El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma actualizará la ordenanza municipal a la nueva legislación para agilizar la retirada de vehículos abandonados de la vía pública. La reciente ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados califica a los vehículos abandonados como residuos domésticos y atribuye
a la
s corporaciones locales las competencias para la recogida, traslado y tratamiento de los mismos.
El primer teniente alcalde y concejal de Tráfico de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera Guelmes, explica que con esta medida de urgencia "el Grupo de Gobierno municipal da un importante paso para solucionar los problemas generados por la próxima desaparición de los aparcamientos ubicados en los terrenos ganados al mar", debido al comienzo de las obras de la playa en los primeros días de octubre.
La nueva ordenanza que impedirá la permanencia indefinida de vehículos en las calles deberá ser debatida en comisión y posteriormente aprobada por el pleno del consistorio en el mes de septiembre. Juan José Cabrera Guelmes asegura que "estamos hablando de un número muy importante de plazas de aparcamiento ocupadas por vehículos abandonados en las calles del municipio. Según los datos de que dispone la Policía Local son más de un centenar. Como ejemplo, sólo en la bolsa de aparcamientos de la calle Abenguareme se han contabilizado cinco vehículos en estado de abandono", señala el concejal.
El ayuntamiento ha comenzado a requerir a los propietarios de estos vehículos para que los retiren, ya que de acuerdo con la nueva ordenanza, de no hacerlo dentro de los plazos establecidos, el ayuntamiento estará capacitado para ordenar su traslado a un centro autorizado de tratamiento. De acuerdo con la ley, la ordenanza también prevé fuertes sanciones económicas por el abandono de vehículos en la vía pública, puesto que se considera un atentado contra la salubridad y el medio ambiente.
La nueva legislación introduce asimismo la novedad de que los propietarios de los vehículos en mal estado tendrán la posibilidad de renunciar a su propiedad a favor del propio ayuntamiento. Además faculta al consistorio para precintar e inmovilizar el vehículo en la vía durante dos meses, antes de su retirada definitiva.
