Cadena de "traiciones" en el volcán de La Palma: Se conocían los detalles de una erupción inminente y no se avisó a los afectados

Hoy sabemos por los informes publicados por el Comité Científico, los documentos oficiales del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, así como por el relato de los hechos observados y la vigilancia seguida por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) que todo lo acontecido, salvo el volcán, podría haberse evitado tan solo si las autoridades hubieran hecho caso a las alertas de los científicos y hubieran seguido el protocolo fijado por el ordenamiento jurídico vigente. De forma escandalosa no lo hicieron, y hoy el vecino que lo perdió todo es el que sufre las consecuencias. De haber seguido los protocolos vigentes, se hubieran evitado los daños jurídicos, los daños morales, la pérdida patrimonial, la perdida sentimental, así como los daños económicos derivados de la erupción del volcán Tajogaite, que han destrozado la vida de miles de palmeras y palmeros y está comprometiendo nuestro futuro.

Es conocido por todos como a partir del 2017 se empezaron a detectar los primeros síntomas pre-eruptivos en la isla. La comunidad científica venia alertando de los mismos, sin que ninguna oficina técnica de ayuntamientos o Cabildo advirtiera a la población, y siguieron concediendo licencias de obra y cédulas de habitabilidad, hasta el mismo septiembre de 2021, haciendo una clara dejación de funciones, al no informar de un riesgo para la seguridad de las personas y las propiedades de un territorio que tenía los meses contados. Ahora, también sabemos, que hasta la fecha de la erupción se produjeron incontables eventos geológicos, cada vez a menos profundidad, y con un aumento de los parámetros precursores de la erupción, de los cuales los científicos avisaban a las autoridades respecto a inminente erupción al menos siete días antes a que el volcán Tajogaite entrase en erupción.

Las autoridades, que eran conocedoras de dichas advertencias e informaciones, no velaron por los intereses de los vecinos. Y se negaron a ver la evidencia incluso el mismo domingo 19 de septiembre por la mañana y, por tanto, no alertaron a la población en riesgo para que pudieran asegurar y proteger sus vidas y su patrimonio.

El relato de la traición

Según recoge el relato de los hechos acontecidos registrados por la dirección del Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC, en la Revista Digital del Consorcio de Compensación de Seguros, el número 15, de otoño de 2021, el día 11 de septiembre, la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia (URGE) fue puesta en prealerta por el aumento descontrolado de la sismicidad y su ascenso a superficie, para llevar a cabo un seguimiento continuo del proceso y “poder así anticiparse a una, más que segura, erupción volcánica en Cumbre Vieja”. Ese mismo día ya sabían que se enfrentaban a “un fenómeno de tipo estromboliano, con emisión del campo de lavas que podría sobrepasar las 700 ha, y con una duración máxima de 84 días”. Esta es la precisión con la trabaja la ciencia. A los pocos días, y ante la rápido ascenso a superficie de los terremotos, el IGME pone en alerta a la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia (URGE) que se incorporaría de pleno al Comité Científico del PEVOLCA.

El día 13 de septiembre de 2021 el informe del Comité Científico del PEVOLCA alertaba que la emisión de Helio-3 confirmaba el carácter magmático del proceso, había registrado el mayor valor observado de los últimos 30 años y procedió por tanto a subir el nivel de alerta al semáforo naranja y activar el Plan PEVOLCA. Recordemos que durante la semana del 13 al 19 de septiembre de 2021 se sucedieron más de 21.000 terremotos, todos ellos registrados por la ciencia y de los cuales los medios de comunicación dieron amplia difusión.

El día 15 de septiembre de 2021 después de realizar las tareas campo y el reconocimiento de las zonas afectadas por dichos fenómenos, y tras estudiar los parámetros geofísicos, los modelos científicos de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia mostraron “una máxima probabilidad de erupción estromboliana en 7 días a partir del 15 de septiembre”. En esos momentos el coordinador de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia (URGE) se pone en contacto directamente con la división de inteligencia de la Unidad Militar de Emergencias para trasladarle toda la información alertándola de una INMINENTE erupción en la zona acotada, justo donde días después se produciría la misma. El mismo día el 15 de septiembre se alerta con la misma precisión de información y nivel de alerta a las autoridades, que como resultado de la advertencia activaron los planes de protección civil en los que se incluye “proporcionar información veraz y actualizada a la población”, con el fin de proteger vidas y propiedades, algo que fue desoído por la Dirección del PEVOLCA, el Gobierno de Canarias y por nuestro Cabildo y los ayuntamientos.

El día 17 de septiembre la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia (URGE), ubica el magma ente 11 y 13 Km. de profundidad, constatando el comienzo de la fractura en la corteza terrestre desde abajo, debido al alto contenido en gases, responsable del ascenso magmático hacia la superficie y causante final de la erupción. Este día vuelven a catalogar como INMINENTE la erupción, el día 17 de septiembre.

El día 18 de septiembre se registra el mayor terremoto hasta el momento, de magnitud 3,8 y a una profundidad inferior a 2 Km. La Unidad de Respuesta Geológica de Emergencias avisa nuevamente a las autoridades, al Comité Científico y a la Dirección del PEVOLCA y a la UME, indicando que la erupción se produciría en las siguientes 24 horas.

Y mientras todo esto ocurría, las palmeras y los palmeros, seguíamos ajenos a la catástrofe que se avecinaba confiando, una vez más, en los mensajes de tranquilidad absoluta que nos trasladaban desde las autoridades, desde los medios de comunicación y en las diferentes reuniones vecinales que se celebraron en esas fechas. Y, aun teniendo esta información las Autoridades, estas seguían negando la mayor al vecino, mientras por otro lado alertaban a sus familias y amigos de lo que estaba a punto de suceder. Las palabras de Amílcar Cabrera son elocuentes testigos de la forma de proceder del Cabildo: “el palmero tiene un defecto de fábrica, ¿haber avisado con anterioridad hubiera sido prudente? Nos hubieran llamado, seguramente, alarmistas”.

Lo cierto es que si el vecino hubiese sabido con siete días de antelación la inminencia de la erupción, podrían haber asegurado sus enseres, sus memorias, sus vidas, y su patrimonio. La Administración y las autoridades decidieron con su omisión deliberada, que debía haber ciudadanos de primera, aquellos que contaban con información privilegiada, y los de segunda, aquellos a los que nos pusieron una venda en los ojos. Esta fue la realidad para más de 7.000 personas.

Las administraciones no cumplieron con el protocolo de alertas previsto en el Decreto 112/2018 que detalla los procedimientos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias

El Cabildo de La Palma, el mismo día 18 de septiembre a las 18 h., para los vecinos de Las Manchas de Abajo, San Nicolás y Jedey, y a las 19,30 h., para los vecinos de La Bombilla, El Remo y Puerto Naos, en el Terrero de Lucha Canaria Federico Simón. Ese día el Sr. Morcuende, jefe de servicio de la Unidad de Emergencias de La Palma, nos tranquilizaba, diciéndonos que habían decidido, los políticos, mantener el semáforo en amarillo, en donde no cabe la evacuación de la población en riesgo. Algunas personas preguntaron que tenía que pasar más, ya que habíamos sentido bajo nuestros pies el terremoto de 3,8 grados, para que se pasara a semáforo naranja, en donde es obligada la evacuación. El Sr. Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional, respondía diciendo que para pasar a semáforo naranja se necesitaba llegar al momento en el que se confirmaba una probabilidad muy alta de erupción, sin riesgo para la población. Con los datos que los afectados tenemos ahora y que nos ocultaron desde el día 15 de septiembre, la Dirección del PEVOLCA con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma al frente, ante las constantes y reiteradas alertas de los científicos debían de haber pasado a semáforo rojo ya que sabían desde el día 17 que la erupción era inminente, situación que reiteró la URGE a menos de 24 h. de la erupción.

También ese mismo día 18 de septiembre, a las 17,25 h. el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, declaraba para la agencia EFE, que no había evidencias de que se fuera a producir una erupción volcánica en la isla de forma inminente, recordemos que la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencias ya lo había comunicado a la UME y alertado a las autoridades, pero ellos seguían manteniendo el semáforo amarillo.

Hoy ha trascendido por los medios de comunicación canarios que mientras esto ocurría, por otro lado, el Presidente del Cabildo llamaba a sus amigos, diciéndole: “Mira, vete para tu casa, está a punto de estallar el volcán, avisa a tu familia…”. Los demás, no tuvimos ese privilegio.

Los hechos se agravan el día 19 de septiembre cuando a las 11:42 h. el Director Técnico de Guardia del PEVOLCA, Jorge Parra López, recomendaba, “la intensificación de medidas y la evacuación preventiva de la población en riesgo”. En los documentos del Gobierno de Canarias, 112 y PEVOLCA, se recogen incluso las coordenadas de donde se iba a producir la erupción y el Comité Científico, Las Manchas-Jedey, y contaban ya con una simulación del recorrido de las lavas. Tres horas y media después, el volcán entra en erupción sin que nadie hubiera hecho nada por salvaguardar nuestras vidas y nuestro patrimonio.

El Director Técnico del PEVOLCA reconoce a las 11:42 de la mañana que “en este momento el proceso está en fase pre-eruptiva” lo que técnica y legalmente en el Decreto 112/2018 significa de facto la inmediata elevación de la alerta a “semáforo naranja”. Y a mayor abundamiento en el mismo documento expresa de forma definitiva que “se recomienda la intensificación de medidas y la evacuación preventiva de la población en riesgo”, hechos por los cuales no cabe ninguna otra interpretación que no sea que el PEVOLCA recomendó evacuar (y no se hizo), y que estábamos en fase pre-eruptiva (por lo que de facto no se cumplió el Decreto 112/2018 Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias al no activarse en ningún momento el semáforo naranja).

Esta es la crónica de una vil traición a los vecinos del Valle de Aridane. Desde el día 13 de septiembre sabían que los niveles de gases eran los más altos de los últimos 30 años y que los mismos eran de origen magmático, hecho que conocían las Administraciones por el Comité Científico del PEVOLCA. El Instituto Geológico y Minero de España-CSIC, a través de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia, alerta a las autoridades, a la UME y al Comité Científico del PEVOLCA el día 11 de septiembre de la necesidad de “anticiparse a una, más que segura, erupción volcánica en Cumbre Vieja de tipo estromboliano, con emisión del campo de lavas que podría sobrepasar las 700 ha, y con una duración máxima de 84 días”. El día 15 de septiembre alertan con precisión a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el fin de coordinarse “ante la eventualidad de una inminente erupción de dimensiones desconocidas ya que los modelos mostraban una máxima probabilidad de erupción estromboliana en 7 días a partir del 15 de septiembre”. El 18 de septiembre avisan a la Dirección del PEVOLCA y a las autoridades, que la erupción sería en cuestión de 24 horas.

Y NADA, absolutamente NADA, comunicaron a la población alertándola de una erupción volcánica inminente. Los habitantes tuvieron que salir corriendo de sus casas, con una erupción ya en marcha, y a pocos cientos de metros de sus hogares. Y para poder salvar sus vidas, evacuaron a sus seres queridos, a sus animales de compañía ellos solos, dejando atrás todo lo que poseían y sobre todo, sus recuerdos y memorias, y que en muchos casos se remontaban a varias generaciones. La justicia deberá dirimir si hay o no responsabilidades en la gestión política de la catástrofe. De momento, todos estos datos e informes oficiales servirán de antecedentes de lo acontecido en los juicios de reclamación patrimonial que se están pergeñando.