Más camas, menos hogares: el modelo que nos expulsa

Hace poco leí que Los Llanos de Aridane había recuperado el número de camas turísticas en viviendas vacacionales que tenía antes del volcán, y me estremecí. Eso, lejos del triunfo que podría significar para quienes nos gobiernan, para mí solo representa un nuevo fracaso para la sociedad palmera. Menos vivienda para quien la necesita, un mercado aún más tensionado y más exclusión para las rentas medias y bajas.

La sensación de frustración con el tema de la vivienda se está volviendo inaguantable. Incontables familias no encuentran casa, muchísimas personas jóvenes ―y no tanto― son incapaces de emanciparse y los desahucios por impago del alquiler son cada vez más frecuentes. El acceso a un techo digno en La Palma se ha convertido en un privilegio al alcance de pocos.

No hace falta ser una persona experta para ver que esto no es algo puntual, sino una emergencia estructural, y como para intentar buscar soluciones hay que entender la complejidad del problema, voy a intentar desgranarlo para arrojar algo de luz y pensar colectivamente en posibles soluciones.

Casas vacías y políticas ausentes
Según el último censo disponible, La Palma tiene 12.044 viviendas vacías —cifra que se duplicó entre 2011 y 2021—, lo que representa un cuarto del total. Detrás hay herencias compartidas, falta de recursos o miedo al alquiler, sí. Pero sobre todo, hay un fracaso político claro, la incapacidad de las administraciones para dar una respuesta valiente a una necesidad básica.

Desde Drago Canarias, ya advertimos a principios del año pasado de esta situación, y de que desde 2021 existía una herramienta del Gobierno de Canarias —el Programa de Vivienda Vacía— que no se estaba utilizando. Su objetivo era poner los inmuebles desocupados en el mercado del alquiler a un precio asequible, ofreciendo a los propietarios garantías como el pago puntual, la devolución del inmueble en buen estado o la gestión integral del arrendamiento.

Pero a pesar de contar con más de 3,4 millones de euros, a julio de 2023 se había ejecutado poco más del 10 % del presupuesto y solo se había logrado movilizar una vivienda. La herramienta existía. Los fondos también. Lo que faltó, una vez más, es voluntad política y capacidad de ejecución. Mientras tanto, el precio del alquiler en Canarias no ha parado de subir. Más de un 21 % en el último lustro, uno de los mayores incrementos del Estado.

Un sistema público de vivienda profundamente deficiente
Entre 2020 y 2022 solo se asignó vivienda pública a tres familias en La Palma, y a día de hoy, más de 530 personas —casi el doble que hace cinco años— siguen (des)esperando en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida en la isla.

Podría parecer que, aunque se ignore la vivienda vacía, el gran anuncio del Cabildo el pasado enero —la construcción de 421 viviendas públicas y protegidas en cuatro años— será la solución milagrosa al problema. Ojalá fuera así. Pero, conociendo el contexto, cuesta creerlo. ¿Por qué?

En su informe de septiembre de 2023 para la Diputación del Común —con muy poca repercusión mediática, por cierto—, el Colegio de Arquitectos de La Palma (COA.LP) fue contundente: el sistema público de vivienda está atascado por múltiples deficiencias estructurales. Las más graves —y urgentes de abordar— son la falta de gestión efectiva del suelo y la inseguridad jurídica derivada de planeamientos de ordenación anulados u obsoletos que impiden avanzar en muchos municipios. A esto se suman normativas desfasadas, la escasez de personal técnico en ayuntamientos, la carencia de incentivos para promotores y los altos costes administrativos y constructivos.

Por mucho que el Cabildo prometa que va a construir vivienda pública, si no se centra primero en resolver todos estos problemas de base, esas viviendas se quedarán en eso, en promesas; porque son precisamente esos obstáculos que destaca el COA.LP los que nos han traído hasta los ínfimos niveles de vivienda pública que estamos sufriendo hoy en día y que evidenció tristemente la crisis habitacional posvolcán.

Un mercado de alquiler completamente roto
En el momento en que escribo estas líneas, solo hay once viviendas disponibles para alquiler de larga estancia en toda la isla. Las de una habitación rondan los 600 o 700 euros, y las de tres o cuatro habitaciones, adecuadas para una familia, superan con facilidad los 1.000. En una isla con sueldos bajos y empleo precario, esto no es solo un problema, es un mecanismo directo de expulsión.

Y no, no es casualidad. En solo dos años, el número de viviendas vacacionales ha crecido más de un 40 %, alcanzando ya las 2.255. Un fenómeno favorecido, entre otras cosas, por normas como la “ley de las islas verdes”, que bajo el pretexto de diversificar el desarrollo rural terminó abriendo la puerta al uso turístico del suelo rústico. Entre 2015 y 2020, el 93 % de las nuevas plazas turísticas en La Palma se ubicaron en suelo no urbanizable. Se frenó la vivienda habitual, pero se aceleró la turistificación silenciosa del territorio.

A eso hay que sumarle una inacción institucional escandalosa: seguimos sin una normativa clara que limite o regule este tipo de alojamiento, no existe un sistema eficaz de inspección sobre lo que se oferta en las plataformas, tampoco hay incentivos reales para que los propietarios apuesten por el alquiler residencial y se permite el uso turístico incluso en viviendas protegidas, ilegales o fuera de ordenación.

Todo está pensado para facilitar el negocio, no para garantizar derechos.
Y paralelamente, nadie está poniendo freno a la acumulación de viviendas en manos de unos pocos. En La Palma, casi un 7 % del parque residencial ya está controlado por grandes tenedores, es decir, personas con más de diez propiedades. Pero si miramos a municipios especialmente tensionados como Tazacorte, el porcentaje sube hasta el 16 %. Cabe destacar, además, que en Canarias ya un 60  % de las propiedades se compran a tocateja, lo que da una pista clara del perfil de quienes están acaparando el mercado: inversores con capital sobrante, no familias que buscan un hogar.

Esta concentración y especulación que acaba vaciando nuestros barrios sucede ante la mirada impasible —cuando no directamente cómplice— de las instituciones.

¿Para quién se está diseñando el modelo de isla que se está construyendo?

El privilegio de invertir sobre el derecho a vivir
En este contexto, resulta llamativo —por no decir indignante— que el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, defienda ahora un modelo turístico que vende como vinculado al territorio, que rechaza las grandes infraestructuras hoteleras, pero apuesta por la construcción de villas de lujo. ¿Qué significa hablar de “vínculo con el territorio” mientras se promueve un modelo basado en capital externo, con beneficios que rara vez se quedan en la isla?

Los datos son claros. Según el estudio “La segmentación del gasto turístico: el caso de Canarias”, más del 80 % del gasto de los turistas alojados en establecimientos de lujo se realiza en origen, a través de paquetes cerrados. Menos del 20 % del dinero circula realmente en la economía local.

Pero además, este modelo no va a contribuir en nada a aliviar la crisis de vivienda. Las villas de lujo apuntan a un segmento de turistas completamente distinto al que se aloja en viviendas vacacionales, por lo que no reducirán la presión sobre ese mercado ni liberarán camas. Al contrario, consolidan un sistema especulativo que agrava el problema de fondo y empuja aún más a la población local fuera del acceso a un techo digno.

Quien no gobierna para su gente, lo está haciendo contra ella
La crisis de la vivienda en La Palma es una cuestión de prioridades, y el Cabildo tiene margen de sobra para actuar si de verdad quisiera hacerlo.

Podría activar el Programa de Vivienda Vacía con censos y diagnósticos serios, atención técnica a propietarios y demandantes y subvenciones que permitan rehabilitar lo que hoy está cerrado y cayéndose a cachos. Podría generar empleo local vinculando ese programa a empresas de la isla. Podría liderar la actualización del planeamiento municipal, crear oficinas comarcales de urbanismo y apoyar a los ayuntamientos que hoy agonizan sin personal técnico ni capacidad operativa. Podría, incluso, apostar por modelos cooperativos y acompañar procesos comunitarios de acceso a la vivienda. Podría hacerlo. Pero no lo hace.

Y mientras tanto, cada familia que no encuentra casa, cada persona que se ve obligada a marcharse, cada vida atrapada por un alquiler imposible es la prueba de que seguir como hasta ahora no es una opción.

En La Palma no faltan casas, lo que falta es voluntad política para que estén al servicio de quienes las necesitan. La única manera de cambiar eso es organizarnos, exigir otra forma de gobernar y poner en el centro lo que de verdad importa: el derecho a vivir aquí, con dignidad y con futuro.

*Sara Hernández, portavoz de Drago Canarias en La Palma.