Ganaron los vecinos, perdió el piche

Se hizo justicia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia el 15 de octubre de 2012 por el que estima el recurso interpuesto por el vecino Don José Vicente González Toledo, contra el Decreto 201/2009 del entonces señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Don Juan Ramón Rodríguez Marín, por el que éste concedió, a la empresa Ruiz Romero Firmes y Construcciones, licencia de instalación para una planta de producción de aglomerado asfáltico en el Callejón de la Gata.

La sentencia anula la licencia porque en un radio de 500 metros de la planta hay más de 90 viviendas, cinco colegios y los núcleos poblacionales de Tajuya, La Laguna y Todoque y por tanto incumple la normativa vigente en materia de distancias de los vecinos a industrias contaminantes.

En Canarias esa normativa sigue siendo el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 21 de noviembre, cuyo artículo 4 in fine establece que las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, solo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada.

En el año 2009 un grupo de vecinos encabezados por un farmacéutico, un profesor y un economista constituyeron la Plataforma contra las plantas de asfalto en el Valle de Aridane para defender el derecho de los vecinos a la salud y a no ser contaminados por esa industria.

Los vecinos afectados viven en los barrios de La Laguna, Tajuya, Todoque, y Tendiña. Son los vecinos ideales, no se quejan y pagan los impuestos e históricamente siempre han tenido menos infraestructuras deportivas, culturales y sociales que los vecinos del casco.

En los 30 años de democracia local llanense desde 1979 hasta el 2009 jamás hubo una manifestación en mi pueblo, jamás hubo una plataforma de la sociedad civil contra las decisiones que tomó el gobierno municipal. Hasta que un grupo de vecinos dijo basta. Sin reuniones o explicaciones previas a los vecinos, el Ayuntamiento de Los Llanos, concedió licencia a una empresa para la instalación en el Callejón de la Gata de industrias contaminantes de asfalto. Estos vecinos comprobaron entonces como su Ayuntamiento, el gobierno del pueblo, se había convertido en el gobierno para el pueblo pero sin el pueblo emulando las mejores épocas del despotismo ilustrado.

La Plataforma, con las aportaciones económicas de los vecinos, contrató un despacho de abogados de Tenerife que nunca ha tenido miedo al poder, solicitó informes a expertos que demostraban que la emisión de partículas contaminantes al aire desde esta industria asfáltica provoca enfermedades tan graves como el cáncer.
Se constituyó un movimiento transversal de vecinos de todas las edades y de todas los sectores sociales agricultores, funcionarios, autónomos, jubilados, trabajadores por cuenta ajena, empresarios que solo querían que ellos y sus hijos vivieran como hasta ahora, limpios de piche, en la isla, Reserva de la Biosfera, más verde del archipiélago canario, esa isla de la que presumimos y recomendamos visitar los que vivimos fuera.

Se celebraron dos manifestaciones multitudinarias que constituyeron un hito de la sociedad civil palmera tan adormecida durante tantos años por el clientelismo político.

Durante la campaña para las elecciones municipales de 2011, los partidos actualmente en el poder, PP y PSOE, se comprometieron mediante sus firmas a proteger a los vecinos y a respetar el fallo de la sentencia que ahora se ha dictado. Así la actual Alcaldesa-Presidenta, según obra en la página web de la plataforma, firmó lo siguiente: "estamos en contra de cualquier planta de asfalto a instalar en el callejón de la Gata o en otro lugar del municipio que contamine y/o atente a la salud de los vecinos".
http://noasfalto.info/bilder/2012/07/PropuestadelPPdeNoelia1-2.pdf

A pesar de su declaración, desde que tomó posesión de su cargo, la Alcaldesa-Presidenta ha justificado la legalidad de la planta con informes que se pagan con los impuestos de los vecinos en lugar de esperar a que la justicia se pronunciara ya que en un Estado de derecho el control de legalidad de los decretos y licencias municipales corresponden a los jueces y tribunales independientes.

Se ha hecho justicia. La licencia es nula y por tanto El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no debe recurrir la sentencia porque si se toma esa decisión, sería:

1.- Ir en contra del derecho a la salud de los vecinos y proteger el derecho de un empresario a desarrollar una industria contaminante a menos de dos mil metros de núcleos de población agrupados.

2.- Ir en contra de la promesa electoral realizada ante los vecinos.

Por el contrario el Ayuntamiento debe en ejecución de sentencia luchar porque la supuesta indemnización que haya que abonar a la empresa cuya licencia ha sido anulada sea lo menos gravosa para las arcas municipales.

El Ayuntamiento le tiró el piche a los vecinos y el pueblo ganó al piche. Los vecinos de los Llanos ya están limpios del piche.

Señora Alcaldesa-Presidenta, con todo el respeto que le tengo porque es usted la Alcaldesa de mi pueblo, no le vuelva a tirar el piche a los vecinos y por tanto no recurra la sentencia.

Octavio Manuel Fernández Hernández. Antiguo vecino de Los Llanos de Aridane.