¿Qué intereses defiende el Sindicato SEPCA en el Ayuntamiento de la Villa de Mazo?

El pasado 20 de febrero se debatió y aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), después de un periplo de más de un año y medio, donde se ha desarrollado una campaña, desde el ámbito político y sindical, que se ha caracterizado, a nuestro entender, por informaciones interesadas y falsas que pretendían empañar el proceso de elaboración y negociación de la misma.

Pero en lo que no entendemos en ese proceso es la incursión de la organización sindical SEPCA, que le precede la demanda presentada y cuya sentencia estuvo a punto, con informe jurídico de la letrada del Ayuntamiento incluido, de dejar en la calle a 4 trabajadores-as que venían desempeñando sus funciones como personal laboral, no contento con ello, y cuando se pretende con la negociación de la RPT con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación (CC.OO. y U.G.T.) por parte del Ayuntamiento regularizar esta situación, vuelven a la carga con anunciados procedimientos penales y administrativos para boicotear su aprobación definitiva.

A todo ello esta organización sindical no solo no tiene representación en este Ayuntamiento, si no, que en las recientes elecciones sindicales realizadas para constituir el Comité de Empresa, ni siquiera presentan candidatura.

Es palmario que la administración local en Canarias se ha construido a lo largo de estos años, precisamente por la ausencia de mecanismos de organización de los recursos humanos como las RPT, de forma irregular, siendo su principal efecto la laboralización y la precariedad de sus recursos humanos.

Existen mecanismos legales que permiten organizar los recursos humanos, abordar la consolidación de empleo y la defensa de los derechos, tanto retributivos como de condiciones de trabajo, de los empleados públicos de las Administraciones Locales en Canarias, que entre otras cuestiones acometa el necesario proceso de funcionarización de sus recursos humanos para garantizar la imparcialidad y objetividad en sus funciones de servicio público.

Desde luego el camino que ha emprendido el SEPCA, parece que lleva el camino de cerrar las Administraciones Locales en Canarias, en el caso de la Villa de Mazo el número de Trabajadores Laborales que desempeñan puestos de Funcionarios son muchos más, de los que ha denunciado de manera interesada SEPCA, para defender intereses particulares frente a los intereses generales que están defendiendo los sindicatos en la Mesa General de Negociación.

No es verdad que con la aprobación de la RPT se le cambie el vinculo al trabajador laboral que estaba ocupando un puesto de trabajo, que por ministerio de la ley se ha transformado en funcionario. El acuerdo alcanzado y la legislación permite, que el trabajador-a laboral que viniera ocupando ese puesto, lo continúe desempeñando, sin que se produzca novación de su contrato, hasta que se ocupe el mismo por los procedimientos selectivos legalmente previstos.

El SEPCA debería saber que defender intereses particulares, utilizando argumentos legales superados por el desarrollo legislativo, pero sobre todo por la doctrina jurisprudencial, ponen en peligro cerca de 15.000 puestos de trabajo que en la Administración Local Canaria ocupan puestos de trabajo que deberían ser desarrollado por personal funcionario. Lo trabajadores-as no son responsables del desaguisado existente en la Administración local en Canarias en esta materia, por eso desde la FSC-CC.OO. Canarias trabajamos por buscar soluciones que cumpliendo con el principio de legalidad permita regularizar esta situación en las mejores condiciones para este personal. Esto cuenta con el amparo de la actual legislación y el propio Tribunal Constitucional, que avala los procesos de funcionarización y consolidación de empleo.

El SEPCA no nos va a dar lecciones a los sindicatos de clase, que llevamos defendiendo el respeto de los principios constitucionales de publicidad, igualdad, capacidad y meritos en el acceso a la Administración Pública.

Una vez aprobada la RPT, ahora toca llevar a la práctica, en cuanto la legislación lo permita en los casos de consolidación de empleo, ya que los procesos de funcionarización no están limitados por las actuales restricciones de las leyes de PGE, mediante la aprobación en primer término Las Bases Generales de Acceso y Plan de Ordenación de Recursos Humanos, lo negociado en los criterios generales y procedimiento de desarrollo de la RPT. Es más el pasado día 24 de febrero se constituyó la Mesa General de Negociación con presencia de CC.OO. y UGT y se abrió la negociación con las organizaciones sindicales legitimadas para alcanzar acuerdos al respecto.

La política del miedo en este caso solo se combate con la claridad y la transparencia y de eso parece que no pueden presumir los detractores de la RPT, en algunos casos se ha llegado a afirmar que lo que se pretendía era poner a funcionarios a dedo, sin pasar los correspondientes proceso selectivos, faltando a la verdad, El SEPCA sigue insistiendo, llegando a parecer que por sus actos es ese su objetivo, que corren peligro los puestos de trabajo del personal laboral que sus puestos se han convertido a funcionario. El pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, se convirtió el 20 de febrero en un acto aunque tedioso, muy clarificador, con la lectura por parte de la alcaldesa de varios dictámenes e Informes Jurídicos que tiraban por tierra los informes negativos del Secretario de la Corporación, y daba luz a toda la campaña desarrollada en contra del proceso de elaboración y contenido de la RPT que se sometía a la aprobación del pleno.

Por último, queremos poner en valor, que a pesar que en estos tiempos cercanos a las elecciones, muchos alcaldes han metido en los cajones los procesos de elaboración de las RPT, la alcaldesa de Mazo, desde el principio apostó por el desarrollo de este proceso y que a pesar de las dificultades y la falta de colaboración de la oposición, que ha jugado a sacar rédito político y con el Secretario de la Corporación defendiendo la ilegalidad del proceso y su contenido, haya acudido al Asesoramiento externo y la solicitud de informes, que sin lugar a duda van a ayudar a despejar las dudas y las incertidumbres de los trabajadores-as de la Villa de Mazo, pero también la del resto de trabajadores-as que se encuentran en esa misma situación en los Ayuntamientos de la Isla de La Palma y Canarias.

Juan Miguel Suárez Santana, secretario de Acción Sindical de la FSC-CC.OO. Canarias.