Gente como uno (de la crisis peruana)

I. “No son gente como uno”, me explica en tono muy irónico un amigo con el que comparto conversación y comida. Se refiere a cómo desde la élite se mira a quienes están manifestándose fundamentalmente en las ciudades del sur del país y también en las calles de Lima. Hago mi caminata diaria hoy por el paseo de Miraflores que, en esta época del año, libre de la niebla, permite observar el horizonte del pacífico y las puntas norte y sur de la bahía de la capital. Salí desde la casa enfermería que tenemos los jesuitas es este barrio que conocí de joven a través de La Ciudad y los Perros, en la que Vargas Llosa hacía pasear a alguno de sus juveniles personajes por los escenarios miraflorinos. El ambiente es el típico de cualquier zona de paseo de muchas ciudades del mundo en el fin de semana: parejitas de la mano, ciclistas que bromean, corredores que queman calorías, paseantes que no se atreven a un ritmo más alto. En general, mujeres y hombres jóvenes que aprovechan el rato para quitarse el estrés de una semana que habrá sido dura en la dirección de las oficinas, los despachos, los hospitales, la empresa o la administración…

La composición sociológica de quienes protestan es social y étnicamente diversa, pero mayoritariamente no son la gente que lidera los motores económicos del país. La llegada de Pedro Castillo a la presidencia de la República fue interpretada por las gentes “que no son como uno” como que alguien como ellas y ellos accedía al poder, a lo más alto: las instituciones del Perú también eran suyas. Desde su detención tras el intento de disolución inconstitucional del Congreso, muchas y muchos de los que “no son como uno” están en las calles diciendo que esta Constitución no les sirve, que por más que el ritmo económico del país sea envidiable, a sus hijos no les aguardan mejores escuelas, ni acceden a puestos de trabajo más apetecibles, ni sus tierras tienen la protección social y ambiental necesaria, ni sus opiniones cuentan a la hora de determinar las leyes, ni su salud es atendida en los mejores hospitales, ni “uno de los suyos” puede acceder al gobierno porque luego acaban echándolo y procesándolo.

II
Las últimas semanas, mientras que al declinar el día el centro histórico de Lima pasa a ser territorio de la pedrada, las hileras de cascos y porras, la botella de lacrimógeno y los gritos de grupos violentos, el Congreso vino haciendo una maniobra escrupulosamente constitucional por la que consiguieron que el adelanto electoral quedara una y otra vez archivado (hasta en tres ocasiones, con diferentes iniciativas, en apenas ocho días). La información sobre los disturbios es cada vez menos relevante en la prensa. Por lo general, mientras la prensa internacional habla de desigualdad, injusticia y protestas legítimas, mientras medios como France24, DW, El País presentan los rostros de la protesta e intenta profundizar en los orígenes de un malestar justificado, los medios limeños (siempre con excepciones) ponen su acento en la violencia injustificada de los manifestantes, el heroísmo de las fuerzas policiales, la financiación aparentemente ilegítima de las protestas y las presuntas vinculaciones de las masas airadas con Sendero Luminoso. Aunque de acuerdo con las encuestas, la mayoría de la población pide la salida de todos (y todas) en el poder ejecutivo (dimisión de la Presidenta) y del congreso (disolución de la cámara y convocatoria de elecciones generales), el relato mediático de lo que pasa consigue que buena parte de la población viva en el susto y el rechazo de cualquier forma de protesta. Presidencia de la República, a la que desde una parte se considera responsable de las muertes (más de sesenta) de estos días, instó al Congreso a hacer las reformas legislativas necesarias para convocar lo antes posible elecciones generales (“Nos vamos todos”, concluyó la señora Boluarte). Dina tiene buenos motivos para sospechar que tras la Presidencia le espera la cárcel. Pero las decisiones del Congreso, rechazando cualquier itinerario legal hacia unas elecciones generales prontas, abocan al país a una lucha hasta el agotamiento. Por un lado están quienes defienden la estabilidad del actual sistema utilizando los medios necesarios (hoy, en La República, Mirtha Vazquez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante un breve periodo del gobierno de Castillo, asegura que hemos vuelto a la lógica fujimorista: la seguridad lo justifica todo). Del otro lado, mantienen el combate quienes cada día salen a manifestarse acusados de terrucos (término que sirvió para describir a Sendero y su entorno) con el apoyo más o menos claro o difuso de un sector de la población que sigue pidiendo desesperanzada la dimisión de la presidenta y el adelanto electoral.

III
“¿Quién cree que la salida de la presidenta resolverá el tema? Comenta en la mesa otro de mis compañeros, vinculado a una importante institución educativa popular. En la entrevista a Mirtha Vazquez, antes citada, ella muestra su sorpresa por el gobierno actual. Recordando su reciente tiempo en el Consejo de Ministros, afirma que la actual presidenta “no proponía cosas extremas ni estaba a favor de autoritarismo, sino repetía: “este es un gobierno del pueblo, hay que atender lo que el pueblo dice”. Hasta tal punto que cree la ex presidenta dle Consejo que, en realidad, Dina Boluarte no gobierna: “alguien está gobernando detrás de ella”. El caso es que en el modelo constitucional peruano, la dimisión de la Presidenta (que ya sustituyó desde su anterior puesto de vicepresidenta al cesado Castillo), supondría el acceso a la presidencia de la República del tercero en la línea de sucesión, el actual presidente del Congreso, el General José Daniel Williams Zapata, alguien al que de ningún modo se puede considerar una persona ideológicamente moderada, de centro, capaz de promover diálogo y acuerdos entre las posiciones extremas en las que se mueve el país. Eso sí, debería convocar, lo antes posible, a las urnas para que el pueblo elija a otra persona para la Presidencia de la República; pero no queda claro (al parecer los especialistas en Constitución lo discuten) que esto forzara la disolución del Congreso y, como algunos han sugerido, la convocatoria de elecciones generales para sustituir también a los congresistas y/o a los Gobernadores de las veinticuatro regiones en que se divide administrativamente el país. Dina Boluarte tiene ahora dos instrumentos en sus manos: tratar de seguir gobernando y apaciguar desde el poder con palo y zanahoria a quienes protestan (contando con un Congreso que ni la aprecia ni la apoya) o presentar su dimisión para provocar la llegada de una nueva persona a la Presidencia de la República en plena crisis constitucional. Lo que no está en su mano es disolver el Congreso, convocar elecciones o formar una Constituyente (que son los contenidos reclamados por buena parte de los grupos que se manifiestan a diario, cortan carreteras, se enfrentan a la policía o responden tranquilamente a una encuesta periodística).

IV

Vuelvo a mi paseo por la costanera de Miraflores, tan diferentes a los que habitualmente hago entre Breña (donde trabajo) y El Agustino (donde vivo). En la parroquia, dado mi “aliño indumentario”, me identifican como “el cura gringo”. En el paseo de esta mañana, tengo que reconocerlo, había mucha “gente como uno”. Es probable que una gobernanza democrática sea la mejor manera de afrontar lo que hoy vive el Perú, pero como sucede en todo el mundo, la lucha por los derechos de ciudadanía, la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios públicos de calidad, el respeto de la identidad de las comunidades y a los derechos personales o el cuidado del medio ambiente no está solo en manos de personas a las que elegimos desde un conocimiento suficiente y con suficiente libertad. Ni siquiera está garantizado cuando funciona la separación y los controles mutuos entre los poderes democráticos (ejecutivo, legislativo y judicial). Bien conocido es el comentario de Churchil en el que dice que la democracia es el peor sistema posible exceptuando todos los demás. La democracia no es una solución mágica de todos y cada uno de los problemas, pero votar y cumplir la ley, una ley que protege los derechos humanos, separar a quienes detentan el poder ejecutivo del legislativo y a ambos del judicial, ayuda a dar con soluciones nunca del todo perfectas y casi siempre provisionales. La democracia representativa es una conquista y también una tarea; aquí, en Perú, y en todo el mundo. Quienes se sienten a gusto con las cosas como están no parecen creer que los que no son “gente como uno” deban tener el derecho a ejercer políticas que cambien algunas cosas y que ellas y ellos también puedan ejercer de hecho el derecho que legalmente ya tienen de pasear tranquilamente por el bello sendero que se extiende por la costa espectacular en Miraflores. O de elegir no hacerlo.