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El proyecto para mejorar la carretera de Tijarafe se está redactando desde 2011 y aún no está terminado

Lorena Hernández afirma que la incapacidad del Gobierno canario “condena” a la comarca noroeste de la isla

Vista del casco de Tijarafe.

La diputada autonómica por la isla de La Palma, Lorena Hernández Labrador, ha formulado una pregunta por escrito al Gobierno de Canarias para conocer la situación en la que actualmente se encuentra el “Proyecto de Acondicionamiento de la LP-1 Los Llanos- Tijarafe. Tamo LP 118 Tijarafe” que estaba incluido en el pasado convenio de carreteras como actuación  número 1 según la priorización del Cabildo Insular de La Palma.

Labrador ha manifestado, tras la respuesta obtenida, que es “inaceptable” que desde el año 2011 se esté redactando este proyecto y que después de 7 años la carretera de Tijarafe aún siga sin proyecto para su ejecución. “Si el ritmo de Coalición Canaria es más de 7 años para la elaboración de un proyecto es imposible que La Palma pueda desarrollarse”, espetó.

En esta línea la diputada se ha mostrado crítica con el Gobierno de Canarias y ha recordado que se trata de una obra que estaba incluida para realizar en el Convenio de Carreteras que finalizaba en el año 2017 y que ha sido por su “clara incapacidad” por lo que aún ni se cuenta con el documento básico para su inicio. Labrador se pregunta si también harán responsable de esto al Gobierno del Partido Popular o “asumirán de una vez por todas su ineficacia en la gestión” y le pedirán disculpas a los palmeros.

Esta obra es clave en la comunicaciones de la isla de La Palma y su retraso lo único que hace es seguir “condenando a la comarca noroeste de la isla de La Palma y limitando su desarrollo”.

Finalmente, Labrador ha afirmado que lo más grave de este asunto es que este retraso seguirá prolongándose en el tiempo ya que el Gobierno de Canarias ha dado como plazo para la licitación y adjudicación de la obra el año 2019, “dos años después de que tuviera que estar finalizada es cuando se plantea su inicio y a día de hoy nada garantiza que se pueda cumplir ese cronograma”, indica Labrador. Según el propio Gobierno, se trata de una actuación de envergadura de casi 60 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses (4 años).

 

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