El PP denuncia el intento del Grupo de Gobierno de coartar a la oposición tras limitar las intervenciones en los plenos

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma denuncia que el Grupo de Gobierno (PSOE-CC) intenta coartar la capacidad de fiscalización de la oposición cuando apenas restan diez meses para las elecciones, después de que haya decidido limitar las preguntas y ruegos que cada partido puede hacer en las sesiones plenarias.

Los populares advierten de que hasta la fecha todos los concejales podían cuestionar al grupo de gobierno “por aquellos temas de la ciudad que les preocupaban o tenían dudas”, en muchas ocasiones planteamientos “que nacían de las preocupaciones que trasladaban los ciudadanos”, pero desde el pleno de ayer y en una decisión con la que el principal partido de la oposición (PP) se ha mostrado rotundamente en contra, “cada concejal solo puede hacer un máximo de tres preguntas”. Esta “sorprendente limitación no se da en ninguna otra corporación al menos de La Palma”, lo que “nos tendría que llevar a una profunda reflexión”.

El Grupo Popular entiende que el único razonamiento que puede justificar esta “desafortunada medida” es que el Gobierno municipal “quiere evitar las críticas antes de las elecciones porque hasta sus concejales se han dado cuenta de que hacen agua por todos lados”, en temas como el ascensor urbano, la zona azul o los aparcamientos. “No hay otra forma de entenderlo. Los plenos son una vez al mes y es cuando la oposición tiene la oportunidad de fiscalizar, como es su deber, la gestión del gobierno”, por lo que “no se entiende esa reducción en las intervenciones bajo otra óptica que no sea el evitar que se siga dejando al descubierto su ineficacia y desidia”.

El PP se muestra molesto por un cambio en las reglas de juego que se produce “cuando tan solo faltan diez meses” para los comicios electorales, lo que a su juicio “va en contra” de la propia idiosincrasia de un ayuntamiento “que si de algo ha podido presumir a lo largo de la historia es de su capacidad democrática”. Defiende que “si se pretende cambiar el reglamento” por el que se rige el funcionamiento de los plenos, “se debe hacer por consenso, sin coartar a nadie ni con medidas antidemocráticas y al comienzo de la próxima legislatura”.