Sobre la denominada reconstrucción de La Palma: Un peligroso balance

La erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021, ocupó 1.220 hectáreas de suelo, lo que equivale, aproximadamente, a 1.743 campos de fútbol, representando el 1,72% del territorio insular. Dada la magnitud de la tragedia, lo sensato es convencernos todos que reconstruir lo cubierto por la lava, es prácticamente imposible desde el punto de vista técnico y material e inasumible económicamente por parte de las administraciones públicas.

Eslóganes promovidos en su momento por el Cabildo, del tipo “más fuertes que el volcán”, del que incluso se hicieron pegatinas que ocupaban masivamente las lunas de los vehículos y los escaparates de los comercios, no dejaban de ser, un burdo reclamo populista, creando falsas expectativas en miles de personas afectadas.

El principal protagonista, artífice o promotor de los diversos proyectos iniciados desde la finalización de la erupción, vinculados a la mal denominada “reconstrucción de La Palma”, ha sido y es, el Cabildo. Eso sí, con la necesaria colaboración económica del gobierno central y el autonómico, que han aportado la inmensa mayoría de fondos y que estimamos en torno a 2.000 millones de euros.

La erupción volcánica y la crisis posterior, ha sido la mejor excusa que ha tenido el Cabildo, para intentar seguir introduciendo a la isla en el mercado turístico internacional o lo que es lo mismo, propiciar un giro a la economía insular, en el sentido, de que el turismo sea el sector sobre el que pivote la estructura económica de La Palma.

En este sentido, el penúltimo despropósito ideado por algunas mentes privilegiadas de la administración pública, ha sido la iniciativa de un proyecto a ejecutar en el entorno de la ermita de la Virgen del Pino, denominado “Centro de Visitantes Macaronésico Forestal Pino de la Virgen”, contando con un presupuesto próximo a 430.000 euros. Los promotores del proyecto no debieron darse cuenta, pero se tarda más en leer el cartel informativo del proyecto que en ejecutar la obra.

La Palma tiene 21 problemas.  Nos estamos refiriendo a los 21 consejeros que se sientan en el salón de plenos del Cabildo. Estos tres partidos llevan muchos años proponiendo, básicamente, lo mismo y por ello, están votando por unanimidad numerosos asuntos trascendentales para la isla. En el salón de plenos del Cabildo no existe oposición política real porque los tres quieren 25.000 camas turísticas en La Palma y así lo acordaron hace más de 20 años.

Han decidido por unanimidad, instar al Gobierno de España, a que modifique la ley de contratos del sector público y así poder seguir contratando bajo el amparo de una supuesta emergencia y con ello, suavizar la fiscalización administrativa y favorecer la opacidad y falta de transparencia en los expedientes de contratación.

Asimismo, han votado por unanimidad la declaración de “interés insular” al proyecto turístico “Dichosa Wellness Clinic”, en el Valle de Aridane, donde, en ningún momento, se ha argumentado con una mínima solidez y objetividad, lo que el Cabildo entiende por “interés insular” y por qué se le otorga al mencionado proyecto.

Ninguno quiere impulsar una reorganización administrativa en la isla, con el objetivo de que existan sólo tres municipios en La Palma. Ninguno ha abierto un debate serio sobre el preocupante futuro del sector platanero y la urgencia de dar un giro al sector primario, para vincularlo al mercado local y reducir la dependencia alimentaria de la isla, como un casunto estratégico de primera magnitud. Todos han estado apoyando de una manera u otra y de forma recurrente, la gestión catastrófica que estamos haciendo de los residuos desde finales de los años 80 del siglo pasado, incumpliendo gran parte de la normativa reguladora y así, podríamos continuar.

Los tres partidos han apoyado el destrozo irreversible que se está ocasionando en las coladas del volcán, que siendo uno de los suelos más jóvenes del planeta, se está actuando sobre este espacio como si se tratara de un solar. Hay zonas que se han convertido en escombreras, dejando abandonada, incluso, maquinaria pesada. Todo esto lo estamos observando cada día con el increíble, cómplice y bochornoso silencio de la comunidad
científica, la Reserva de la Biosfera de La Palma y de las universidades públicas de Canarias.

Mención especial tenemos que hacer al tema de las carreteras. Estamos sufriendo en La Palma la “legislatura de las carreteras”. La totalidad del pleno del Cabildo está defendiendo una política suicida en materia de carreteras, que ha originado un desastre en Tazacorte o Tijarafe y si nadie lo remedia, seguirá originando una catástrofe ambiental y paisajística para todo el noroeste de la isla, desde El Time hasta Llano Negro, en Garafía y con unas previsibles consecuencias que se volverán en contra de los intereses económicos y sociales de la comarca.

Quisiéramos hacer mención a la obra que se está finalizando actualmente en la conocida como “curva de los castañeros”, en la carretera general de la cumbre. Esta obra no va de seguridad vial, como afirma el Cabildo. El verdadero sentido de la carretera es que constituye la puerta de entrada al Valle de Aridane, porque la pretensión última de algunos, es la urbanización turística de las Hoyas, del área entre Puerto Naos y el Charco Verde y alguna actuación en el Puerto de Tazacorte, el entorno del Club de Tenis o Las Manchas y con ello, destruir para siempre uno de los suelos agrícolas de más calidad en
Canarias.

Se trata de poder conectar con la futura circunvalación de El Paso, un segundo túnel en la cumbre, el desdoblamiento de la carretera entre Los Llanos y El Paso, con un tercer carril y todo ello, junto a la conexión prevista entre el Remo y Fuencaliente y las nuevas carreteras construidas sobre la lava, con el fin de transformar por completo el Valle de Aridane hacia una economía y un territorio al servicio del mismo turismo que ha sumido al Archipiélago en un estado de emergencia social, económica y territorial y en muchos aspectos, próxima al colapso.

El Decreto Ley 3/2026, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, en su primera página, señala textualmente que “…nuestra economía, condicionada por el significativo peso de la actividad turística, nos hace mucho más vulnerables a los efectos, directos e indirectos, de estas crisis…”.

Pues bien, en estas dos líneas, que no están escritas por peligrosos grupos de extrema izquierda, ecologistas utópicos o independentistas, el propio Gobierno de Canarias está reconociendo la debilidad y fragilidad del modelo económico del Archipiélago, que es el mismo que el Cabildo de La Palma, junto con empresarios vinculados al CIT Insular de La Palma o FEDEPALMA, llevan años queriendo introducir en esta isla.

El mencionado párrafo del Decreto Ley 3/2026, lo ha redactado el mismo gobierno que calificaba de “éxito” hace pocos meses, que Canarias hubiera recibido más de 18 millones de turistas en el año 2025. Las dos afirmaciones son antagónicas entre sí. No se puede celebrar el récord anual en la entrada de turistas en el Archipiélago y al mismo tiempo, definir como vulnerable dicho modelo. Una afirmación o la otra. Desgraciadamente, en la política canaria y entre parte del empresariado, la coherencia en los discursos públicos brilla por su ausencia y por eso el Boletín Oficial de Canarias soporta todo lo que se
escriba en él.

La gestión llevada a cabo o impulsada por el Cabildo de La Palma en estos últimos cinco años y vinculada con la gestión de la crisis posterior a la erupción volcánica, ha sido despilfarradora de recursos económicos y no económicos, ineficaz y poco eficiente en la consecución de los objetivos y muchas veces opaca y poco transparente en el otorgamiento de líneas de ayudas a personas, agricultores, empresarios y entidades. La aparente mejoría en términos de empleo que se está generando en la isla, es solo eso, aparente y coyuntural.

Este Cabildo y los anteriores, han sido y son el principal obstáculo para poder desarrollar en esta isla, otra forma de organizar la administración, el territorio y la economía, que no nos lleve al precipicio al que vamos encaminados. De seguir así, no se trata de saber si llegará el colapso económico, social y ambiental, sino cuándo.

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez
Economista