Denuncian el deterioro de este servicio y acusan a la empresa de utilizar de forma “fraudulenta” el dinero público que recibe
Un momento de la comparecencia en la que se denunciaron los incumplimientos de la empresa García Tacoronte.
Los trabajadores de la empresa de ambulancias García Tacoronte de la isla de La Palma empezarán una huelga con carácter indefinido el 31 de julio. Así lo ha anunciado en una comparecencia el responsable de la negociación del convenio regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, quien indicó que “en el mes de agosto la convocamos los lunes, con una franja horario, que va a ser un acto de concentración e información a la ciudadanía”.
“No solo vamos a cumplir los servicios mínimos obligados por Ley. Y le vamos a ofrecer al Servicio Canario de Salud, que sustituya la coordinación del servicio en La Palma, que la está coordinando la misma empresa, o sea, el zorro cuidando las gallinas, y nos dé personal propio para este conflicto laboral que nos pueda dar garantías”. “Estamos dispuestos para ampliar los servicios mínimos”, dijo, para añadir que “queremos resolver un problema laboral, pero no generar un problema a los pacientes”.
Pedro Moreno recordó que han venido denunciado la situación de los trabajadores en esta empresa en meses atrás, pero que no está resuelto. “Ya está constatado que cada vez que algún trabajador o miembro del comité de empresa presenta una reclamación, normalmente es sancionado”.
Moreno desgranó algunas cuestiones del deterioro de este servicio de ambulancias. En este sentido, acusó a la empresa de utilizar de forma fraudulenta el dinero público que recibe, porque “tiene obligaciones que cumplir y si las hace, las hace de forma precaria, y en algunos casos no presta el servicio que está obligado por el pliego, por lo tanto está haciendo uso fraudulento de dinero público”.
Asimismo indicó que “dotarse de material de ambulancias sacándolo del Hospital o de centros de salud, no es más que una irregularidad que no tiene explicación ninguna”.
Sobre incumplimientos del pliego de condiciones, “también recordamos que la falta de base en la zona Este era un elemento, en nuestra opinión, grave. Y hace unos meses denunciábamos que faltaban 3 unidades de transporte sanitario no urgente. Es verdad que tras nuestras denuncias se habilita una, por lo que siguen faltando dos para prestar el servicio en las condiciones que debe hacerse”.
Además indicó que este tipo de transportes no lleva la plantilla necesaria para hacerlo con garantías. “A veces solo con el conductor, o el camillero hace de conductor, desdoblando la plantilla para tapar las necesidad de ampliar la misma para que en las unidades vayan con dos profesionales, de modo que en los traslados se pueda cubrir cualquier incidencia”.
Hay todo un deterioro continuo, afirmó, de la flota de la empresa en la Isla, fundamentalmente la del transporte programado, aunque también en el urgente. “Hemos conseguido que se corrija el pase de los vehículos por la inspección técnica, pero ha sido por denuncias nuestras”.
Otro de las cosas que denunció Moreno es que “seguimos comprobando que la reparación general de la flota se hace de manera tercermundista y todo esto lleva a que la flota no está en condiciones de seguridad para la ciudadanía y ni los trabajadores del sector”.
“Hemos denunciado esta situación a Gestión Sanitaria de Canarias, acompañado de dos actas de Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales que están probados, y las actas se levantan con una infracción a la empresa”. Además señaló que el presidente del comité de empresa que había sido despedido por segunda vez desde que este empresario tiene la concesión ha sido readmitido porque “un juzgado nos ha dado la razón, pero mantiene una situación de acoso y derribo, porque ha solicitado sus vacaciones y lo que se le debe tras casi dos años sin trabajar. Están en una situación de acoso continuo contra esta persona”, advirtió.
También indicó que los tripulaciones que han denunciado el estado de los vehículos y la falta de vigilancia técnica de los mismos, han sido sancionados y “están calificadas las faltas como graves” aunque van a ser recurridas pero “la acumulación de las mismas pretenden, en nuestra opinión, llevar a un despido procedente para que se tome nota de que cualquier trabajador que denuncie la situación es sancionado o despedido”.
El 30% de la plantilla original ha sido despedida desde que este empresario está en La Palma, un hecho que para Moreno es “muy grave”. “Nos llama la atención que es la única de empresa que tiene este nivel. Pensábamos al principio que era una purga sindical, pero vemos que se están desprendiendo de personas cuya indemnización es muy baja para sustituirlos por personal en práctica que están pagando de manera fraudulenta, por debajo de lo que tiene que pagar, pero que están saliendo casi el 50% menos que los profesionales”. Están empleando esta fórmula, dijo, para tener empleados baratos.
“Todo esto, indicó Moreno, nos llama la atención porque este empresario tiene dos sentencias en La Palma donde nos dice que es un empresario que no reúne las condiciones mínimas para prestar al servicio aquí”. Por eso se preguntó “qué le pasa al Gobierno que no toma la decisión para sustituir a esta empresa por otra que reúna las condiciones técnicas para prestar el servicio”. El sindicalita señaló que todo esto fue informado a Gestión Sanitaria del Gobierno de Canarias, que hizo una auditoría, “cuyo resultado oficialmente no conocemos, pero de manera informal, en una reunión que mantuvimos en Las Palmas, nos comunicaron que el informe dice que aquí está todo bien”. A partir de ese momento, indicó, “dimos esta vía por agotada y tomamos la decisión de convocar una huelga indefinida”.
Los trabajadores afectados por la situación descrita por Moreno son alrededor de 85, de los que para el servicio de urgencia son el 60% y el resto para transportes programados.
La empresa de ambulancias García Tacoronte, que tiene la concesión del servicio, llegó a La Palma en 2009 y ahora está en situación de prórroga.
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CASPER
Los denunciantes tienen toda la razón del mundo, aunque esto no es sino un ejemplo más de lo que suele suceder cuando se privatiza un servicio público. El resultado siempre es el mismo; peor calidad de los servicios prestados al ciudadano y peores condiciones laborales para los trabajadores; salarios paupérrimos, aprovechándose de la posibilidad de realizar contratos en prácticas pagando poco más de 800 euros, reducción de la plantilla al mínimo porque a la empresa concesionaria del servicio le sale más barato “proponer”, por decirlo de alguna forma a sus trabajadores el hacer más horas extras de servicio (incumpliendo el límite de las 80 horas extra anuales como máximo), porque contratar nuevos trabajadores les sale más caro, y por último, saltándose a la torera los pliegos de condiciones a través de la merma en los equipamientos, con la complicidad de la administración. Así vemos que si en principio la empresa se había adjudicado el servicio por cuatro años comprometiéndose a dotarlo de no sé cuántas ambulancias medicalizadas, otras tantas de servicio urgente o básico, la realidad es que muchas de estas ambulancias no presentan el equipamiento mínimo o ni siquiera existen, tal y como reflejan los pliegos.
En resumen, que el margen de ganancia para la empresa siempre lo obtienen reduciendo todo lo posible sus gastos en salarios, contratando menos personal a base de pagar más horas extras de lo permitido a los empleados de mayor antigüedad, despidiendo gente para contratar trabajadores en prácticas por 800 euros y muchas veces ahorrándose el material o equipamiento que tendrían que aportar obligatoriamente.
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laverdaduele
espero q si es por lo q dicen q denuncien a la empresa y les metan un buen puro, pero como sea para llamar la atención y q les mejoren las condiciones económicas por la cara (deporte palmero) espero q el puro se los metan a ellos porque la vida d las personas bla bla blá…
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