Los efectos de la recesión económica que se inició en España durante el 3º Trimestre del año 2008 se han venido manifestando en una altísima tasa de desempleo, el cierre continuado de pequeñas empresas y negocios y un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de cientos de miles de personas y familias.
En Canarias, dichos efectos son relativamente más graves que lo que las estadísticas señalan para el conjunto de España y es por ello que la isla de La Palma está sufriendo en su estructura social y empresarial, con toda crudeza, la recesión económica.
El signo más visible de la recesión económica se observa en los datos del desempleo; en este sentido, durante el segundo trimestre de 2010, se ha estimado para La Palma una tasa de paro del 25,58 %, frente al 29,48 % en la Comunidad Autónoma y el 20,09 % a nivel nacional. Asimismo, la evolución del desempleo en La Palma desde el inicio de la recesión, ha sido más lenta que para el conjunto del Archipiélago.
Los estudios que ha venido realizando la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias sobre las condiciones de vida de la población canaria, constatan que la realidad del Archipiélago y de La Palma es "dramática". En este sentido, en torno a 19.500 personas pueden estar "bajo el umbral de pobreza relativa" en La Palma y el ingreso disponible por hogar en la isla es 312 € inferior a la media de Canarias.
Este dramático "escenario social" expuesto con anterioridad, está siendo "sobrellevado" por cientos de familias palmeras en base a la solidaridad y apoyo familiar, la realización de actividades laborales en la "economía sumergida" y la vuelta al cultivo de pequeños huertos familiares.
Estas son las razones fundamentales por las que se hace necesario y oportuno iniciar una "tarea colectiva" con el objeto de "repensar" el presente de la isla y abrir un proceso de reflexión que posibilite, en el marco de los diversos ámbitos competenciales de las Administraciones Públicas de Canarias, la ejecución de políticas sociales y económicas con el objetivo de reducir el grado de vulnerabilidad y dependencia externa de la economía insular, frente a las inevitables fluctuaciones del ciclo económico internacional.
Todo ello, debe hacer reflexionar al conjunto de las Administraciones Públicas sobre la dinámica económica reciente de La Palma, con el objeto de actuar sobre los "ámbitos estratégicos" de la isla, que desde mi punto de vista deben hacer referencia fundamentalmente a la educación, la juventud, la gestión de los recursos naturales, el plátano, los servicios a las personas y familias y el funcionamiento de las Administraciones Públicas Locales.
Un elemento importante que puede constituir un obstáculo en la aplicación de estrategias de desarrollo a nivel insular, es la demografía. Según el Avance del Padrón con fecha 1 de Enero de 2010, la isla cuenta con una población de 86.996 personas, de una edad media de 41,9 años (la 3ª más alta de Canarias) y unos "Índices de Envejecimiento y Juventud", relativamente desfavorables respecto al resto de las islas.
Los estudios más fiables y recientes señalan que la población de la isla puede aumentar un 9,52 % hasta el año 2019, inferior en 3 puntos a la estimación de crecimiento para la población total canaria, pero lo significativo es que gran parte de este crecimiento se concentrará en los "segmentos poblacionales" de mayor edad.
La educación reglada impartida en los centros de enseñanza públicos o concertados, es necesaria, pero en absoluto suficiente para abordar de una manera integral la formación de la infancia y juventud de La Palma, de la misma forma que se está manifestando insuficiente para la adecuada integración en el mercado de trabajo del alumnado que finaliza los estudios en la Formación Profesional Específica, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
En este sentido, es fundamental aumentar y optimizar los recursos económicos que se destinan a las Administraciones Públicas Locales u otras instituciones públicas o privadas que tengan competencias y actúen en el ámbito de la enseñanza "no formal".
Se hace necesaria, en el marco de las competencias insulares y autonómicas en relación a la planificación del territorio, la efectiva protección del suelo agrario, tanto si está en producción como si no lo está, con el objeto de disponer de un recurso estratégico que garantice parte de las necesidades alimentarias, actúe como un "reclamo turístico" de primer orden, sea una herramienta de lucha contra la desertificación y ayude a "amortiguar" los efectos de las alteraciones del clima sobre el sistema productivo insular.
Según el "Censo Agrario", el cultivo del plátano en La Palma abarca una extensión de 3.728,70 hectáreas, creciendo un 13,67 % desde 2007 y ocupa aproximadamente al 5,91 % de la población empleada total de la isla.
A pesar de los datos anteriores, sería una irresponsabilidad pretender ocultar la incertidumbre que amenaza al sector del plátano de Canarias. El comportamiento variable de los mercados de destino, la paulatina limitación de las ayudas de la Unión Europea, los acuerdos comerciales de Europa con América Latina, la creciente expansión del cultivo bananero en amplias zonas de la costa oeste de África y el limitado relevo generacional de la población empleada en el sector, amenazan la pervivencia del sector platanero de La Palma, tal como lo conocemos en la actualidad.
En este sentido, en un futuro cada vez más próximo, se hará necesario abordar un proceso de "reconversión del sector del plátano", en la línea de la reconversión del sector industrial ejecutado en España durante los años 80 y que necesariamente tendrá que pasar por la producción ecológica, eliminación progresiva de los invernaderos y la transformación industrial del producto.
Un reto pendiente de la isla desde el punto de vista social, es la necesaria equiparación de los niveles de prestación de los servicios públicos sanitarios y educativos, así como el comercio, el ocio o la movilidad, al conjunto de la población, independientemente del lugar donde residan. En este sentido, la plena aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias, deberían constituir instrumentos fundamentales en el logro de estos objetivos.
Así, por ejemplo, la decisión del cierre progresivo de muchas "escuelas unitarias", fundamentalmente del norte de la isla, ha sido el motivo principal de que algunas familias del municipio de Garafía hayan tenido que trasladar su residencia habitual a Los Llanos de Aridane.
Se hace necesaria la efectiva coordinación intermunicipal en la prestación de servicios públicos y en la ejecución de infraestructuras de interés general. Asimismo, en el ámbito de las Corporaciones Locales, es urgente hacer más transparente el proceso por el que se accede a diversos puestos de trabajo en los Ayuntamientos, haciendo que se cumplan los principios legales de igualdad, mérito y capacidad de las personas.
Hoy por hoy, en La Palma no existe una óptima política forestal en los ámbitos de la protección ni en el aprovechamiento de sus recursos, la política hidráulica presenta graves carencias y déficits en cuanto a la disponibilidad agrícola a precios razonables, la propiedad del agua o el saneamiento en los núcleos de población y la política para la gestión de los residuos está lejos de planteamientos ecológicos y favorecedores para la creación de empleo.
La "agenda política" de las Corporaciones Locales, del Gobierno Autónomo y del Parlamento de Canarias, que se constituyan a partir de las próximas elecciones del año 2011, deberían incorporar o potenciar en su caso, las "líneas de trabajo" expuestas a lo largo de este escrito para una isla, La Palma, con multitud de necesidades sociales que abordar en el presente, pero que no debe "dejar de lado" la necesidad de reflexionar en "clave estratégica" sobre un futuro cada vez más próximo e incierto.
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