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Opinión
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El reciente incendio de Garafía, como excusa para hablar del desarrollo rural en La Palma

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez.

Gran parte del paisaje de las medianías del municipio de Garafía se caracteriza por multitud de bancales y parcelas abandonadas, que en su día estaban ocupadas por cereal o frutales en el marco de una agricultura de secano y subsistencia.

Si recorremos las zonas recientemente quemadas por el incendio del pasado mes de agosto, podemos observar que gran parte de la superficie afectada estaba constituida por parcelas ocupadas por matorral o pinar y, en muchos casos, próximas a viviendas e infraestructuras agrícolas.

Detrás de esta “fotografía” de parcelas abandonadas para el cultivo y ocupadas por el matorral y el monte, se esconde un trasfondo económico y poblacional, que nos puede servir para analizar las medidas de desarrollo económico local que se han llevado a cabo en el municipio en los últimos años y así obtener algunas conclusiones, a la hora del diseño de las políticas públicas en el ámbito del desarrollo rural y que pueden ser de aplicabilidad en La Palma y en otras zonas del Archipiélago.

La dinámica de la población, es causa y también consecuencia, en el proceso de desarrollo económico del municipio y en gran parte de las medianías de La Palma, ya que, paralelamente al abandono de las medianías para el cultivo, el municipio de Garafía ha sufrido un descenso poblacional sin precedentes en la isla durante las últimas décadas.

En este sentido, desde el año 1950 y salvo breves periodos de tiempo, Garafía no ha dejado de perder población. En ese año, vivían en el término municipal 5.196 personas y según el Padrón Municipal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de Enero de 2019, son 1.667 habitantes, lo que supone un descenso del 68%.

Durante dicho periodo, merece reseñar la “sangría poblacional” sufrida por el municipio en la década de los años 70 del siglo pasado, en la que se produjo un descenso del 45% en la población.

Si tomamos una referencia temporal más reciente, observamos que el descenso poblacional entre 1996 y 2019, ha sido aproximadamente, de un 17%.

Para intentar revertir esta dinámica, en términos de empleo y calidad de vida de la población, durante los últimos 30 años se han invertido, no sólo en el municipio sino en otras zonas de la isla, millones de euros en el marco de las políticas de desarrollo rural financiadas por la Unión Europea.

Pues bien, en el caso de Garafía, los resultados en términos de diversificación económica y dinámica poblacional, a pesar de algunos logros muy importantes como el turismo rural, que ha sido un referente en la isla y en Canarias, no se ha posibilitado el necesario empujón económico y social que ha venido necesitando el municipio desde hace décadas.

¿Por qué ha sucedido esto y qué podemos aprender para el futuro?

La principal enseñanza que recibimos de todo este proceso, es que en Garafía no han sido suficientes las medidas de desarrollo estrictamente económicas para revertir la dinámica poblacional negativa, el envejecimiento progresivo de la población y el escaso pulso económico.

Es decir, las posibilidades de encontrar un empleo o de iniciar una actividad empresarial por cuenta propia en Garafía, no son los factores determinantes para la fijación de la población y el crecimiento de ésta. Hay otros elementos que están siendo más importantes y se refieren a todos los vinculados con la prestación de servicios de proximidad o para atender necesidades y problemas sociales.

Nos referimos a la plena y fácil accesibilidad que debe tener toda la población, a un centro de salud o un consultorio médico con una mayor cartera de servicios, centros educativos o servicios de todo tipo y que son básicos para la población. En este sentido, debemos señalar que el cierre de las “unitarias”, en diversos barrios del municipio, ha sido uno de los mayores errores estratégicos que se han cometido y que ha favorecido, junto con otras circunstancias, el despoblamiento.

La idea que domina entre los decisores públicos, de que uno o varios “proyectos grandes” puedan tirar de la economía local y favorecer el desarrollo, cada vez es menos cierta y la comarca tiene algunos ejemplos que confirman nuestra afirmación, como el Centro de Dinamización Rural y el Centro de Maduración y Quesería, en San Antonio del Monte, o el Centro de Interpretación del Mundo Rural en Barlovento, proyectos muy ambiciosos en sus inicios y que han tenido unos efectos limitados en la sociedad y en el tejido empresarial de la comarca.

Una mención especial merece el tema de las carreteras. Son innumerables los informes y estudios que vienen poniendo de manifiesto desde hace muchos años que dichas infraestructuras no constituyen, por sí solas, factores desencadenantes del desarrollo, sino en algunas ocasiones meros elementos que pueden acompañar a las medidas que se desarrollen dentro del municipio pero nunca sustituir a éstas.

La efectividad de las carreteras se multiplica si previamente se desarrollan proyectos en el interior del territorio. Si no es así, los resultados, muchas veces, son contraproducentes, ocasionando un despilfarro inaceptable de recursos públicos.

Así, podemos afirmar que la construcción y mejoras realizadas en la carretera a Santo Domingo por Las Tricias o la que comunica con Barlovento, no han supuesto un freno al despoblamiento. Es más, han favorecido la salida de población a otras zonas de la isla y, sobre todo, al Valle de Aridane.

Debemos aprender de lo que hemos hecho mal en los últimos 30 años en materia de desarrollo rural y reconducir alguna de las políticas aplicadas, en el sentido de otorgar más importancia a las medidas vinculadas a las necesidades personales y servicios a la comunidad y cuando estos cimientos sean sólidos, implementar medidas de carácter más económico y empresarial. Lo económico debe supeditarse a lo social. Es decir, hay que priorizar las acciones que satisfagan necesidades sociales básicas.

¿Qué cuestan mucho dinero? Claro que sí. Pues obtengámoslo de otras partidas de los presupuestos públicos, menos importantes para las necesidades de las personas. ¿O es que no interesa porque el censo electoral del municipio es reducido?

Dado que atender y sufragar muchas necesidades en materia de sanidad, educación, vivienda o servicios comunitarios, excede de las competencias municipales, se hace indispensable la necesaria cooperación de otras administraciones públicas, en el marco del diseño y ejecución de planes integrales de desarrollo.

El desarrollo económico que se plantee en los municipios y comarcas de marcado carácter rural debe construirse sobre la base de unas necesidades sociales plenamente satisfechas para toda la población. Si no queremos que a largo plazo, Garafía se convierta en un “municipio fallido”, este giro de 180 grados en las políticas públicas es prioritario y urgente.

En otro orden de cosas y volviendo al inicio de este breve artículo, una medida a implementar es la puesta en marcha de un mecanismo administrativo, rápido y sencillo, para compensar monetariamente a las personas que desarrollan la agricultura y ganadería, de manera profesional o no, por el beneficio ambiental y social que se genera. Ingresos que deben estar exentos de cotizar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. ¿Es posible hacerlo? Sí. Sólo se necesita voluntad política.

Así lo señala la Política Agrícola Común para después del año 2020, aunque la Unión Europea ya lo venía defendiendo desde hace más de 40 años en diversos documentos y publicaciones oficiales.

En este sentido, fue relevante el debate que se suscitó en los años 80, en torno al movimiento social por la defensa del espacio agrícola de El Rincón, en el norte de Tenerife, donde la plataforma ciudadana creada en esos años planteaba la necesaria compensación monetaria a los agricultores, por el beneficio ambiental y paisajístico que genera su actividad al resto de la isla y al turismo.

Esta medida, apoyada por otras vinculadas a la comercialización de los productos, puede ayudar, como vienen señalando numerosos expertos desde hace muchos años, a que se vuelvan a poner en valor las explotaciones y parcelas del municipio y la comarca, limitando con ello los perjuicios de todo tipo que se produzcan en futuros incendios, que sin duda llegarán.

 

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez

Economista

Profesor de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Agente de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Garafía entre 1994 y 1998

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