"Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que biuen [viven] en este mundo, son estas: el ayre e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera" (Partidas de Alfonso X El Sabio)
Desde hace un tiempo, son muy frecuentes las referencias en la prensa, y en otros medios de comunicación, a actuaciones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (antes Dirección General de Costas) en islas de esta provincia. Una rápida visita a cualquier hemeroteca o una consulta en Internet nos llevará a la conclusión de que destacan sobremanera las notas de prensa, noticias o reportajes en los que se resaltan aspectos de carácter negativo, centrándose, casi siempre, en "derribos" o "amenazas de derribos". Esas críticas vienen, además, de instituciones, partidos políticos (algunos con escasa memoria), colectivos vecinales, etc, que parecen haberse puesto de acuerdo para atacar las actuaciones que desde Costas (así de paso critican al Gobierno actual) se hacen, con el amparo de la Ley de Costas (1988), para la conservación y el mantenimiento de nuestro litoral y para mejorar las condiciones de acceso y uso por todos los ciudadanos, y no por unos pocos que, en su momento, decidieron asentarse en esa franja tan sensible de nuestro territorio y disfrutar en exclusiva (en algunos casos vivir) de lugares privilegiados.
Al hablar de las ocupaciones ilegales de nuestro litoral, y hay muchas (sobre todo en Tenerife y La Palma), no nos centramos sólo en una cuestión de tipo jurídico. El problema no deriva simplemente de que nuestra legislación considera que ese espacio es de dominio público, con las limitaciones y condiciones que ello impone a todos (y no hablamos sólo de la vigente Ley de Costas, sino también de la anterior de 1969, de la Ley de Puertos de 1928…). Es decir, no se trata únicamente de un incumplimiento de la Ley. Es algo más amplio. Se trata de que hay personas que han acabado, por la vía de los hechos, privatizando trozos de nuestro litoral, apropiándose de terrenos que ahora disfrutan de modo particular, cuando son públicos, cuando deben estar disponibles para que disfrutemos libremente de ellos todos nosotros. Se trata de que, en muchos casos, esas ocupaciones han limitado, cuando no impedido, el acceso a la costa de todos los ciudadanos que lo deseen (hay muchísimos lugares de nuestro litoral por los que es imposible caminar debido a construcciones que llegan hasta el borde mismo de los acantilados o las playas). Se trata de que enclaves costeros de nuestras islas, visitadas por millones de turistas, no son precisamente un ejemplo de calidad estética. Tampoco son una especie de muestra de nuestras tradiciones y valores culturales digna de obtener la calificación, como les ha dado ahora a muchos, de bienes de interés cultural o espacios singulares a proteger (téngase en cuenta que la mayoría de esos núcleos arrancan en los años setenta del pasado siglo XX). Se trata, finalmente, de que esas ocupaciones tienen un indudable impacto ambiental (no pasemos por alto el vertido de aguas residuales sin ningún tipo de control ni depuración), que, dicho sea de paso, tampoco parece preocupar demasiado a los ecologistas y grupos políticos afines de esta tierra. De hecho, las actuaciones de Costas que, como objetivo prioritario, buscan la protección de nuestro litoral, pocas veces, si ha habido alguna, han recibido el apoyo de colectivos ecologistas. Particularmente lo que he oído son, más bien, críticas disparatadas que vienen a considerar a Costas, dicho rápidamente, una especie de avanzadilla de especuladores y promotores inmobiliarios, inversores del sector turístico…, que allana el terreno y lo despeja de sus ocupantes para beneficio del Capital. Otros, aunque coincidentes con éstos en lo comentado, ven además a Costas como una especie de azote de los "pobres" que han ocupado por necesidad esos lugares de nuestro escaso territorio, olvidándose de que también hay empresarios y familias adineradas.
Ni empresa de derribos, ni azote de familias modestas (la mayor parte de las construcciones que invaden ilegalmente nuestro litoral son "segunda residencia"), ni de supuestos "poblados marineros", ni "socio" de especuladores y promotores inmobiliarios… Costas lo que ha venido haciendo en estos últimos años ha sido actuar de acuerdo con la Ley de Costas, que trata, por un lado, de recuperar espacios invadidos de manera anárquica para el uso y disfrute libre y gratuito de todos y, al mismo tiempo, de conservar y proteger nuestras costas. ¿Dónde están los que hablan continuamente de sostenibilidad? ¿Dónde están los que hablan de mejora de nuestro entorno y nuestros paisajes para el turismo, para un turismo de calidad? ¿Llevarían a los turistas a muchos de esos núcleos? ¿Qué hacemos con los vertidos al mar sin depurar que contaminan nuestras playas y lugares de baño, y el pescado que comemos?
Los que critican a Costas se olvidan de la enorme inversión de ese departamento del Gobierno de España en la mejora, recuperación y regeneración de playas y otros lugares de baño, en la construcción de paseos para que todos podamos disfrutar de nuestras maravillosas costas, en la recuperación y conservación de nuestro litoral, etc., lo cual supone un importante beneficio para todos los usuarios (población local, visitantes y turistas) actuales y futuros de esos espacios. Valgan como ejemplos las actuaciones de recuperación del litoral de El Sauzal y de Playa Nueva en La Palma. La inversión que se ejecuta ahora en la provincia supera los 30 millones de euros (la mayora parte de ellos en Tenerife, hasta que comiencen las obras de la playa de Santa Cruz de La Palma, la mayor inversión estatal de Costas en una única actuación). Y la correspondiente a obras con procedimientos iniciados y a las previstas se sitúa por encima de los 310 millones de euros. Son, ciertamente, inversiones muy importantes para nuestras costas, para todos nosotros, en definitiva.
Con frecuencia, se defiende a unos pocos ciudadanos (o empresarios) que han disfrutado en exclusiva de lo que pertenece a todos. Y frente al interés general, que es el que prima en la Ley de Costas y en la actuación del Gobierno, se sitúan los intereses de una minoría, instrumentalizada en momentos cercanos a las elecciones. Porque hasta ahora sólo he oído a los afectados y a los que, por interés político, les apoyan. Pero, ¿qué dicen todos los ciudadanos y ciudadanas de estas islas que no tienen una vivienda en primera línea de playa, en un terreno que pertenece a todos? ¿Están a favor de que la usen unos pocos que se apropiaron de un espacio público, a veces hasta para hacer negocio? Un sondeo por Internet realizado por un periódico de esta provincia (El Día) en enero de 2007 arroja unos datos bastante claros y contundentes: el 64,3% de los que respondieron opinaron que debía aplicarse con firmeza la Ley de Costas. Sólo un 10% creía que no debía derribarse nada.
Desde el Gobierno se tiene claro, y creo que también muchos canarios y canarias, que nuestro litoral es de todos y ha de ser para que disfrutemos de él todos nosotros en las mejores condiciones, ahora y en el futuro. Y en esa línea, no en otra, trabaja el departamento de Costas del Gobierno de España.
(*) Subdelegado del Gobierno de España en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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