Desde el martes 1 de septiembre comenzará la actividad académica: escuelas infantiles, exámenes en secundaria, profesorado en todos los centros educativos, y, a partir del 8, la incorporación del alumnado de infantil y primaria a sus aulas, que se completará con secundaria, bachillerato, Formación Profesional y todas las restantes enseñanzas no universitarias, a partir del 14. Finalmente, lo harán los estudiantes universitarios. En total, entre alumnos no universitarios (407.000), universitarios (48.000), profesores no universitarios (28.000), universitarios (3.500), personal de administración y servicios de centros no universitarios (6.000) y universitarios (1.500), en todos los centros educativos canarios pueden concentrarse unas 495.000 personas (un 25% de la población del archipiélago).
Todos los posicionamientos públicos de los diversos sectores que representan a la comunidad educativa (sindicatos de profesorado, APAs, alumnado,…) mantienen un denominador común ante la pandemia de la gripe A: incertidumbre. Todos se dirigen a las autoridades educativas y sanitarias, estatales y autonómicas, para exigir información, medidas a adoptar,… No obstante, por el momento, ningún responsable público quiere afrontar la situación, impera el silencio, que podría ser interpretado como prudencia o como forma de no generar alarmismo. O tal vez sea la indeterminación propia de los momentos de crisis.
Las conjeturas que los ciudadanos de a pie nos hacemos son muchas. Y tenemos muchas preguntas sin respuesta. No son suficientes los carteles con los consejos acerca de cómo se debe estornudar, o el número de veces que hay que lavarse las manos… No cumplen el efecto tranquilizador, apenas informativo, que posiblemente pretendieron los que diseñaron la campaña.
Necesitamos información, como padres y madres, a los que nos preocupa la vacunación masiva que parece pretenderse entre la población escolar, y nos preocupa también el dejarlos sin vacunar. Nos preocupa el posible colapso de los servicios sanitarios, cuando existe la probabilidad de que se incremente exponencialmente el número de afectados, con la entrada del otoño y la bajada de temperaturas. Nos preocupa el contagio seguro que se va a producir en los centros educativos. Nos preocupa la salud de nuestros hijos y nos preocupa su formación y su atención, si tuvieran que quedarse sin clases.
Necesitamos información, como profesionales de la enseñanza, que vamos a tener a nuestro cargo a miles de niños, adolescentes y jóvenes, desde los primeros días de septiembre, sin saber cómo actuar desde los centros educativos. ¿Tiene carácter obligatorio la vacuna contra la gripe estacional? ¿Dónde se va a efectuar, en los centros educativos o en los de salud? ¿Qué mecanismos de control están previstos? ¿Qué protocolos de actuación están diseñados? ¿Volverá a imperar la improvisación y las ocurrencias, como sucede con frecuencia en la Consejería de Educación?. No hace falta sino echar la vista atrás con la ejecución chapucera que se llevó a cabo, en sus inicios, con algo que estaba anunciado y planificado, como fue la atención temprana y el refuerzo educativo, y eso que sólo se aplicaba en unos cuantos centros. Pensemos que en los centros educativos canarios, hay unos 300.000 alumnos menores de 15 años. ¿Qué estrategia de guarda y custodia se va a aplicar a esta población? ¿cuáles son los criterios para cerrar o mantener abierto un centro educativo?
Desde el Ministro de Educación, el Sr. Gabilondo, hasta la Sra. Luis Brito, Consejera canaria de educación, desde la Sra. Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad, hasta la Consejera Roldós, la población necesita escuchar algunas indicaciones, algunas certezas, información suficiente que produzca tranquilidad. Y es urgente que eso se haga cuanto antes, si se pretende que impere el sentido común.
Cuando se habla, desde la Consejería de Sanidad ("Plan Canario de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe", 13 de mayo de 2009), de números superiores a un 30% de la población afectada y se añade que entre la población escolar la proporción de afectados podría ser más alta. Cuando se nos dice que las pandemias son impredecibles en cuanto a mortalidad, gravedad de la enfermedad y patrón de diseminación. O cuando se nos añade que los grupos de riesgo para una enfermedad grave, con una mayor mortalidad, no se pueden predecir con certeza. Cuando todo esto se dice en diversos documentos de las autoridades sanitarias, no deja de ser intranquilizador; pues recuerda a las pitonisas de Delfos, que ante las consultas sobre las predicciones respondían con frases ambivalentes, que siempre les daban la razón, independientemente de lo que ocurriera.
Cuando se habla de las ventajas preventivas de una vacunación masiva de la población escolar, o del posible "cierre de colegios" o su posterior replanteamiento del "envío de estudiantes a casa", se reconoce que es la medida que requiere mayor preparación, por varios motivos: su potencial mitigador, su capacidad para ocasionar disrupción social por sí misma, y las dificultades en su aplicación precoz y en su mantenimiento. Parece que es una decisión que va a quedar en manos del Estado.
Me da la impresión que nuestros responsables públicos, ante el temor a equivocarse con las medidas a adoptar (decisión, por supuesto, nada fácil), tienen sus esperanzas puestas en que la propia sociedad se autorregule. Los responsables políticos, pues, parecen esperar a que la sociedad adopte medidas proactivas, por ejemplo, que las familias por cautela decidan no enviar a sus hijos a clase. Nuestras autoridades parecen temer las posibles medidas reactivas y negativas hacia ellos, si las que adoptaran no fueran acertadas, siendo o muy precoces o muy difíciles de mantener en el tiempo.
En definitiva, sigue faltando información y capacidad de decisión.
Manuel Marrero Morales
Profesor y miembro del STEC-IC
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