y que yo sepa no es gerente de ningún empresario, es funcionario público y debería estar preocupado en buscar la defensa de los ciudadanos, y no en propugnar interpretaciones absurdas que siempre favorecen a los empresarios. Yo siempre lo he calificado como un hooligan empresarial y este es un ejemplo más. Lo que deja ver es que siempre está defendiendo los intereses empresariales y siempre está de espaldas a los ciudadanos".
Felipe Campos entiende que en este caso, "aún cuando fuera legal que se pudieran colocar dos instalaciones que van a soltar toneladas de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno y partículas volátiles al medio ambiente, los políticos tendrían que estar al servicio de los ciudadanos, que han dicho que no, al servicio de la agricultura, de la salud, del medio ambiente, de la economía de La Palma. Los vecinos han dicho que no, el sentido común dice que no, la ley dice que no pero el señor Pulido se esfuerza por interpretar la ley para defender a sus amos, los empresarios".
Así las cosas, el abogado de la plataforma cree que lo que procede en este caso es que ningún ciudadano de Los Llanos de Aridane vote a ningún partido ni a ningún político que no se comprometa a firmar después del 22 de mayo revocar esa licencia. "A mí me parece que el tema más importante es la plataforma y si los políticos no cumplen con su mandato el castigo de los ciudadanos tiene que ser rotundo el 22 de mayo y así se va a plantear en la asamblea de mañana, día 12 en El Paso, en la que se va a exigir a los políticos que digan si están a favor o en contra y si van a revocar la licencia de la planta de asfalto. Y los vecinos deben votar en contra de los partidos que no se comprometan a revocar esa licencia, que se puede, y a no autorizar la segunda".
Campos no dudó en que hay que ligar las elecciones a este tema "directa e irrevocablemente y evitar que se escapen los políticos". Además confía en que el día 17 de mayo el alcalde de Los Llanos acuda a declarar como testigo a los juzgados, que "no huya como lo hizo la última vez y que no le tome más el pelo a la justicia" porque "está en juego la destrucción del Valle por montar dos instalaciones casualmente en terrenos que eran propiedad del presidente del Parlamento y de José Miguel González". "No se puede seguir soportando políticos que estén siempre al servicio de los empresarios", apostilló.
Felipe Campos hizo hincapié en que "la oportunidad es magnífica y hay que intentar convencer a los vecinos de que voten a aquellos partidos políticos que se comprometan en firme a revocar esta licencia y a restablecer el medio ambiente. Esa es la finalidad, ligar de forma clara el voto con la plataforma. Hay que exigirle a los políticos que se pronuncien en firme, sí o no. Porque ya es hora de que los políticos trabajen para los ciudadanos y al que no quiera pronunciarse, que le voten la empresa Ruiz Romero, los asesores y los enchufados", concluyó.
Archivado en:
Últimas noticias
Lo último en blogs