El alcalde mantiene en el juicio de los Tarajales que la licencia otorgada es legal

Hoy martes ha arrancado en Los Llanos de Aridane -hasta donde se ha desplazado el Juzgado de lo Penal número 7- la vista oral del juicio de los Tarajales que sienta en el banquillo al alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y al resto de concejales que formaban el Gobierno municipal de Unión Bagañeta – Coalición Canaria (UB – CC) en 2005, acusados de un presunto delito urbanístico, por permitir la construcción del edificio Balcón del Puerto dentro de los límites de Costas. El fiscal pide un máximo de 18 meses de prisión y diez años de inhabilitación para el alcalde.

En esta primera jornada, el alcalde ha respondido a las preguntas del fiscal sobre cuál había sido su papel en la licencia otorgada para la construcción del edificio de los Tarajales a pesar de que había dos sentencias en contra de la declaración del suelo como urbano .

En este sentido frente a las cuestiones que fue planteando el fiscal al respecto, Ángel Pablo Rodríguez explicó que “yo simplemente escuché las opiniones de los técnicos con los correspondientes informes, tanto del arquitecto municipal como del asesor jurídico, que eran favorables a la concensión de la licencia”.

Aparte de asistir a las dos sesiones donde se aprueba la concesión de licencia y posteriormente se autoriza el inicio de la ejecución, el fiscal le preguntó al regidor local si había intervenido en algún otro trámite de la concesión de licencia y si bien contestó que no lo recordaba, desde el ministerio fiscal se indicó que en las actuaciones constaba un oficio de 11 marzo de 2005 del alcalde, acordando la tramitación de la licencia. La solicitud de licencia tuvo entrada el 10 de marzo en el ayuntamiento y “usted -le dijo el fiscal- un día después hace un oficio para iniciar la tramitación, ¿recuerda ese trámite?”.

El fiscal continuó preguntándole si era habitual que justo el día después de que alguien solicite una liciencia de edificación, se dicte un oficio iniciando el trámite, y el alcalde reconoció que no era habitual. También le preguntó si el 11 de marzo de 2005 conocía la existencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 13 de septiembre de 2002 y la sentencia de la Audiencia Nacional de 2004. “Sí me habían informado de esa sentencia -respondió el alcalde- pero me habían dicho que se referían a las normas subsidiarias, que estaban sustituidas por el plan de ordenación que facilita que se dé la licencia de acuerdo con dicho plan”.

Rodríguez argumentó asimismo que el director general en una de las charlas que dio en Tenerife dejó muy claro que las normas subsidiarias a partir del 2000, con el texto refundido de la ley, desaperecían, y que la licencia se daba por el plan general con informe favorable y con el deslinde de Costas a los 20 metros, por lo que “hay un espacio legal donde el ayuntamiento da la licencia con el plan general”. Y agregó que esa sentencia no era firme, que era sobre un planeamiento que ya no existía y que estaba sustituido por el planeamiento vigente, aprobado en 2004.

“Yo no soy jurista, soy un maestro de escuela…”

Al insistir el fiscal en que entonces conocía esas sentencias, el primer edil le contestó que no las conocía a fondo, “yo no soy jurista, soy un maestro de escuela, me informan los juristas, pero es una información de trámite, no en profundidad”.

“Siempre se me informó del contenido, a groso modo, por mis juristas y por las asesorías externas que tenía el ayuntamiento, de que era un sentencia sobre las normas, no del plan general, y que por lo tanto esa licencia era legal”.

El fiscal puso de manifiesto en la vista, las contradicciones en las que incurrió el propio Ángel Pablo Rodríguez en su declaración durante  la instrucción, pues “consta en tres ocasiones que en el momento de acordar la licencia desconocía la existencia de las sentencias”. El alcalde insistió en que no las conocía en profundidad y “siempre me insistieron en que eran sobre las normas subsidiarias y no sobre el plan general”. Este dato es importante porque la licencia para construir el inmueble se dio cuando el edificio ya tenía resoluciones judiciales en contra de la declaración del suelo como urbano.

En el día de hoy estaba previsto que declaren todos los acusados en este caso, que el alcalde reconoció que “ha frenado” el desarrollo del municipio. El regidor local no respondió a las preguntas de la acusación.

Los acusados

En este caso que se ha empezadado a enjuiciar hoy tras una larga tramitación y después de varios aplazamientos, se solicita una condena de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público al alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), por un presunto delito urbanístico.

Junto con el alcalde, están imputados los concejales que formaban la junta de gobierno municipal en el año 2005: Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, para quienes el Ministerio Público reclama 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación. También se encuentra en la misma situación el arquitecto del Ayuntamiento, Rosendo Luis Brito, para quien solicitan una pena de un año de cárcel y nueve de inhabilitación.