El alcalde capitalino defiende que la derogación de la ordenanza del ruido no produce "ningún vacío legal"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó en sesión plenaria extraordinaria celebrada este miércoles la derogación de la Ordenanza Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones, con los votos a favor del Grupo de Gobierno (PP-CC) y Ciudadanos y la abstención del PSOE y Nueva Canarias.

El alcalde, Juan José Cabrera, ha defendido la medida, pese a que el ayuntamiento no cuenta con una ordenanza nueva que la sustituya, porque “los informes que tenemos de los técnicos nos dicen que no se produce ningún vacío legal”. “Ahora mismo hay normativa estatal y normativa autonómica y además tenemos un ordenanza que aprobamos en 2014 de protección de la convivencia ciudadana, que regula también el tema de los ruidos, de modo que queda cubierto todo lo que hay”

El regidor local reconoció que “hay otros aspectos que no se regulan pero que tampoco se hacía en la ordenanza anterior, como una zonificación de las zonas de ruido, que se tendría que regular a través de una ordenanza o del Plan General; eso lo establece la normativa europea pero no se estaba cumpliendo. Es decir que al derogar la ordenanza no nos estamos cargando nada de esta normativa porque no existe”.

De modo que, insistió Juanjo Cabrera, “derogar la ordenanza no implica para nada que haya vacío legal, ni mucho menos, lo que estamos haciendo es irnos a la normativa específica que hay en otra administración superior y con eso se regula perfectamente. Eso es lo que consta en los informes técnicos que solicitamos”.  La normativa, añadió, es bastante precisa, “te remite siempre a la ordenanza por si hay algo más restrictivo que es lo que estaba pasando en este caso, al no haber ordenanza te vas a la ley”.

En este contexto indicó que no es una prioridad elaborar una nueva ordenanza porque “los técnicos aseguran que podemos funcionar sin ella, lo que hay que cumplir son las directivas europeas”.

Quejas por ruidos

Preguntado por si hay muchas quejas por ruido en la capital, el alcalde indicó que con la terraza de verano que es lo que más quejas genera, “este año no ha habido ni una sola llamada quejándose del ruido, se ha controlado bien, ha habido responsabiliad por la gente que la estaba explotando”. Puntualmente, por eventos desarrollados en bares y demás, sí dijo que ha habido pero “eso es lo que vamos a regular ahora, obligando a los que hagan eventos a tener limitadores de sonidos”, así que “vamos a facilitar la normativa, pero por otro lado la vamos a complicar. Vamos a obligar a ser más responsables en este tipo de actividades, a hacer un sistema rotatorio para no quemar a los vecinos en la misma zona; que haya memorias de seguridad cuando lo determine la normativa, que no se estaban haciendo”.

“Lo que pretendemos -aseguró- es regularlo todo bien, todo lo contrario a lo que se pueda pensar cuando se habla de derogar una normativa, queremos simplificarlo y que haya seguridad jurídica para todos: para los técnicos que hacen los informes, para los políticos que los aplicamos y para los vecinos y los que organizan eventos”, dijo.

Dejación de funciones, según el PSOE

El portavoz del PSOE, Elías Castro, ha explicado a este periódico que se abstuvieron en este asunto porque “consideramos caduca la normativa del año 92, pero no podíamos votar a favor de su derogación si no nos traen el documento u ordenanza que lo va a sustituir”.

“Nosotros entendemos que a los ayuntamientos les corresponde aprobar y adaptar la ordenanzas pero no derogarlas”, señaló por lo que indicó que “el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está haciendo dejación de sus funciones de aprobar o, en su caso, adaptar una ordenanza del ruido que incide en la convivencia ciudadana”.

La directiva europea 49/2002 establece que los ayuntamientos tienen que hacer mapas de ruido en la ciudad, y en la planificación territorial y en el planeamiento urbanístico tiene que haber una determinación de las zonas en las que se puede hacer un tipo de ruido y otras en las que no, no vale lo mismo para toda la ciudad.

Además dijo que hay que poner a disposición de los ciudadanos información sobre el ruido ambiental y sus efectos, y “tampoco el grupo de Gobierno presentó nada al respecto”. Por tanto, “derogar por derogar nos parece a nosotros que es abdicar del ejercicio de una competencia que el ayuntamiento tiene y que debe ejecutar”.

Remanente para la deuda

Por otro lado, también se aprobó en la sesión plenaria, con el voto a favor del Grupo de Gobierno y de Ciudadanos y en contra del PSOE y NC, la modificación presupuestaria para destinar el remanente del ejercicio 2018 al pago de la deuda cuando cabía la posibilidad de destinar 2.100.000 euros algo pago de la deuda y 985.000 euros a inversiones finacieramente sostenibles. Castro ha criticado esta decisión porque entiende que destinar todo el dinero de dicho remanente al pago de la deuda “va en contra de los intereses de la ciudad”.

Según indicó en el informe previo del interventor se daban dos alternativas, dedicar todo el remanente a cancelar la deuda del ayuntamiento, que, según Castro, “tiene un interés muy bajo, y con el plan de amortización del año 2019 previsto habría quedado en menos de dos millones de euros al comienzo de 2020”. Y la otra alternativa, de acuerdo con la ley, era destinar una parte a amortizar deuda y otra parte, 985.000 euros a financiar inversiones financieramente sostenibles.

“Nosotros -subrayó- nos hemos opuesto porque planteamos que se adoptara la segunda propuesta. Dijimos en la comisión y en el pleno que a Santa Cruz de La Palma le vendría muy bien que el grupo de Gobierno destinara una parte a la amortización de la deuda que ya es muy llevadera, y que 985.000 se detinarán a invesiones que permite la ley, como alcantarillado, eficiencia energética, promoción turística, sociedad de la información”, pero, indicó, “eso cuesta más trabajo y el grupo de Gobierno prefiere lo fácil, la deuda cero que no es un objetivo en sí mismo”. El objetivo, para Castro, “es que Santa Cruz de La Palma tenga vida económica, posibilidades de creación de empleo” y en este sentido “regalarle 985.000 euros es beneficioso para esta ciudad que está depauperada. Por eso votamos en contra de destinar todo el dinero a amortizar la deuda”.