El fracaso de los Decretos de recuperación de normalidad residencial y agrícola

El séptimo borrador del Decreto Ley de Recuperación de la Situación de la Normalidad Residencial y el Decreto Ley de Recuperación de la Situación de Normalidad Agrícola en la Isla de La Palma. Estos decretos, que pretenden establecer medidas equilibradas, no hacen más que crear inquietudes y descontento entre los damnificados.

En el caso del decreto residencial, se plantea la expropiación de terrenos y permutas de suelos, pero sin aclarar cómo se llevarán a cabo de manera equilibrada. No se consideran factores clave como el precio pagado por metro cuadrado o cómo se valorarán los suelos sepultados, lo que puede llevar a situaciones de enriquecimiento injusto y abuso por parte de la administración.

Las subvenciones directas por la destrucción total de la vivienda habitual, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, han resultado ser insuficientes. A pesar de haber otorgado 48 subvenciones por un importe total de 987.285 euros, solo cinco afectados han recibido la cantidad íntegra de 30.000 euros, la subvención menor es de 19,20 euros. La incompatibilidad de estas ayudas con las del Estado provoca que algunos damnificados no las reciban en su totalidad, generando una situación de desigualdad. Así, el Decreto de recuperación de normalidad residencial no cumple su propósito, dejando a muchos afectados en condiciones precarias.

Por otro lado, el Decreto de recuperación de normalidad agrícola propone una concentración parcelaria dirigida, financiada y ejecutada por la Administración Pública. Esta medida se presenta como una solución gratuita y atractiva, pero en realidad esconde discrepancias en el sector. Algunos agricultores prefieren comenzar de inmediato con la recuperación de sus tierras, mientras que la Consejería de Agricultura no dispone de los valores reales ni la financiación necesaria para llevar a cabo la concentración parcelaria de manera eficiente.

Ante estos adversos decretos, se hace evidente la necesidad de buscar soluciones realmente equilibradas. Una opción viable sería permitir la recuperación del 20% de los suelos sepultados en los bordes de coladas mediante la sorriba, beneficiando a los agricultores que deseen retomar sus actividades lo antes posible.

Cabe recordar que, en el pasado, las inversiones en el sector agrícola fueron financiadas en un 60% o 70% por el Estado, mientras que los propietarios contribuyeron con el resto mediante créditos blandos. Por lo tanto, sería lógico considerar soluciones similares para apoyar a los afectados en la actualidad, en lugar de implementar medidas insuficientes e injustas.

En resumen, tanto el Decreto Ley de Recuperación de la Situación de la Normalidad Residencial como el Decreto Ley de Recuperación de la Situación de Normalidad Agrícola están demostrado ser un fracaso en su objetivo de brindar soluciones a los afectados por la crisis. La falta de equidad y justicia en la implementación de estas medidas evidencia la necesidad urgente de replantear el enfoque.

Para lograr una recuperación sostenible y equitativa, es imprescindible abordar cuestiones como la valoración de los suelos expropiados y sepultados, garantizar que las subvenciones se distribuyan de manera justa y considerar las necesidades y preferencias de los agricultores en el proceso de concentración parcelaria. Solo entonces podremos hablar de soluciones verdaderamente equilibradas y justas para todos los afectados.