Los ecologistas se quejan del Cabildo al Diputado del Común por no dar respuesta a los escritos que presentan

La Centinela BenMagec-Ecologistas en Acción de La Palma ha presentado recientemente una queja ante el Diputado del Común de Canarias, por la reiterada falta de respuesta del Cabildo Insular de La Palma a los numerosos escritos presentados ante esta administración insular, solicitando información sobre actuaciones que afectan al medio ambiente, singularmente a espacios naturales.

Los mencionados escritos fueron presentados durante el segundo semestre de 2015 por lo que se ha superado ampliamente el plazo de un mes establecido en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información ambiental, sin haber recibido respuesta, notificación de ampliación de plazo o de negativa.

Estas solicitudes, según informa el colectivo, hacían referencia a temas como la extracción de áridos o el proyecto del artista Ibarrola que afectan ambos a cauces naturales, sobre vertidos, o sobre la modificación de la Ley 6/2002 de turismo, entre otras materias. Este incumplimiento de la normativa por parte del Cabildo, afirman los ecologistas, se agrava aún más ya que “algunos de estos escritos han sido presentados en registro hasta tres veces, incluyendo los dirigidos a la propia consejera delegada del Área de Participación Ciudadana, obteniendo el silencio por respuesta”.

Resulta “grotesco y un insulto” a la ciudadanía de La Palma, indican los ecologistas, que el Cabildo insular organice unas jornadas formativas de participación ciudadana cuando la realidad es que “a fecha de hoy a muchas personas y colectivos se le niega la información solicitada formalmente. Tampoco se les remite a las que están inscritas en el listado de personas interesadas previsto en el Reglamento de Participación Ciudadana que el pleno insular aprobó hace varios años sin apenas ponerlo en práctica”.

Para el colectivo ecologista, el Cabildo no se caracteriza precisamente por las buenas prácticas en el cumplimiento de las leyes de acceso a la información por parte de la ciudadanía, en el fomento de la participación ciudadana y en la transparencia de la gestión de los asuntos públicos que afectan a todas las personas y al territorio donde viven.

Por este motivo, aseguran los ecologistas, a muchas personas y colectivos no les queda otro remedio que acudir a otras vías para intentar solucionar lo que la primera Institución insular tiene la obligación legal de atender y, en varios casos, acudiendo a tribunales de justicia con los consiguientes gastos y perjuicios que acarrea para ellas y para el propio Cabildo.

Un claro ejemplo de lo anteriormente expuesto, indican, ha sido el proceso de redacción, aprobación y finalmente anulación en los tribunales del Plan Territorial Especial de Turismo de La Palma, un plan cuyas “irregularidades fueron advertidas por la ciudadanía en más de mil alegaciones presentadas, y que fueron ignoradas por los responsables del Cabildo. Fue el Tribunal Supremo, y no el Cabildo, quien hubo de salvaguardar el interés general contemplado en la Ley”, afirman los ecologistas.

Desde La Centinela BenMagec-Ecologistas en Acción solicitan al Cabildo palmero que cumpla de una vez con las obligaciones que la ley le marca para con la ciudadanía en materia de acceso a la información pública, que fomente y ponga en práctica el Reglamento de Participación ciudadana aprobado desde el año 2013 y que atienda conforme a las leyes en plazo y forma los escritos presentados y se dé cumplida respuesta a los mismos.