El Gobierno pide autorización para delegar a los cabildos la gestión de la Caldera y Garajonay

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy solicitar al Parlamento de Canarias la autorización para delegar la competencia en materia de gestión de los parques nacionales de Garajonay y La Caldera de Taburiente a los cabildos de La Gomera y La Palma, respectivamente, tras la solicitud de ambas corporaciones insulares. La Comisión de Parque Nacionales informó favorablemente los proyectos de gestión conjunta de los Parques y de los Espacios Naturales afectados, formulados por los Cabildos. La delegación tendrá una duración de 10 años contados a partir del día en que se haga efectiva, plazo que será susceptible de ulteriores prórrogas automáticas.

Las funciones delegadas incluirían la administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques, así como la investigación, inspección, incoación, tramitación, contratación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de aplicación.

La delegación de competencias a las corporaciones insulares de La Gomera y La Palma se efectúa en base a lo recogido en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares, que permite, previo acuerdo del Parlamento de Canarias, la delegación singular de competencias a uno o varios cabildos cuando así lo exija, entre otras razones, la naturaleza o características del servicio.

Dicha ley recoge, además, que la delegación de competencias autonómicas a las corporaciones locales “responderá al principio de máxima proximidad a los ciudadanos, procediendo cuando con la misma se eviten duplicidades administrativas, se obtenga una mayor eficacia administrativa o una mayor economía de recursos o se reduzcan las cargas administrativas como consecuencia de la configuración insular de la comunidad autónoma”.

La Comunidad Autónoma de Canarias asumió la administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales ubicados dentro de su ámbito territorial mediante el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales del Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay).

El Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por el que se crea la Red Canaria de Parques Nacionales, prevé que, previamente a la delegación de competencias a los cabildos insulares, estos han de formular los correspondientes proyectos de gestión conjunta de los Parques Nacionales y del resto de Espacios Naturales afectados, que han de contar con el informe favorable de la Comisión de Parques Nacionales Canarios.

Cabe recordar que el Gobierno aprobó la EMGA como instrumento de dirección estratégica para adaptar el modelo de servicio público a los nuevos requerimientos de la sociedad canaria. Es la respuesta del Ejecutivo ante la necesidad de satisfacer los parámetros de calidad que exige la ciudadanía en la actualidad, consciente de que el desarrollo de las políticas públicas puede mejorar.

Cuando se aprobó (en julio de 2017), se avanzó que la construcción de este sistema organizativo se prolongaría más de una legislatura por su magnitud y también por el cambio cultural que exige. Así, la consecución de este propósito pasa porque en esta legislatura queden los pilares del nuevo modelo de servicio público, unos pilares que posibilitarán la posterior construcción de otros componentes de dicho modelo y la adaptación paulatina de la organización a su funcionamiento. Por ello, resulta fundamental hacer un seguimiento de su aplicación hasta la fecha, así como establecer las modificaciones necesarias para asegurar el éxito de las actuaciones que están pendientes de completarse hasta 2019.

Un aspecto a destacar de la revisión de la EMGA es que, durante el periodo de su ejecución, se ha constatado que en el desarrollo de las medidas previstas ya se vienen empleado unas formas de hacer que están en sintonía con el cambio de cultura exigido a la Administración Pública para adaptarse a los nuevos tiempos, y que señala de manera explícita el propósito de esta estrategia.

Estas formas de hacer incluyen la consecución de resultados, la planificación de los recursos y las capacidades, la gestión de proyectos, el diseño orientado hacia las necesidades de la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía, el acompañamiento y la participación de los Departamentos, la modelización sistémica de los recursos y capacidades, la identificación de los procesos que acompañan a los sistemas, la coordinación de todas las estructuras humanas, los entornos de trabajo colaborativos y los espacios del conocimiento corporativo.

Otra de las conclusiones de este periodo de ejecución de la EMGA es que su eficacia está vinculada a su desarrollo bajo los principios de Dirección por Objetivos, Orientación hacia la ciudadanía y a los agentes internos, Enfoque a servicios y procesos, y Fortalecimiento del capital colaborativo y de la gestión del Conocimiento, aspectos estos que, además, también coinciden con eje de actuación de la propia Estrategia Marco.

De cara a futuro, entre las propuestas de impulso de la EMGA figura la consolidación de los aspectos organizativos esenciales para la eficacia de las medidas. Esto incluye reforzar la orientación de la actividad hacia resultados y la rendición de cuentas, para garantizar que el desarrollo de las políticas públicas obedezca a una metodología reglada que le asegure la atención al interés general, permitiendo establecer objetivos estratégicos para las materias competenciales del Gobierno de Canarias, realizar la programación y ejecución de acciones para alcanzar esos objetivos, llevar a cabo la evaluación de los resultados y reajustar las metas establecidas.

También es importante continuar orientando las actuaciones hacia la ciudadanía, de manera que se asegure el empoderamiento de esta, además de incluir el desarrollo del conocimiento corporativo, ya que el mismo es uno de los principales valores de la organización y la coordinación entre todos los agentes que deben participar en el despliegue de cualquier política pública es un condicionante imprescindible para asegurar una adecuada gestión del mismo.

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias también deberá seguir apostando por el sustento en el potencial humano a fin de que sea capaz de adaptarse continuamente a un entorno cambiante pasa por apoyarse en el potencial de las personas que la integran. Finalmente, se propone que la organización de la estructura de la Administración pueda adaptarse continuamente a los cambios exigidos por el entorno, apoyándose en un mapa de ámbitos competenciales flexibles también a dichos cambios.