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Política
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Hernández Labrador defiende que los fondos recaudados por las sanciones a los operadores eléctricos se destinen a eficiencia energética

La diputada por la isla de La Palma del Partido Popular, Lorena  Hernández Labrador, presentó en nombre de su grupo una Proposición No de Ley (PNL) que fue debatida y aprobada por unanimidad en el pasado pleno del Parlamento de Canarias en la que solicitaba al Gobierno que estudiara la posibilidad de consignar fondos equivalentes a los recursos obtenidos a través de las sanciones impuestas por infracciones graves de los operadores eléctricos que actúan en el archipiélago, a reforzar los incentivos económicos que se destinan a impulsar las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética.

Además, planteaba Hernández Labrador en esta iniciativa  que estas medidas adoptadas estén enfocadas a facilitar la sustitución de tecnologías obsoletas e ineficientes por nuevas tecnologías que permitan obtener una energía más eficaz y rentable.

Los populares explicaban en su PNL que el sistema eléctrico canario se compone de seis sistemas aislados, de pequeño tamaño y con una red de infraestructuras eléctricas débilmente montada. Estas condiciones hacen que estos sistemas sean menos estables y seguros que los grandes sistemas interconectados en los que es posible garantizar el suministro ante picos de demanda o ante determinadas situaciones de falta de generación, como puede ser la escasez de viento en algunos momentos para la producción de energía eólica o por fallos e indisponibilidades de elementos de la red. Para reducir la vulnerabilidad de estos sistemas eléctricamente aislados es clave introducir sistemas de almacenamiento de energía, como las centrales hidroeléctricas reversibles, cuya finalidad principal es la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. Asimismo, es fundamental desarrollar nuevas interconexiones entre islas que permitan el apoyo mutuo entre sistemas y mejorar el entramado de la red para disponer de vías alternativas de suministro en caso de incidentes.

En los últimos años Canarias ha sufrido importantes apagones parciales y totales que han afectado gravemente a la ciudadanía canaria. Recuerda la diputada la multa a Red Eléctrica y a Endesa por 12.000.000 euros por los apagones ocurridos en diciembre de 2012 en Gran Canaria y en septiembre de 2013 en La Palma, afectando a decenas de miles de clientes. Una sanción de 6.000.000 a Red Eléctrica de España por la infracción muy grave los días 3 y 5 de diciembre de 2012 en Gran Canaria y que afectó a 335.000 canarios y 6.000.000 a Endesa por el apagón que dejó sin luz a todos los habitantes de la isla de La Palma el día 3 de septiembre de 2.013. También la multa a Endesa por el apagón que se registró en Tenerife en 2010 por un importe de 600.000 euros.

No obstante, el importe de estas sanciones tiene naturaleza de crédito de derecho público y se hacen efectivas mediante las correspondientes liquidaciones ante la consejería competente en materia de hacienda, pasando a formar parte de los recursos de la hacienda pública canaria, sin que tales recursos tengan que ser empleados con un fin específico, si bien es cierto, el carácter sancionador.

“Nos encontramos con 12,6 millones de euros por sanciones que irían a la “caja única” del Gobierno de Canarias y lo que planteamos es que sean empleados de manera directa en mejorar el sistema eléctrico de Canarias para que estos apagones no se vuelvan a producir” ha afirmado la diputada.

Además, Hernández Labrador manifestó en su exposición que el sistema eléctrico canario evoluciona hacia un nuevo modelo energético más eficiente y sostenible, basado en las energías renovables. El objetivo es que estas energías alcancen una mayor presencia en la cobertura de la demanda de electricidad en sustitución de otras energías basadas en combustibles fósiles, más caros y más perjudiciales. “Para contribuir a este progresivo cambio de modelo energético, hay que llevar a cabo un importante plan de inversiones con el fin de garantizar un suministro eléctrico más seguro, eficiente y sostenible y con esta cuantía económica derivada de las sanciones tenemos una importante oportunidad” concluyó.

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