El sindicato de policía pide al alcalde que ponga más interés en averiguar lo que ha pasado con las multas "caducadas"

El sindicato independiente de policía de Canarias SIPC sale al paso de las declaraciones realizadas por el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, donde informa que las 170 multas “supuestamente extraviadas” se deben a un fallo de gestión administrativa en la cadena de custodia ya que pasan por muchas manos, y que “él no ha quitado ninguna multa”, cosa que el sindicato espera que sea así.

El propio sindicato recuerda que fue quien impulsó la investigación de este asunto mediante varios escritos dirigidos a la corporación, todo ello debido a la falta de interés en la averiguación de lo sucedido tras 9 meses de la denuncia inicial. Igualmente considera “inexplicable que el propio alcalde haya abandonado la presidencia y dirección de la comisión de investigación, cuando es él quien debe tomar las riendas para llegar al fondo del asunto, si realmente no ha quitado multas, ya que con esta actuación parece más una abstención por tener un interés directo en el asunto, cuando es la máxima autoridad responsable de esta administración”.

También es llamativo, indica, que haya abonadado dicha comisión el propio técnico municipal designado directamente por el alcalde mediante un decreto de fecha 16 de abril de 2016, donde se le asignó la investigación de los hechos de la anulación de multas. “Son pasados 7 meses cuando el técnico presenta escrito renunciando a seguir con la investigación reservada que se lleva de manera paralela, y que ya tenía algo avanzada, todo ello después de haberse recusado dicho técnico en primera instancia”, indica el sindicato que pone el acento en que la renuncia se produce 3 días después de haberse solicitado encarecidamente mediante escrito que se enviara todo a los órganos judiciales ante la pasividad de la administración.

El SIPC deja claro que propuso hace dos años la implantación de los sistemas de gestión electrónicos de multas con PDA, poniendo como ejemplo otros municipios como Los Realejos, y se hizo llegar en su día a la corporación, “peticiones” que han sido siempre “desoídas” por el regidor municipal, y que “ahora casualmente implanta como una idea suya, pudiendo estar enfocando lo ocurrido a un simple fallo de gestión interna, cuando lo que ocurre es que caducan una vez tramitadas las denuncias quedando registradas con la anotación (enviada a la alcaldía no devuelta/caducada) o (prescrita/en poder del instructor)”. El sindicato informa además que los agentes de la policía dejaron de recibir la información mensual de las multas interpuestas por ellos, que les permitía un mayor control y seguimiento de las mismas, todo ello desde que se produjo el cambio de la Alcaldía anterior a la actual.

Por este motivo, el sindicato ha solicitado al funcionario encargado de los equipos informáticos municipales, que guarde escrupulosamente toda la información recogida en los mismos para la gestión de las multas de tráfico, protegiéndola de ser modificada, “habiendo información veraz de que no solo son 170 denuncias caducadas, sino que hay incluso muchas más prescritas”.

Por último, denuncia que se intenta confundir a la ciudadanía con mentiras negando unos hechos que se remontan al 12 de septiembre de 2013, donde un agente recibió presiones en el despacho de la Alcaldía para que retirara dos sanciones de dos empleados municipales, negándose el agente a su retirada de las dos denuncias de tráfico, ya que de no hacerlo iba a tener graves consecuencias personales “según informe detallado”. Los hechos iniciales fueron denunciados por el agente ante los órganos judiciales correspondientes por una falta de respeto a la hora de la imposición de la multa, aclarando que “no fue condenado en costas, y a mayor inri no pueden mentir porque acuden bajo juramento ante el juez, y de haber mentido hubiera conllevado una imputación por falso testimonio (cosa que nunca ocurrió)”. Una de esas denuncias por las que recibió presiones el agente se dejó caducar, asegura el sindicato.

Desde la central sindical animan al alcalde a que tenga más interés en averiguar qué ha pasado con los más de 170 expedientes “caducados” (entre otros prescritos), e identifique a los funcionarios que intervienen en el procedimiento y custodian los decretos, remitiendo la documentación a la Fiscalía Provincial de Tenerife debido a que “se presumen de muy graves”, ya que “no se puede permitir que se juegue con el trabajo de los funcionarios, y creando un agravio entre los ciudadanos que pagan religiosamente sus multas entre los que disfrutan del beneficio de los supuestos fallos de la gestión”. Añade además que “retirar una denuncia por una situación personal de alguien en concreto mediante un informe de asuntos sociales, pudiera constituir un delito tipificado en el vigente código penal”.