El olvidado concurso de farmacias

En Canarias ha transcurrido la friolera de doce años desde la última convocatoria del concurso de libre adjudicación de oficinas de farmacia. Desde entonces ningún licenciado en farmacia ha tenido la oportunidad de que se valoren sus méritos para poder ejercer su profesión y prestar un servicio a los ciudadanos.

Actualmente tenemos en Canarias el tercer ratio farmacia/habitante más elevado de España, según las estadísticas del propio Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 3.012 habitantes por farmacia. Con la apertura de las 119 oficinas recogidas en el último mapa aprobado por el Gobierno Canario y que a sabiendas la Consejera ya ha dejado caducar, pasaríamos a tener una ratio general de 2.577 habitantes por farmacia, bastante superior a los 2.200 que tiene la media nacional. Y todo esto sin referirlo a la zona farmacéutica ni considerar las camas hoteleras, que daría derecho a un número muy superior de oficinas.

Ante este flagrante incumplimiento de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido, por activa y por pasiva, a la Consejera de Sanidad que se apliquen las ratios de oficina de farmacia que el propio Gobierno de Canarias tiene establecido.

Muchos municipios canarios cuya población ha aumentado se están viendo seriamente perjudicados porque se les está privando a los ciudadanos que viven en estos municipios de su legítimo derecho a tener unas farmacias que por ley le pertenecen. Yo me pregunto: ¿no tenemos todos el mismo derecho a la accesibilidad a los medicamentos independientemente del municipio donde vivamos?

Por otro lado están los farmacéuticos sin farmacia, que deben tener la oportunidad de acceder a un concurso libre que no se realiza en nuestra Comunidad Autónoma desde el 2001. Canarias sufre la terrible lacra del desempleo y abriendo nuevas farmacias aumentaríamos el número de empresas que pagan impuestos, aumentaría el número de empleados y con ello las cotizaciones a la Seguridad Social, aumentaría la base de cotizantes, disminuirían las prestaciones por desempleo, aumentaría la actividad de empresas relacionadas con la actividad de farmacia (actividades de logística, de mobiliario, de transporte, de limpieza, contabilidad, informática, que también pagan impuestos) y aumentaría la compraventa y alquiler de locales. Sabiendo todo esto, el Gobierno de Canarias y los partidos que le sustentan no quiere apoyar que aquellos farmacéuticos que quieran emprender y generar empleo lo hagan. ¿Por qué les negamos ese legítimo derecho? ¿Qué pretende este Gobierno?¿Dejar emprender y crear empleo para muchos cumpliendo la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias, o incumplirla para beneficiar a unos pocos?¿Es más justo repartir los beneficios entre muchos o seguir manteniendo los privilegios de unos pocos aun sabiendo que estamos incumpliendo una Ley básica del Estado?

Cuando gobernamos tenemos la opción de mejorar las leyes, podemos cambiarlas, pero lo que no debemos hacer nunca es intentar buscar artificios para saltárnoslas. Desde noviembre del 2011 estamos debatiendo este tema en el Parlamento canario, y solo ha habido desidia y dejadez. Estamos en septiembre del 2013, y la única realidad es que tenemos un mapa farmacéutico caducado y una incumplida promesa de convocatoria del concurso iniciado en 2007. Los que representamos a los ciudadanos debemos exigir a la consejera que cumpla la Ley por dos motivos: primero porque la Ley está para cumplirla y todo lo que sea inventar excusas para no hacerlo podría ser prevaricar y el segundo, y no menos importante, es porque los ciudadanos nos han elegido para que defendamos sus legítimos intereses. Y en este tema la consejería ha demostrado desidia o, lo que es peor, ha dado la impresión de proteger los intereses de unos pocos, incluso bordeando el límite de la legalidad. Todos los que ocupamos hoy un escaño en el Parlamento de Canarias sabemos que no hay ningún motivo sanitario, ni ningún impedimento legal que justifique la no convocatoria del concurso libre de farmacias. En cambio tenemos un claro ejemplo en nuestra Comunidad Autónoma del concurso del 2001 que fue anulado, porque el baremo se aprobó́ por el consejero, y no en Consejo de Gobierno. Si finalmente la consejera convoca un concurso con menor número de vacantes por criterio economicistas, de dudosa credibilidad por cierto, aunque incluidos en la Ley de Presupuestos probablemente sea anulado porque vulnera una Ley básica del Estado.

Los ciudadanos que tienen que recorrer más distancia de la necesaria para comprar sus medicamentos están en grave situación de desventaja y a los farmacéuticos se les está no sólo negando la oportunidad de generar empleo sino impidiendo ejercer un legítimo derecho reconocido por la ley.

Creo que ALGUNOS deberían hacérselo mirar.