Después de haber leído varias noticias sobre el caso de la ciudadana Samara, residente en Los Llanos de Aridane, y bajo un punto de vista criminológico, ámbito en el que trabajo, he de decir que los medios han echado por tierra su labor de investigación e información. No solo ha sido la prensa la culpable de la vulneración de los derechos de esta señora, sino que también ha contribuido la escasa respuesta política por parte del equipo de Gobierno, que, además, se ha limitado a proporcionar ciertos datos (¿a cambio de qué?) a la prensa, con cierta tendencia “vengativa”.
Para empezar, el hecho de publicar nombre, apellidos e imágenes de Redes Sociales, seguido de ciertas críticas, y de involucrar a familiares, deja mucho que desear del periodismo de nuestra isla. Todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién, y lo importante en este caso es no vulnerar la imagen de una persona que, probablemente, tenga problemas más importantes a sus espaldas.
Teniendo en cuenta las variables del caso, y que en la vivienda hay menores de edad que, por cierto, su historia ya está contada: nació cuando ya su madre estaba en una vivienda ocupada, por lo que, desgraciadamente, marcará un antes y un después en su desarrollo. A ello añaden que ha sido víctima de violencia de género, y critican que conviva con su agresor, llegando a cuestionar la veracidad de sus denuncias. ¿Tienen idea de lo que es ser víctima de violencia de género? ¿Conocen el proceso por el que pasa una mujer cuando es víctima de esta lacra social? ¿Saben de algo llamado Ciclo de la Violencia de Leonore Walker? Independientemente de si son denuncias falsas o no, no es trabajo de la prensa, sino de la Administración, trabajar en este caso, pues propagar estas dudas no hace más que incrementar el argumento machista de que la mayoría de denuncias son falsas. Aunque no sé qué es peor, si cuestionar la realidad de sus denuncias, o incluir dentro de los artículos al pueblo gitano, denostando cierto tono racista en varias afirmaciones que dejan caer que toda esta cultura no respeta las normas. Mi más sincero pésame al periodismo de investigación objetivo que trata de no cometer estas injusticias y que no promueve el odio en un pequeño pueblo como es Los Llanos.
La cuestión general radica en la fuente de todas las informaciones que ha conseguido la prensa, y el trato que le han dado a este caso aislado con sencilla solución por parte de la mediación. Una Administración vs. Samara y su familia, es lo que ha implicado el maltrato de la prensa, y la creación de una opinión pública negativa hacia su persona, y, por ende, a su familia. Los lectores son fácilmente manipulables, y la creación de juicios paralelos, en este caso, es inevitable. Me pregunto si esta señora podrá pasear por la ciudad sin ser identificada e increpada.
Esta opinión no está basada en defender o acusar, sino en hacer pensar y recapacitar, pues las informaciones publicadas, sobre todo el importe de las ayudas y los motivos de estas, jamás deberían haberse publicado de forma masiva. En primer lugar, porque estos datos pertenecen tanto a la ciudadana Samara, como a la Administración, y si son de sumo interés, se debe acudir al Boletín Oficial Canario, y hacer las denuncias pertinentes si se cree que son ayudas injustas, no publicarse en la prensa. Y, en segundo lugar, porque declarar ante la prensa que es víctima de violencia de género, provoca una victimización secundaria en la que se le cuestiona que realmente lo sea, y que, a estas alturas, creo conveniente decir que, en otros casos, ha traído severas consecuencias para las víctimas.
También me pregunto una última cosa: ¿pesa más la libertad de información que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen? Independientemente de sus actividades en internet, o de la vida que lleve, lo primero que debe tenerse en cuenta es que hay menores de por medio, y una persona que está en estado de exclusión.
Entrevistando a la ciudadana Samara, y existiendo incoherencias con lo que declaran los medios, la única conclusión que saco de toda la situación es que una hormiga no puede luchar contra un elefante. Alguien que se encuentra en situación de total desamparo, y que se le está acosando por redes sociales y por los medios de comunicación, tiene total derecho a denunciar este tipo de injusticias.
Para acabar, señora alcaldesa, el interés general no es propagar a la prensa duras críticas hacia la persona en cuestión, este interés, sobre todo teniendo en cuenta que es una ciudadana del pueblo del que usted es alcaldesa, se debe proteger de otras formas bastante sencillas: siéntese, recapacite, busque mediación y expertos en este ámbito, y deje la ira atrás. Hay mil formas de arreglar este entuerto, y usted sabe las vías, así que haga lo posible por llegar a una solución que no deje en desamparo a unos menores de edad.
Cristina Fernández González, graduada en Criminología.
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