La Plataforma vecinal en contra de las plantas de asfalto en el Valle de Aridane ha emitido un comunicado en el que pide al nuevo gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos que se proceda a la revisión de los usos industriales del suelo en el polígono industrial I-2 del Callejón de la Gata, ante los organismos competentes, con el fin de eliminar las industrias clasificadas altamente contaminantes que puedan causar daños irreparables a los vecinos de la zona.
La Plataforma realiza esta solicitud ante, dice, la posibilidad de que entren en funcionamiento dos plantas de asfalto en el "Callejón de la Gata", en el municipio de Los Llanos de Aridane, colindante con el de El Paso, y teniendo en cuenta que las elecciones del 22 de marzo han dado lugar a un pacto de gobierno PP-PSOE en el Ayuntamiento de Los Llanos.
La Plataforma indica que están respetando los plazos de tiempo prudenciales pasadas las elecciones para que la nueva Corporación estudie y revise los expedientes administrativos con el fin de que encuentren las graves irregularidades que contienen, tanto de forma como de fondo, pero insiste en que se debe proceder a la revisión de los usos industriales del suelo en el polígono industrial I-2 del Callejón de la Gata, ante los organismos competentes, con el fin de eliminar las industrias clasificadas altamente contaminantes que puedan causar daños irreparables a los vecinos de la zona.
"Consideramos que se debe y se puede proceder a la revocación de licencia de apertura para la planta de R.R , y también a la denegación de licencia de instalación para la planta de UNASPA", indican.
Asimismo, señalan desde la Plataforma que es muy necesaria una reordenación del polígono industrial con el fin de que se convierta en un complejo comercial e industrial que genere riqueza y puestos de trabajo, y recuerdan que la instalación y puesta en funcionamiento de dos plantas de asfalto multiplicaría las emisiones contaminantes y causaría daños irreparables en la salud de miles de vecinos y también en sus bienes.
En este sentido, advierten desde la Plataforma que "no estamos dispuestos a consentir lo que consideramos un atropello y un disparate; lucharemos con todas nuestras fuerzas, y ante todas las instancias judiciales, con el fin de conseguir que no entren en funcionamiento las dos plantas de asfalto previstas, porque están en juego la salud y la calidad de vida de miles de vecinos, sus viviendas, sus huertas de cultivo, y la flora y la fauna de una amplia zona que está catalogada como rural y residencial".
La Plataforma no obstante está convencida de que al final se impondrá la sensatez y que "serán los tribunales de justicia quienes nos den la razón porque estamos defendiendo una causa noble y justa".
