Mayte Pulido denuncia presuntos "tratos de favor" de GMR a otros concejales de CC

La diputada regional del PP, Mayte Pulido, ha denunciado durante una intervención en la Cadena SER que pueden haber más presuntos tratos de favor de la empresa pública GMR con ciertos concejales de CC, "algunos de Los Llanos de Aridane a los que ahora el Partido Socialista va a elevar a la Alcaldía" y por eso lamenta que el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Hernández Gómez, se permita no contestar a las solicitudes de documentación realizadas por el PP en tal sentido y que están caducadas desde hace un mes.

Según manifestó la diputada, "igual que pasó con la Transvulcania hay contratos que se han hecho a través de la empresa GMR a muchas personas de Coalición Canaria en la Isla", y de las que no tiene los nombres porque "a pesar de las solicitudes de información presentadas en el Parlamento me las ha negado el consejero". En este sentido indicó que ha puesto una queja formal en la Mesa de la Cámara porque "cuando a mí se me niega una información yo debo entender que algo deben ocultar".

La diputada popular dijo estar muy preocupada porque "coincide esta prisa de cerrar con el Partido Socialista una moción de censura en Los Llanos, cuando tenemos graves sospechas de presuntas irregularidades en las contrataciones de GMR".

Mayte Pulido explicó que el PP ha preguntado por este asunto al consejero porque "nos han filtrado desde la empresa pública que hay más contratos como el que se le hizo al señor Marín, exalcalde de Los Llanos, y que hay más facturas a través de GMR a todas esas personas que se han podido quedar sin trabajo en un momento dado", insistiendo en que desconoce los nombres porque "presenté la solicitud de información en julio y en septiembre pero el consejero a día hoy, incumpliendo los plazos del Parlamento, no me da el listado de contratados". Ante esta negativa de información, la diputada considera que "algo quiere ocultar porque en el caso Marín hizo lo mismo".

Recordó la diputada popular que Marín fue contratado como veterinario cobrando 3.333 euros mensuales por un trabajo que no se sabe si se hizo o no, un procedimiento en el que presuntamente se falsificaron las firmas de otros dos veterinarios y que está en manos de la fiscalía.