El Cabildo presenta un recurso de amparo en el Constitucional para no pagar a Menis por un auditorio sin ejecutar

El Cabildo insular ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra la la sentencia del auditorio para no pagar al arquitecto Fernando Menis por un auditorio insular inexistente. Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó en 2016 a la corporación a insular a pagar 390.000 euros a dicho arquitecto por la ampliación de un proyecto del referido auditorio que no le fue remunerado y que nunca se llegó a ejecutar, y el Cabildo está agotando todas las vías posibles para no pagar.

“Vamos a seguir defendiendo hasta la última instancia porque nos parece absolutamente injusto esa condena, respetando las decisiones judiciales pero también sabiendo que nosotros vamos a emplear todos los instrumentos jurídicos que estén a nuestro alcance, en este caso el recurso de amparo, para defender la posición del Cabildo”, indicó el presidente, Aselmo Pestana.

“Sabemos que el Constitucional es muy restrictivo a la hora de admitir recursos y ese es un gran filtro difícil de superar pero teníamos que ir en ese proceso a defender la posición del Cabildo, porque consideramos injusto que la isla tenga que pagar esos recursos de un proyecto que nunca se encargó; los técnicos nos dicen que hubo reuniones con él diciéndole que no se podía encargar y estamos hablando de una persona que sabe perfectamente cómo funciona una administación pública”, dijo Pestana.

De momento, la corporación lo que sí tiene que pagar son algo más de 31.000 euros correspondientes a la condena en costas de la defensa judicial de la otra parte.

Antecedentes

El arquitecto fue adjudicatario en 2008 de un proyecto para construir el auditorio insular en el término municipal de Los Llanos de Aridane por un importe de 723.500 euros y posteriormente recibió, según la sentencia del TSJC de 2016, el encargo verbal de su ampliación por parte del entonces presidente de la institución, José Luis Perestelo.

El arquitecto demandó al Cabildo y el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón. El Cabildo presentó recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó la sentencia original excepto en que el beneficiario del pago no fuera la sociedad unipersonal del técnico sino su titular como persona física.