La Plataforma en contra de las plantas de asfalto advierte al gobierno que perderá toda la credibilidad si autoriza las licencias de apertura e instalación de las plantas de asfalto. Imagen de archivo de una reunión reciente entre las partes.
La Plataforma en contra de las plantas de asfalto advierte en un comunicado al nuevo grupo de gobierno de Los Llanos de Aridane que si toma la decisión de conceder las licencias de apertura e instalación a R.R. y UNASPA, perderán toda credibilidad ante los miles de vecinos que depositaron su confianza en ellos porque, recuerda, "se comprometieron públicamente firmando un manifiesto en contra de la instalación de plantas de asfalto en cualquier lugar del municipio que pudiese afectar a los mismos".
El portavoz vecinal, Vicente Ramos, considera que "los representantes del pueblo elegidos democráticamente tienen que proteger y defender los intereses de los ciudadanos cuando éstos se ven amenazados por una actividad que conlleva pérdida de salud y grave deterioro del medio ambiente", al tiempo que deja claro que "después de dos años de lucha, no cederemos ni un ápice, ni cejaremos en el empeño de hacer valer nuestros poderosos argumentos ante todas las instancias, sin descartar tampoco medidas contundentes que demuestren una vez más que estamos ante un movimiento social de gran calado".
Ramos no obstante agradece a la alcaldesa, Noelia García, y al primer teniente de alcalde, Chema de Vargas, la actual transparencia informativa acerca de la situación actual de las plantas de asfalto y dice entender que tengan dudas sobre la conveniencia o no de conceder licencias de apertura e instalación a las empresas del asfalto, sobre todo, por las presiones internas y externas al ayuntamiento.
En este sentido, señala que una licencia de instalación no conlleva necesariamente la de apertura, teniendo en cuenta, además, afirma, que "en el expediente de la empresa de R.R. hay ocultación y falseamiento de datos", añadiendo que "la concesión de una licencia de instalación y de apertura a una empresa clasificada como peligrosa, nociva, molesta e insalubre, que ocasionará un daño irreparable a miles de vecinos, sí puede constituir un delito de prevaricación".
Ramos considera que la puesta en funcionamiento de dos plantas de asfalto en medio de núcleos de población agrupada, no solamente multiplicaría los efectos negativos para la salud de las personas y para el medio ambiente, sino que daría lugar también a que la zona industrial quedara limitada a la producción de asfalto, áridos y cemento.
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