El pacto de gobierno de Los Llanos se tambalea por las plantas de asfalto

La división entre los socios de gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, integrado por populares y socialistas, a cuenta de las polémicas plantas de asfalto se escenificó ayer más que nunca en un pleno municipal con público en el que, con los votos en contra del PP, la abstención de CC y el único apoyo del PSOE, se rechazó una moción de los socialistas en la que pedían que no se proceda a la concesión de las licencias de apertura de las plantas de asfalto del Callejón de la Gata y la revocación de las licencias de instalación.

El portavoz socialista, Chema de Vargas, incluso fue más allá y le propuso a CC que si apoyaban la moción, estaban dispuestos a sentarse a negociar con ellos, algo que en principio no parece que vaya a ocurrir porque el portavoz de los nacionalistas, Juan Ramón Rodríguez Marín, le contestó que "no todo vale en política y que las ansias de poder no llegan hasta ahí".

Además, los socialistas tenían previsto convocar ayer tarde la mesa de revisión del pacto porque entienden que se están dando pasos en este asunto con los que no están de acuerdo. "Las diferencias las conocíamos desde el principio pero los últimos acontecimientos han determinado que se ha ido a más de las discrepancias iniciales", indicó el portavoz socialista, que añadió que "el hecho de que se ponga en marcha el miércoles la planta de Ruiz Romero (una de las dos previstas) para hacer unas pruebas no cuenta con el respaldo ni es aceptado por el PSOE", como, advirtió, "tampoco lo es el hecho de que se haya remitido al Cabildo la segunda planta de asfalto que nosotros pensamos que moriría en el ayuntamiento". ¿Esto va a significar que se rompa el pacto?, se preguntó Chema de Vargas, quien acto seguido contestó que no lo sabe porque no depende de él y que si el PSOE sale del gobierno, CC tendría la posibilidad de volver a gobernar aunque señaló que "no es la solución porque en este asunto CC es más de lo mismo".

En el debate plenario, el portavoz socialista mostró su impotencia por la forma en la que se va desarrollando este tema que afecta tanto al municipio y reiteró que están en contra de las plantas de asfalto por el modelo de ciudad y de territorio que defienden, por la oposición de la Plataforma, "que es el mayor ejemplo de participación ciudadana que ha habido, al que no podemos seguir dando la espalda", al tiempo que recordó De Vargas que hay dos recursos administrativos en marcha y que se debería esperar a que los tribunales se pronuncien porque si no la indemnización será mucho mayor.

De Vargas dijo que el ayuntamiento está haciendo una "huida adelante" y que las pruebas en la planta de asfalto que se van a hacer son un paso en la mala dirección, y que a lo mejor este es un tema en el que hay que someterse a un proceso penal. Según manifestó, "nos hemos metido en un avispero y lo que estamos diciendo es que vengan otros a resolver el problema que no es de ningún partido sino de los vecinos y del municipio".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Antonio Rocha Quintero, manifestó que la responsabilidad del gobierno está en tomar decisiones para despejar incógnitas y dar información y que el PP ha cumplido con su compromiso de revisar el expediente administrativo completo y que ahora se van a hacer pruebas en la planta para comprobar que lo que está en el polígono industrial coincide con el proyecto. "Estamos trabajando para que la salud de los vecinos esté garantizada", dijo y aseguró que si los resultados de las mediciones no son los adecuados se pararán las plantas. "El PP se ha preocupado por la salud de los vecinos y por ello estamos haciendo pruebas e informes", reiteró el concejal.

El portavoz de CC, Juan Ramón Rodríguez Marín, dijo que su partido siempre se ha posicionado en los informes técnicos a la hora de otorgar una licencia y que esta situación que se está viviendo con las plantas de asfalto es la consecuencia de "las ansias de poder" que determinados políticos han demostrado abiertamente y "por eso se corre el riesgo de caer en contradicciones como está ocurriendo ahora".

En este sentido, le recriminó al PSOE que está manteniendo un gobierno que va a dar una licencia de apertura contra la que está en contra, por lo que, advirtió, "son ustedes cómplices de esta situación" y les animó a salir del grupo de gobierno. Anunció la abstención de su grupo en la votación de la moción porque "nos surgen dudas jurídicas" y se dirigió a los miembros presentes en el pleno de la Plataforma vecinal para decirles que respeta su planteamiento pero que "el que tiene que gobernar tiene que ceñirse a una normativa", apostillando que "a ustedes les han tomado el pelo y ahora no saben salir de ese engaño".

La alcaldesa, Noelia García, por su parte, dejó claro que su compromiso es facilitar toda la información sobre este asunto a los vecinos, con la mayor transparencia, pero advirtió que no va a ceder a las presiones ni de la Plataforma ni de los empresarios, que las ha tenido de las dos partes, y que no le temblará el pulso en tomar la decisión que tenga que tomar.

La alcaldesa dijo que las personas pasan pero las instituciones permanecen y que "por eso tenemos que ser responsables con la institución y tomar decisiones ajustadas a derecho".

Noelia García justificó en este sentido las pruebas que se van a llevar a cabo en la planta de Ruiz Romero para comprobar que cumple con la normativa y señaló que siguen trabajando para que los procedimientos tengan las máximas garantías, al tiempo que reiteró que "no nos temblará la mano pese a las amenazas que hay de llevarnos a la Fiscalía por dar la licencia de apertura ya que actuaremos conforme a la legislación".

Sobre la segunda planta prevista en la zona, de Unaspa, dijo que los informes serán remitidos al Cabildo para que dé el permiso correspondiente.

Por último, recordó la alcaldesa que no fueron ellos lo que eligieron la actual ubicación del polígono industrial, sino que es una situación heredada, y que "tenemos que ser ecuánimes en la toma de decisiones que deben estar ajustadas a la ley".

Consulta popular

La división del grupo de gobierno también se puso de manifiesto en el pleno con la aprobación de una moción de CC en la que propone hacer una consulta popular sobre la externalización del servicio público de agua potable, pese que es una medida que está incluida en el Plan de ajuste que aprobó por unanimidad el pleno. La moción salió adelante por la abstención de los  socialistas, ya que CC votó a favor (9 concejales) y el PP en contra (7).  El PSOE se abstuvo alegando que no se podía negar a informar a los vecinos de esta medida que pretende llevar a cabo el ayuntamiento.

El portavoz de los nacionalistas, Juan Ramón Rodríguez Marín dijo que era necesario promover una consulta popular para que los vecinos decidan acerca de este aspecto de vital importancia para el municipio antes de hacer una concesión por 25 años.

El portavoz del PSOE, Chema de Vargas, pese a la abstención de su grupo, echó en cara a los nacionalistas que cobraran el agua a los ciudadanos cuando gobernaban y que no le pagaran al Consejo Insular de Aguas, que es quien suministra el cien por cien de líquido al municipio procedente del Túnel de Trasvase, y que "si se hubiera hecho no estaríamos en esta situación". También descartó, frente a las insinuaciones de CC, que con la privatización se vayan a perder puestos de trabajo.

Por su parte, el concejal popular Mariano Hernández Zapata le recordó a Marín que siendo alcalde planteó en varias ocasiones la privatización del agua y recordó que es un servicio que arroja un déficit anual de 510.000 euros, lo que justifica su privatización. Marín le contestó que no llegó a hacer la privatización porque el gobierno tenía dudas pero que ahora se están dando pasos muy calladamente.

La alcaldesa, Noelia García, garantizó que la información a los ciudadanos se les dará pero le dijo al portavoz nacionalista que "no deja de sorprendernos porque el ayuntamiento en pleno le dijo al Ministerio que la externalización del servicio del agua está contemplada en el Plan de ajuste y ahora sale con que hay que hacer una consulta popular y si los ciudadanos dicen que no, qué hacemos".

García dijo que con el Plan de ajuste lo que se ha hecho es poner orden a un caos económico que había en el ayuntamiento, en el que no se pagaba lo que se podía sino a quien se quería. La alcaldesa le pidió a Marín que no hiciera demagogia con la participación y le preguntó qué hizo con los 3,5 millones que le cobró a los vecinos y no pagó al Consejo Insular de Aguas, al tiempo que indicó que están buscando fórmulas para saldar esa deuda.

Tampoco el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en cobrar el IBI a la Iglesia, una moción que presentaron los socialistas y que el PP rechazó. En este punto, CC se abstuvo por lo que la iniciativa no prosperó.