Pedro Higinio Álvarez Rodríguez, Economista.
Sin lugar a dudas, estamos viviendo unos acontecimientos que para la mayoría de los ciudadanos son nuevos, que además de estar provocando una tragedia humana y sanitaria, vienen cargados de incertidumbre sobre nuestro futuro más inmediato, con efectos en la economía y en definitiva sobre empresas y personas, que ya estamos constatando.
Desde el punto de vista económico, lo más parecido a este presente es la recesión originada en Estados Unidos y que en el tercer trimestre del año 2008 se inició en España y cuyas consecuencias, 12 años después, se observan todavía en gran parte de la población española y por supuesto en Canarias.
En este sentido, numerosos analistas y dirigentes de organismos internacionales, ya están adelantando que la crisis social y económica, cuyas consecuencias van a depender de la duración e intensidad de la pandemia y de las medidas que se tomen, podrán ser más graves y profundas que la última que hemos vivido y de la que en algunos aspectos, Canarias no ha superado todavía.
En este contexto, lo que pretendemos con este breve artículo es analizar si en La Palma tenemos algo que aprender, al estar inmersos en un entorno que se ha venido definiendo desde los años 60 como entornos VUCA (acrónimo formado por las palabras en inglés de volátil, ambiguo, incierto y complejo).
Así, La Palma forma parte de una realidad que tiene muchas caras y varios frentes abiertos:
Diversos informes encargados por el Gobierno de Canarias y entidades sociales, han demostrado que los insoportables índices de desempleo, personas en riesgo de pobreza y exclusión social y la desigualdad que se genera, no se deben a crisis coyunturales o estacionales, sino que tienen carácter estructural derivado de un modelo económico concreto, que se ha basado en la construcción y el turismo y que es idéntico al que la mayoría de nuestros gobernantes quieren para la isla de La Palma.
Los frecuentes episodios de calima y la pertinaz sequía que estamos padeciendo, hace que ya sea imposible negar las consecuencias negativas de la crisis climática en territorios insulares como el archipiélago canario.
La pandemia originada por el covid 19 hace cierta la posibilidad latente de que ocurran “shocks externos”, que afectan a la estructura social y económica de cualquier territorio del planeta.
Ante esta crisis social, Europa no está actuando como una verdadera Unión Europea para hacer frente a la emergencia sanitaria, ni en la aplicación de las primeras medidas, con el objeto de amortiguar la debacle económica que se avecina y que ya está produciendo graves consecuencias en la población.
Las negociaciones que se están llevando a cabo en el marco del presupuesto de la Unión Europea y la Política Agraria Común, conjuntamente con la reciente salida del Reino Unido, hace previsible que las ayudas que recibe La Palma a la comercialización del plátano, en el mejor de los casos, no vayan a aumentar en los próximos años.
La caída de Thomas Cook ha mostrado, una vez más, la debilidad del sector turístico palmero. Un modelo turístico dependiente de decisiones externas, generador de empleo con condiciones laborales muchas veces indignas, deteriorando irreversiblemente los recursos naturales y despilfarrador de energía, derivado del consumo de combustibles fósiles.
Todo ello está ocurriendo en nuestro entorno y nos está demostrando la excesiva fragilidad de la economía canaria y de La Palma, ante este tipo de escenarios de crisis.
Ante este panorama, ¿qué más tiene que ocurrir, para que asumamos la imperiosa necesidad de dar un giro de 180 grados en la dinámica de la economía canaria y palmera y afrontar de una vez por todas los cambios sociales y económicos que se precisan?
Evidentemente, el reto es difícil y las competencias de las administraciones públicas de La Palma son las que son, pero suficientes para iniciar un proceso político, económico y social distinto del que se vislumbra en la actualidad y que desde nuestro punto de vista, debe pivotar en torno a los siguientes elementos:
a) La necesidad de que las estructuras del Estado tengan presencia activa y visible en territorios como La Palma y que dichas estructuras tengan capacidad suficiente para afrontar situaciones de crisis, en lo económico y en lo social.
b) Desde el punto de vista institucional, se hace necesario iniciar un proceso que concluya con una nueva organización administrativa y territorial de la isla, donde existan como máximo tres ayuntamientos, equilibrados desde el punto de vista poblacional.
c) Es necesario un replanteamiento de las competencias de las corporaciones locales, en el sentido de realizar cambios en las prioridades públicas y de acción política y poder ejecutar medidas efectivas, para hacer frente a las necesidades reales de la población.
d) Se hace necesario alcanzar un pacto insular por la protección del suelo agrario o con posibilidades productivas e iniciar una reconversión agraria insular, con el objetivo de ir sustituyendo progresivamente el cultivo del plátano por otro tipo de agricultura de proximidad, creadora de empleo, compatible con el uso racional de agua y energía y adaptada a los procesos derivados de la crisis climática.
e) La nueva estrategia social y económica que deberíamos iniciar todos, cuenta y está amparada por un marco institucional y legislativo inmejorable, formado por el Pacto Verde Europeo y la posibilidad real de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que conforman la Agenda 2030.
No podemos permitir que la “Declaración de Emergencia Climática”, adoptada por el Cabildo de La Palma en la sesión plenaria del 7 de febrero de 2020, se convierta en papel mojado guardado en los cajones y que sea un concepto nuevamente desvirtuado y adulterado por gran parte de la clase política y empresarial de La Palma.
En definitiva, se está poniendo a La Palma en la necesidad de elegir entre lo malo y lo peor y ante esta elección perversa, debemos y podemos decir que existe un tercer camino, difícil y complejo, pero es el único sensato, basado en un nuevo paradigma personal, social y económico, que haga posible la construcción de un entramado económico y social en nuestra isla más sano, fuerte y capaz de afrontar las sacudidas que nos está dando la realidad y que, indudablemente, se van a seguir produciendo en el futuro.
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Logico
Dice que el plátano hay que sustuirlo? el dinero que hay en la palma siempre ha sido por el plátano y si siempre ha funcionado por qué lo iban a cambiar?
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MONTE
Muy de acuerdo con la mayoría de cosas que se mencionan en este artículo. Añadiría un pequeño comentario en forma de epílogo a las sucesivas crisis que estamos viviendo, además de la crisis económica y social que ya ha generado el coronavirus, la crisis del petróleo y por extensión de los combustibles fósiles que estará por llegar. No se puede sostener una industria petrolera con precios del barril de Brent por debajo de 30 dólares. O para el caso del barril Mars, petróleo pesado del fracking USA que ahora mismo se encuentra a 15 dólares. Es probable que ya no hará falta ninguna legislación antifracking, esa actividad ya es totalmente ruinosa. Como consecuencia de todo esto la demanda exterior de petróleo de USA aumentará, generando nuevos conflictos mundiales que hasta este momento no se han producido porque en USA eran autosuficientes en petróleo. Y esa es una buena estrategia también para la alimentación, sobre todo en los territorios insulares, debido a que cada vez más los alimentos se comercian en los mercados internacionales, con lo que se incrementa la dependencia exterior. Y no solo ocurre en Canarias, también en Hawai, Inglaterra, etc. Por otro lado, existe una frágil cadena alimentaria que distribuye productos locales, los circuitos cortos no han funcionado durante esta crisis, y probablemente mucha producción se quedará en el campo. La conclusión es que al final acabamos pensando que las grandes empresas distribuidoras de alimentos son las indicadas para comercializar la producción de nuestros agricultores y ganaderos. Esto es una tarea prácticamente imposible por la propia naturaleza del sistema agroalimentario, una por la dificultad de cumplir para un pequeño agricultor o ganadera los requisitos sanitarios o certificaciones que imponen las grandes cadenas de distribución a los productos alimentarios, y otra por la pura lógica del mercado libre, ese que tanto nos gusta defender, que siempre es favorable al mejor postor y no entiende de servicios ambientales, agricultura familiar, ni desarrollo sostenible. Por eso es más necesario ahora que nunca una apuesta decidida por la soberanía, no solo alimentaria, sino energética y de materiales. Y para eso hay que impulsar políticas públicas que garanticen la producción de alimentos, energía, materiales, para alcanzar unos niveles razonables de autoabastecimiento, minimizando el riesgo de futuras crisis.
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