Una necesaria y profunda reflexión

Es razonable que, con la que está cayendo, decenas de miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores, parados y pensionistas hayan tomado las calles de nuestro Estado. Sobran motivos. No podemos permanecer inmóviles ante ataques directos a los derechos fundamentales más básicos. La precariedad laboral, los salarios de miseria, los recortes sociales, la altísima tasa de desempleo juvenil, alrededor del 45 %, etc., son sólo algunos de los factores que han "empujado" a tomar la calle.

El movimiento 15-M ha marcado un precedente, es el camino mediante el cual, de una vez por todas, se lleva a la clase política a potenciar los cauces de participación actual y crear nuevos mecanismos que permitan a la juventud formar parte del desarrollo de las políticas públicas que les afectan. Si los datos nos dicen que más del 80% de los jóvenes consideran que tienen "poco" o "ningún interés" en la política, esto debería hacer reflexionar a nuestros representantes en esta materia y encauzarlos en pro de unas políticas que se distingan por inclusivas y participativas, fomentando, a su vez, el tejido social. Si queremos democracia real, necesitaremos transformar la sociedad. La democracia sin justicia social no es real.

La participación, opinión y reivindicación de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes tiene que ser valorada y escuchada por la clase política. No sería yo el primero en afirmar que la juventud es el motor de los principales cambios de la sociedad. Y, si es así, es inadmisible que vivamos en un país en el que se permita acampar para ver a un ídolo de adolescentes y que, paradójicamente, se cuestione, por parte de algunos, que se haga en defensa de nuestras condiciones de vida. 

Así, los que definían como "poco apropiadas" las acciones, reivindicaciones, en plena campaña electoral, del Movimiento 15-M, Democracia Real Ya, tienen que tener en cuenta que, en el 2009, una organización juvenil española presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). El TC en la sentencia recogió que "extender el carácter de acto de campaña electoral a todo aquél que, de forma indirecta o subliminal pudiera incidir en la voluntad de los electores por coincidir con alguna de las ideas defendidas por las opciones políticas que concurren en el proceso electoral (…) supondría, en aras de la "pureza de la campaña electoral", permitir que se prohíban, con la consiguiente vulneración del derecho a la libertad de expresión, todas aquellas manifestaciones públicas realizadas durante la misma que no hubieran sido efectuadas por candidatos, partidos, federaciones o agrupaciones". Dicha sentencia, sin duda, representó una clara victoria del movimiento juvenil y, en general, de la participación ciudadana, frente a lo que constituía un escandaloso atropello a un derecho democrático fundamental como es el derecho a manifestación, reunión, libertad de expresión y que sentaba un peligroso precedente para el futuro. ¡Basta ya de represión contra la juventud!

¿Y ahora qué? Visto que nadie duda ya del derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a gozar de unas garantías básicas como la vivienda, el empleo o la sanidad, apremia la necesidad de tener una auténtica separación de poderes, con una auténtica reforma del Ministerio Fiscal que garantice lo citado. Tómese como ejemplo que ni el Poder Ejecutivo sea el encargado de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, ni del Consejo General del Poder Judicial. Se debe, entonces, reformar la Ley Electoral y apostar porque la lista más votada sea la que gobierne, por listas abiertas, y, de una vez por todas, en un esfuerzo de abogar por la transparencia de nuestro sistema democrático, que las fuerzas políticas no permitan que en sus filas figuren tránsfugas e imputados en listas electorales. Se tiene que diseñar mecanismos más participativos, ¡somos algo más que un voto!

Desde estas líneas, animo a "los Indignados" a que hagan lo posible por extender la lucha de la juventud, por mantener la decisión de las acampadas y por realizar asambleas por las principales ciudades del Estado, en los barrios, esto es reforzar con acciones más decisivas y que supongan un paso hacia adelante la lucha comenzada y que, parece, "pinta bien". ¿Y por qué no? Es más que recomendable realizar manifestaciones unitarias a lo largo del mapa español y promover la organización de una nueva huelga general, no viable, dicho sea de paso, sin que las direcciones de CC.OO. y UGT abandonen el hábito de pactar con el gobierno y se encaminen al unísono con el movimiento del 15-M.

Jafet Barreto es presidente de "Alternativa XXI"