Santo Domingo, Dirección General de Migraciones y Pasaportes

Hoy volví a la fila frente a la Dirección General de Migraciones y Pasaportes de la República Dominicana, un país hospitalario de gente amable y jovial. Desde la fila, sobre las cabezas haitianas, mayoría que me rodea, puedo observar el sol naciendo sobre el Caribe y la arboleda que da sombra al largo malecón de Santo Domingo. El tono amable se rompe desde muy temprano por el ruido de autos, motos, guaguas y camiones que no dejan de pasar. A esta primera hora de la mañana, ya somos unos doscientos en la fila, y seguirá creciendo el número hasta que a las 8:00 abran la puerta y empiecen a recibirnos.

Con este proceso me está dando algo de vértigo: me siento ya mayor y veo que todos los requisitos se me hacen cuesta arriba. Desde pedir un certificado de penales mediante mi DNI electrónico hasta pagar una póliza de seguro, también a través de las tecnologías.

Pienso para mí que esto de migrar es cosa de jóvenes. Luego, cuando miro a mi alrededor, veo muchos rostros de personas que difícilmente han tenido la formación que yo tengo y la posibilidad de saltar al mundo digital que sí se dio en mi vida. Mientras esperamos fuera, bajo el todavía dulce amanecer de enero en Santo Domingo, entre las filas de quienes esperamos van pasando personas con alguna oferta: desde quien te hace una ensalada sobre la marcha, te vende un jugo o te ofrece su fotocopiadora, impresora o estudio portátil de fotografías, por si hay algún problema.

No es extraño ver a “abogados” o “asesores” que llevan de la mano a un grupo de migrantes y entran juntos, ellos y ellas, a la hora de pasar a las ventanillas. Observo que muchos hablan “kreyòl ayisyen”, que es como se dice en su propia lengua el habla de Haití. Un funcionario dominicano, con amabilidad y buen tono, grita: “Yo no hablo creol, por favor, interpreten…”, y a continuación pronuncia a su modo un nombre que no alcanzo a entender. Con mi torpeza, lo más normal es que cuando deje la oficina, lo haga con otra cita para acabar de traer los papeles que, esta vez, no acerté a meter en el dossier.

En medio de la fila parezco “gringo”. La mayoría de quienes me acompañan en este proceso provienen de la otra mitad de la isla, Haití. Las políticas de expulsión que aplica el gobierno dominicano están denunciadas por múltiples organizaciones sociales, eclesiales, nacionales e internacionales.

Minneapolis y Saint Paul (y otras ciudades)
Me escribe mi amiga (no diré su nombre)… Desde… (no diré su ciudad) en Estados Unidos. Está asustada: teme que acabará por ver allí lo que ya vivió en su país… (no diré su país) cuando tuvo que salir por amenazas de violencia o cárcel. Habla de lo que ve: gente sin uniforme, con armas, con las caras tapadas por pasamontañas (¿les suena?) que se enfrentan a la ciudadanía y disparan.

La escena siguiente es de un compañero sacerdote puesto de rodillas sobre el hielo que cubre el suelo a la entrada del aeropuerto internacional de Minneapolis-Saint Paul. Está junto con otro grupo de clérigos. Sobre su abrigo cuelga de su cuello la estola propia de las celebraciones sacramentales. Lo rodean agentes de policía. Hablan de cientos de clérigos detenidos (católicos, de otras confesiones cristianas y de otras tradiciones religiosas).

Ya sabemos que el señor Trump nunca ha sido una persona muy religiosa (y eso que la sociedad norteamericana sigue siendo mucho más explícitamente religiosa que nuestra tradicional Europa). Sin embargo, aseguró que se había salvado del atentado de julio de 2024 en Pensilvania por expresa voluntad de Dios (segundo mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano). El caso es que actúa como si Dios no existiera o, al menos, como si su Dios no quisiera a los pobres, los amigos del Cristo pobre y humilde que pasó haciendo el bien. Además, tampoco es muy respetuoso con las personas que de un modo u otro representan a las organizaciones religiosas. Recuerdo aquello de “caudillo por la gracia de Dios”.

En Miami tuvo lugar la última semana de enero el encuentro del Servicio Jesuita Migrantes de los Estados Unidos. En una jornada simbólica, celebraron la eucaristía en la Iglesia de Gesú y, posteriormente, se fueron al centro de la ciudad, frente a la Corte de Inmigración, para hablar de lo que allí se está viviendo.

Moncloa (y no la Carrera de San Jerónimo)
Un amigo del Partido por un Mundo Mejor me habla con alegría de la decisión del gobierno de sacar adelante un decreto para proceder a la regularización de un buen número de personas que viven en España sin los documentos necesarios. Muchas organizaciones sociales han empujado para que se proceda a esta regularización. Muchas instituciones eclesiales y la propia Conferencia Episcopal. Así que me sumo a la celebración. Conozco a muchas personas en esa condición; me alegro con ellas.

Claro que es verdad que lo que se aprueba ahora no es la propuesta de la iniciativa legislativa popular impulsada por estas organizaciones. Había muchas firmas que tenían la intención de generar una ley que, aunque fue aceptada a trámite por muchos grupos políticos, no conseguía avanzar en su redacción por falta de consenso. Y es que es una cuestión que divide a la sociedad. Así que el gobierno busca un recurso diferente: cambiar el reglamento, no la ley. Me parece que, hoy por hoy, la mayoría de la población española acoge con gusto a los migrantes y quiere que puedan incorporarse a nuestra sociedad con la mayor cobertura legal. Sin embargo, como sucede en todo el mundo occidental, es una cuestión que enardece a otros grupos sociales, fundamentalmente situados entre la población con menos recursos, que viven a los migrantes como una amenaza o, al menos, como una competencia.

Por eso me parece que una regularización extraordinaria, con límites temporales para evitar eso del “efecto llamada”, no me deja del todo feliz. Creo que el tema de migraciones tiene que entrar como una política estructural de inversión de las sociedades occidentales. No es razonable que en cualquier ciudadano que nazca en nuestro país gastemos por años y años un montón de recursos públicos para garantizar su formación, su competencia profesional y su integración como ciudadanos de pleno derecho… y que, sin embargo, queramos incorporar a las personas que ya están prestando un servicio en nuestra sociedad, muchas veces en la economía sumergida, sin gastarnos un capital importante en su formación y su integración social. Si no lo hacemos así, la llegada de migrantes puede engrosar la marginalidad como muestran los informes sobre pobreza.

Pero eso, por supuesto, tiene también que tener reflejo en políticas sociales orientadas a quienes ya están en esa exclusión social para que puedan salir de esa situación sin que sientan a quienes apenas llegan como oponentes que les quitan sus recursos.

Esto es importante porque si no hacemos esas políticas podemos encontrarnos con lo que hoy estamos viendo en Estados Unidos: un gobernante que se sienta legitimado por sus votantes para expulsar de forma masiva y cruenta a quienes han venido a buscar una tienda entre las nuestras. Y ya no tenemos muchas certezas de que Francia tenga, antes o después, un gobierno que llegue al poder precisamente impulsado por el voto de quienes ven a los migrantes como amenazas. Ciertamente, esto no se resuelve solo con medidas extraordinarias de regularización. De hecho, hace unos años, siguiendo la reflexión de Daniel Izuzquiza SJ, nos sumamos a una propuesta de unos cuantos puntos para una política que respetara la dignidad de las personas y nos permitiera ayudar mejor a todas las personas implicadas:

Una actuación incluyente que responsabilice a todos los actores sociales y a toda la ciudadanía, sea esta de origen migrante o autóctona.

Un asociacionismo fuerte, que recoja la diversidad y combata la desigualdad, de cara a la tarea que juntos tenemos por delante.

La mediación intercultural como instrumento para “contribuir a favorecer espacios cotidianos de convivencia plural y entrecruzada”.

Una escuela verdaderamente inclusiva, que “debe ir de la mano de la lucha contra la segregación educativa que, desgraciadamente, parece ganar terreno en nuestros contextos” y, finalmente,

Un enfoque psicosocial de la integración que vaya más allá de lo jurídico, lo político y lo económico.

¿No sería esa la mejor manera de evitar muros en nuestras propias casas y en nuestros espacios políticos? Si no lo hacemos así, me parece que las migraciones seguirán siendo cuestión de campaña partidaria y no cuestión de la vida de la gente.