El Grupo Municipal Socialista de Tazacorte considera que para el desarrollo de las diversas infraestructuras y equipamientos que se van a ejecutar en la zona de servicios de El Puerto de Tazacorte no es suficiente con la actual propuesta de ubicaciones de usos y servicios recogidas dentro del pliego de la concesión.
El PSOE local basa su argumentación en que "el Plan General de Ordenación de Tazacorte, según acuerdo de la COTMAC de 28 de julio de 2004, recoge que, de conformidad con la ley de Puertos de Canarias, el Puerto del municipio tendrá la consideración de Sistema General, lo que implica que se desarrollará mediante un plan especial de ordenación denominado Plan Especial Sistema General de Infraestructura Portuaria (PESGIP)".
Este proyecto debe contener, según señala la edil del PSC-PSOE y secretaria general de esta formación en el municipio, Carmen Acosta, "los objetivos, prioridades y criterios que definen el modelo de equipamientos y servicios del sector portuario, las normas medioambientales, territoriales y urbanísticos así como la ordenación de las distintas instalaciones y obras portuarias".
Sin embargo, "ni el grupo de Gobierno de UB-CC en la Corporación ni la Consejería de Infraestructuras del Ejecutivo canario han presentado el PESGIP, donde se refleje esa ordenación del muelle", afirma Acosta, quien denuncia que "a pesar de ello se están ejecutando obras dentro de la zona de servicios de El Puerto", al tiempo que se queja de las abusivas tasas portuarias.
En este sentido, el Grupo Municipal Socialista plantea al equipo de Gobierno local "cómo se va a dar una concesión para la edificación de una infraestructura, cuya ejecución se encuentra huérfana de un plan que la regule, y por tanto, las obras no pueden contar con licencia, o cómo se pueden explotar servicios en régimen de alquiler si éstos han sido construidos sin una licencia amparada dentro de ese plan específico de ordenación, que en este caso es el PESGIP".
Por todo ello, la también diputada regional advierte tanto al equipo de Gobierno municipal como al Ejecutivo regional que "los asuntos de ordenación y urbanismo deben estar correctamente realizados para evitar problemas futuros a la administración o a la empresa concesionaria".
