Marín insinúa que la alcaldesa podría haber prevaricado por no recurrir la sentencia

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane celebró este viernes un pleno extraordinario y urgente solicitado por la oposición, CC, en el que se volvió a tratar la sentencia que anula la planta de asfalto aunque no se tomó ningún acuerdo porque la decisión de no recurrirla ya la hizo pública la alcaldesa en una sesión plenaria reciente. En realidad la sesión plenaria, cuyo orden del día era dar cuenta otra vez de la sentencia y de un informe jurídico sobre la misma, sirvió para que el portavoz nacionalista, Juan Ramón Rodríguez Marín, rompiera su silencio plenario y cuestionara la decisión de la alcaldesa por entender que "carece de los informes preceptivos que establece la ley y que no se ajusta a derecho".

"Sospechamos que hay alguna ocultación de información que nos impide tener la certeza de que las decisiones que están tomando se ajustan a derecho", dijo, y añadió que "no tenemos conocimiento del informe jurídico que avala esa decisión y las consecuencias que pueda tener para el patrimonio municipal y para los concejales".

Marín insistió en que CC no conocía los motivos jurídicos que han llevado al PP y a la alcaldesa a un cambio tan radical de postura sobre este asunto y recalcó que solo tenían conocimiento de un cuestionario "extraoficial" que no tiene validez para tomar una decisión de tal calibre.

El edil nacionalista manifestó además durante su intervención que no estaba ni a favor ni en contra de ninguna instalación en el Callejón de la Gata y que pedía únicamente que se actúe conforme a la legalidad porque "no hay informes jurídicos que permitan esa decisión, a lo mejor los tiene la alcaldesa porque no creo que tome una decisión temeraria que ocasione responsabilidades patrimoniales al ayuntamiento".

Tras la intervención del portavoz de la oposición, y a petición de la alcaldesa, intervino la secretaria del ayuntamiento que le aclaró a Marín que el letrado que llevaba la causa del ayuntamiento emitió un informe, no un cuestionario, pero que ni era preceptivo ni vinculante. "Los informes jurídicos no son vinculantes sino que sirven para ilustrar a la persona que tiene que tomar una decisión y que en este caso es la Alcaldía y no el pleno".

Aseguró la secretaria municipal que no conocía otros informes salvo el del letrado y el emitido por los servicios jurídicos, insistiendo en que ninguno es vinculante ni avalan la decisión de ningún órgano. "Hay una sentencia que no es firme, dictada por un juzgado, que anula un decreto municipal y se puede recurrir o no". Además advirtió que los acuerdos se pueden revocar cuando existen nuevos criterios de apreciación y "en este caso esos cambios de criterio se fundamentan en el nuevo Plan General que dice que esos usos no se admiten".

Preguntada por la alcaldesa, negó la secretaria del ayuntamiento que haya habido prevaricación en este asunto. "Yo creo que en este caso lo actuado se ha ajustado a la legalidad", manifestó.

La alcaldesa, Noelia García, en su turno de palabra le espetó a Marín que le había decepcionado más allá de lo político porque "todos los portavoces tenían en el anterior pleno el informe de letrado y CC no se pronunció cuando el debate político es pronunciarse aquí, en el pleno, pero usted no lo hizo y habló en los medios al día siguiente contando mentiras. Esa es su forma de hacer política, ponerse de perfil y esconder la cabeza".

La alcaldesa recalcó que la decisión de no recurrir no se ha tomado de forma arbitraria porque le recordó que hay "una sentencia de un juez que dice que anula un acto administrativo suyo de 2009 concediendo la licencia de instalación de una planta de asfalto y usted dice que su labor es fiscalizar. Claro que sí, y por eso se llevó a pleno y desde que recibí el informe se lo hice llegar. Nadie lo esconde y si no se leyó en el pleno pasado es porque no quería que me acusaran de traer a pleno algo que no estaba en el orden del día".

García Leal recordó que el expediente de licencia de instalación de esta industria se inició hace años y que el grupo de gobierno actual ha tenido que resolver una situación heredada del pasado. "Yo respete la decisión de la anterior corporación y no revoqué la licencia y también este grupo de gobierno realizó las comprobaciones, que usted no hizo, para saber si afectaba a la salud de los vecinos".

"Que la sentencia es recurrible, sí, -reconoció al alcaldesa- pero también es verdad que el planeamiento que usted aprobó dice que no se permite el uso de esas instalaciones. Hemos tomado la decisión ajustada a la legalidad porque el planeamiento actual no lo permite, porque hay una sentencia que la anula y que da respuesta a un clamor popular y porque la política también tiene ese margen de oportunidad de tomar otras decisiones ajustadas a derecho", manifestó. La alcaldesa dijo que en estas circunstancias el PP y el PSOE consideran que no hay que recurrirla y añadió que "aunque se empeña en desprestigiar a esta alcaldesa nunca tomaré una decisión a sabiendas de que es injusta" y "defenderé hasta el último aliento los intereses de este municipio".

García Leal le advirtió al portavoz de la oposición que no le iba a permitir que pusiera en tela de juicio al personal técnico de la corporación porque "usted y yo pasamos pero la Institución permanece y los trabajadores se deben a la Institución y a su municipio". Y concluyó diciendo que seguirá defendiendo a los vecinos aunque "usted -le dijo a Marín- va a seguir desacreditándome y poniendo en duda mi actuación".