Recibo de la luz, pobreza energética y renovables

La pobreza energética, como expresión de una desigualdad social más amplia, forma parte de un sistema eléctrico cuya regulación está hecha para la defensa de un mercado que genera grandes beneficios para unos y vulnerabilidad energética para otros. Forma parte de la naturaleza misma del sistema, de ahí la dificultad para su erradicación. Porque quienes tienen el poder para hacerlo mantienen, desde siempre, una estrecha vinculación de complicidad con quienes son sus principales beneficiarios.

Con el tema eléctrico, por su complejidad, es fácil perderse, no acabar de ver claro las causas de lo que pasa, como ocurre ahora con la subida del precio de la luz. Hacer demagogia con un bono social que deja fuera a muchísimas familias necesitadas, en unos casos, porque no reúnen los requisitos exigidos y, en otros, porque la información al ciudadano le llega desde los comerciales de las grandes eléctricas, los cuales han conseguido llevarse, en los últimos años, el 60% de los contratos de libre comercialización que no tienen derecho, si lo necesitaran, a bono social y, además, es en la media anual un 17% más caros que los contratos regulados de PVPC y, es más, en algunas ocasiones, estas poderosas comercializadoras han cambiado contratos regulados a libre comercialización, sin contar con los titulares de dichos contratos.

En marzo de 2020, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, CNMC, multa con 300.000 euros a Endesa/Enel por cambiar los contratos de un cliente sin su consentimiento (https://www.publico.es/economia/cnmc-multa-300000-euros-endesacambiar-contratos-cliente-consentimiento.html).

Echamos en falta desde la administración pública, a pie de los usuarios, una información clara y precisa que dote de criterio a los consumidores para que no elijan contratos de comercialización que perjudiquen sus intereses.

Vamos a continuación a describir algunos aspectos del funcionamiento del mercado mayorista que nos pueden ayudar a comprender dónde se encuentra una de las principales causas del encarecimiento del recibo de la luz, además de los impuestos y los peajes.

De forma cíclica, casi siempre por invierno, sube el recibo de la luz y nos ponemos las manos en la cabeza sorprendidos porque no acabamos de entender qué está pasando con los precios, en un contexto de grave crisis económica que incrementa la pobreza en general y, con ella, aumenta el número de familias que no pueden hacer frente al pago del recibo quedando fuera de un servicio, cada vez más básico, para la vida, la salud y la economía.

La causa no es el invierno con sus cambios meteorológicos que reducen la producción de energías renovables, no, es el mercado eléctrico mayorista que se diseñó en la época de Aznar con la ley 54/1997, del Sector Eléctrico Español. En el 2013, coincidiendo con otra subida de precios, se sustituyeron las subastas trimestrales por el sistema actual de precios por horas y medias diarias. Pero no se ha cambiado hasta la fecha un mercado hecho a la medida de los intereses de las eléctricas, principalmente, Endesa, Iberdrola y Naturgy que reciben cada año, por su cara bonita, “beneficios caídos del cielo”. El sistema les regala una media anual de unos 2.000 millones de €, mientras miles y miles de familias no pueden pagar el recibo.

¿Qué son los beneficios caídos del cielo? Los precios del mercado mayorista, que viene a representar un 35% de lo que pagamos en el recibo, el resto son impuestos y parte regulada (peajes), no se establece a partir de los costes de generación de las tecnologías que participan en cubrir la demanda, se toma como referencia el precio de la tecnología más cara que ha entrado ese día en el mercado. Por ejemplo, los precios que voy a utilizar no son reales, pero sirven para la explicación. Si el precio de la energía que ofertan las hidroeléctrica es 4€/MW y la nuclear 8€/MW y la última tecnología que entró para cubrir la totalidad de la demanda diaria fue el gas natural a 35€/MW, este será el precio que reciben las hidroeléctricas y nucleares. Es decir, a las hidroeléctricas se le regala 31€/MW y a las nucleares 25€/MW. El precio de la luz sería más barato si suprimiera este regalo a las eléctricas, además de reducir los impuestos que representa un 25%.

Para mantener e incrementar estos “beneficios caídos del cielo” las eléctricas recurren, en ocasiones, a dos tipos de manipulaciones, como ellas son al mismo tiempo, vendedoras y compradoras, unas veces incrementan los precios de la oferta de las hidroeléctricas y, otras, reducen los caudales que turbinan para provocar la entrada en el mercado mayorista de tecnologías más caras como el gas natural que es, como ya comentamos más arriba, la que establece el precio del resto de tecnologías.

Estas manipulaciones fraudulentas están contempladas en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico como falta muy grave y que, en distintas ocasiones, tanto Iberdrola como Endesa, han recurrido a estas irregularidades.

A continuación, citamos como muestra un expediente sancionador, entre otros, abierto en este caso a Iberdrola por la CNMC a finales de 2013.

La CNMC sanciona a Iberdrola Generación con 25 millones de euros por manipulación en el precio de la energía eléctrica | CNMC

Multa de 25 millones que, por lo general, se acaba no pagando. Tanto en los cambios de los contratos de comercialización regulados a libre mercado como en estos casos de manipulación de precios, la CMNC, una vez comprueba las irregularidades, abre el correspondiente expediente sancionador que termina, en la primera parte de instrucción, con una multa, generalmente de muchos millones, la eléctrica sancionada recurre en contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional y, en la mayoría de los casos, ahí termina todo. Unos expedientes acaban su recorrido, incomprensiblemente, por defectos de forma y otros se pierden, posiblemente porque las eléctricas cuentan con los mejores equipos jurídicos, pues suelen estar dirigidos por abogados del estado en excedencia. Otra especie de puertas giratorias encubiertas, pues nadie mejor conoce la normativa que quienes la redactaron.

En marzo de 2017, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, recientemente sustituido en el cargo, se quejaba de esta situación, la CNMC ha impuesto 900 millones en multas desde 2015 (no solo con expedientes de energéticos) pero no ha cobrado nada (https://www.bez.es/786558709/Competencia-multa-nocobra.html) y decía, textualmente, …resulta “difícil” regular la economía colaborativa porque hay “muchos intereses” implicados y “a veces” el Gobierno “se encuentra más cerca de muchos de esos intereses que del cambio”.

¿Por qué no se arregla este mercado? Entenderemos la continuidad de este sistema de regulación, si vemos que las eléctricas son las beneficiarias de esta injusta situación que, a su vez, son los que controlan la política energética y que mantienen una excelente relación con los gobierno de turno, como queda comprobado con las puertas giratorias donde las eléctricas y, multinacionales de la energía en general, premian a ex presidentes, ex ministros y ex altos cargos con sueldos millonarios en sus respectivos consejos de administración.

En este sentido, cuando el exministro José M Soria cayó en desgracia con su partido por lo de las cuentas en paraísos fiscales, recordamos sus declaraciones cuando decía que las eléctricas traían al ministerio los decretos ya redactados. (https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8656958/10/17/El-PPfrena-la-explicacion-de-Soria-sobre-las-presiones-de-las-electricas.html)

Es esa complicidad entre poder político y multinacionales del sector el principal problema para abordar una transición energética justa que resuelva la pobreza energética. Los representantes elegidos que asumen la responsabilidad de gobernar están, democráticamente obligados, a que sus políticas sean independientes y defiendan el interés general, que no es el caso en el sector energético.

Después de observar cómo actúa el lobby del sector es para preocuparse. Porque ahora que nos encontramos en un contexto de transición energética, donde las renovables van a sustituir a los combustibles fósiles, observamos que, en los sistemas insulares canarios, la incorporación de las renovables se está haciendo de acuerdo a los intereses de las multinacionales y fondos de inversión extranjeros, al quedarse en una sustitución tecnológica sin cambiar el modelo.

Cuando la actual regulación del sistema eléctrico es incapaz de integrar el ahorro y la eficiencia porque lo interpreta como un incremento del déficit al considerarlo, en términos contables, una reducción global de ingresos, entonces, no es suficiente con una reforma del sistema eléctrico, es imprescindible un nuevo marco normativo, puesto que, el ahorro y la eficiencia son aspectos esenciales para la sostenibilidad y la reducción de la vulnerabilidad energética.

Otros aspectos del recibo que se subieron, en la etapa del ex ministro JM Soria, con la finalidad de hacer caja, son el término de potencia que es lo que se paga todos los meses, aunque no esté habitada la vivienda, por la potencia contratada y que puede representar un 35% del total de la factura; el IVA que está en la franja más alta del 21%, en Canarias es el IGIC y, por último, los peajes que representan la socialización de las pérdidas de los ciclos combinados de gas natural, no entendemos porque las tenemos que pagar cuando son inversiones en la parte del sistema eléctrico que está liberalizado. Por eso tenemos un recibo de la luz tan caro.

¿Contribuye el incremento de las renovables en los sistemas eléctricos a bajar los precios del recibo de la luz? Evidentemente que sí. Es lo que observamos en el mercado mayorista actual, a mayor penetración de renovables más se reducen los precios de la parte del recibo que depende del mercado, porque hay que añadirle impuestos más peajes que representan un 65% de la factura. Todo lo que sea abaratar precios es reducir vulnerabilidad energética, sin embargo, observamos que la pobreza energética no solo no se reduce, sino que aumenta, especialmente con las crisis económicas. Con motivo de la pandemia y desde la declaración del estado de alarma, el ministerio de transición ecológica ha prohibido los cortes de luz, agua y gas, con un coste ya para las arcas públicas de 202 millones de €. Se trata de medidas excepcionales por las circunstancias sanitarias actuales, pero, no resuelven el problema.

La reducción de precios por las renovables, no es suficiente. Hace falta una política energética firme en la garantía y seguridad del suministro a toda la ciudadanía, no solo a los que pueden pagar el recibo, lo cual requiere de un nuevo modelo energético que vaya más allá de la sustitución tecnológica, para abordar la erradicación de la pobreza energética. Para lo cual es imprescindible que se considere al servicio eléctrico como un servicio básico, público, fuera de la dinámica del mercado que, por su naturaleza, excluye a los pobres. Un servicio que no puede depender de las condiciones económicas de las personas.

La perspectiva de lo que observamos con la incorporación de renovables a los sistemas insulares, no es esperanzadora, porque se está dando forma a un mercado eléctrico centralizado, a través de las grandes infraestructuras de renovables, en manos de las multinacionales y fondos de inversión, mientras el ahorro, la eficiencia y la generación distribuida del autoconsumo fotovoltaico a través del protagonismo de la gestión de la demanda está en una situación marginal. Es decir, no hay una apuesta en la política del sector para cambiar el modelo energético.

En este sentido y, para terminar, ahora que el sol y el viento son, entre otras tecnologías limpias, los recursos que van a cubrir la demanda energética de nuestras islas, no entendemos su privatización y que el desarrollo de esos recursos no se vincule a la diversificación de las economías insulares, creando riqueza y empleo local. Es imperdonable que quienes tienen la obligación democrática de ponerse del lado del interés general, continúen de colaboradores necesarios de los intereses privados.

El Pacto de las Flores, las administraciones locales, los agentes sociales y económicos insulares y la ciudadanía, en general, tienen la palabra.

Enero 2021. Antonio Cabrera