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Colonialismo mental del Cabildo palmero

Canarias, 14 de Abril de 2012. Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario. Canarias, ocupada mediante una invasión armada por España, que dio lugar a una guerra injusta e ilegal prolongada desde el año 1402 hasta el 1495, aún es una posesión colonial española, pese a que en el año 1982 España otorgó a Canarias un falso estatuto de autonomía para engañar a la comunidad internacional, que en justicia exigía proceder a la Descolonización e Independencia de Canarias. Mediante ese falso estatuto de autonomía España ha conseguido hasta el momento que Canarias no figurase en las Naciones Unidas como territorio no autónomo y, como demostraremos a continuación, sin ser una autonomía.

Sostenemos que se trata de una falsa autonomía, sin competencias, como lo demuestra el hecho de que el 12 de Marzo de 1986, cuatro años después de la concesión del falso estatuto de autonomía, se celebró un Referéndum mediante el que se le preguntaba a la ciudadanía si quería o no pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que sí pertenece España, opción que fue rechazada en Canarias por el 53 % de los votos , decisión democráticamente tomada y aún pendiente de ejecutar, debido a que España es un estado de escasa, por no decir nula, tradición democrática.

España no sólo se ha negado sistemáticamente a ejecutar los resultados favorables al NO en el Referéndum del 12 de Marzo de 1986, sino que ha procedido a incrementar artificialmente el censo electoral con la permisiva entrada de españoles y otros extranjeros en el territorio canario, que en sólo 25 años (desde el 12 de Marzo de 1986 hasta las elecciones del 20 de Noviembre de 2011) pasó de 1.003.385 a 1.587.295 (referido exclusivamente al censo electoral, no al poblacional que obviamente es mucho mayor), o lo que es lo mismo 583.910 electores más, pues se les ha reconocido el derecho al voto y todo ello en un territorio de apenas 8.000 kilómetros cuadrados, que da lugar a uno si no el más superpoblado del mundo.

La entrada masiva de inmigrantes también ha dado lugar a la emigración masiva de canarios, como se constata del análisis del propio censo electoral, que incluía 7008 electores en el Referéndum de 1986, denominado voto CERA voto CERA que se incrementó hasta 105.164 en las elecciones del 20 de Noviembre de 2011.

Además, para excluir del falso parlamento (falso dado que carece de competencias) a los defensores de esta tesis las fuerzas políticas al servicio de la metrópoli española se han inventado una antidemocrática ley electoral canaria que exige hasta un 30 % de los votos en cada isla para obtener representación parlamentaria, lo que da lugar a que prácticamente los tres mismos partidos de siempre controlen esa falsa institución, como por ejemplo en el Cabildo palmero.

Otra prueba del falso estatuto de autonomía vigente en Canarias la tenemos recientemente en la autorización por el ministerio de industria del gobierno de España de realizar prospecciones petrolíferas entre 5 y 40 millas de las costas canarias a pesar del acuerdo en contra de las falsas instituciones canarias, como los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, los Cabildos Insulares de estas dos islas y el mal denominado parlamento autónomo.

Es digno de mención que las citadas prospecciones petrolíferas se sitúan en el banco de pesca Canario-sahariano, una de las cinco zonas mundiales de afloramiento de nutrientes, de ahí la riqueza del mismo. España está intentando recurrir al método que mejor conoce, la picaresca, para saquear el supuesto petróleo existente entre Canarias y la costa continental africana, atribuyéndose unas competencias que no le corresponden, pues la jurisdicción internacional reconoce competencias a España, en tanto que potencia administradora de la colonia Canaria, en doce (12) millas alrededor de cada isla. Esas son las aguas jurisdiccionales españolas en Canarias. A partir de las 12 millas las aguas son zona económica exclusiva de otros países o son internacionales, acorde con la parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay de 1982), dedicada a la definición y regulación de los espacios marítimos y aéreos en los llamados Estados archipelágicos (en alusión a la zona marítima pelágica, una de las tres denominadas zonas litoral, pelágica y abisal) (Art. 46 al 54) . A tal efecto se entiende por Estado Archipelágico "al constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas" (Art. 46, a). Y por archipiélago "un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal" (Art. 46, b). Sin embargo Canarias aún no es un Estado Archipelágico, sino un archipiélago del estado español o sea, una colonia y sus habitantes un pueblo indolente, avúlico, transculturizados desde el miedo prolongado debido a la represión de las fuerzas de ocupación españolas, como el ejército español de ocupación, una parte del cual ocupa el cuartel de Breña Baja, que atemiroza a la población mediante las prácticas continuas de tiro entre la ciudad y la playa de los Cancajos, entopeciendo el desarrollo turístico de la misma.

El miedo produce ignorancia, porque no deja a la persona actuar libremente. La incultura añadida al miedo da lugar a la inmovilidad. Los efectos del colonialismo no son específicos de Canarias, sino que son universales y afectan a todas las poblaciones colonizadas. Su estudio ha dado lugar al nacimiento de una rama de la Psiquiatría, que es la Psiquiatría Política de la Conducta y se divide en dos:

1. Psiquiatría política del colonizador: prepotencia, etc.
2. Psiquiatría política del colonizado: pasividad política producida por el miedo y la ignorancia, estado de enajenación mental, etc., constituyendo una patología que el Psiquiatra Frank Fannon diagnosticó como “El síndrome del colonizado”.

Lo sorprendente es que el pleno del Cabildo Insular de La Palma, cuya presidencia ostenta, nunca mejor dicho, un grupo que se autodenomina nacionalista (pseudonacionalista más propiamente) se arrogue la pretendida capacidad para, de forma antidemocrática, negar los resultados en contra de la OTAN, de la que forma parte España, en el Referéndum del 12 de Marzo de 1986 y en nombre de ese falso nacionalismo pedir el ejército español de ocupación que continúe en el territorio que sólo al pueblo awara pertenece.