cerrar
cerrar
Registrarse
Publicidad
Política
Publicidad

Gobierno y Cabildo acercan posturas sobre el Fdcan cuya anualidad de 2017 tiene que estar justificada antes del 9 de diciembre

Además se acordó que el Cabildo abra la anualidad de 2018 a los ayuntamientos para que puedan ejecutar actuaciones directamente

Foto de la firma del convenio del FDCAN con el Cabildo de La Palma. Archivo.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, anunció hoy tras la reunión mantenida con el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, que se ha avanzado para desbloquear la situación del Fdcan en La Palma, puesto que “el Cabildo parece que puede estar en disposición incluso de adelantarse al plazo del 9 de diciembre dado por el Gobierno a la corporación insular para poder aportar, vía recurso de alzada, la documentación que justifique las actuaciones realizadas en 2017 con cargo a dicho fondo”.

“Para nosotros es muy importante -afirmó la consejera- puesto que hay un 50% de los fondos retenidos (8 millones de 2018 a la espera de la liquidación) y queremos hacer el liberamiento”.

En este sentido añadió Rosa Dávila que “hemos podido adoptar tres decisiones en el marco de esta comisión técnica de seguimiento del Fdcan de La Palma que son importantes: Por un lado, que el Cabildo pueda presentar la documentación que acredite que efectivamente están adecuadamente justificados los fondos de la anualidad de 2017”. Al respecto señaló que el Gobierno de Canarias iniciará en la semana del 10 al 14 de diciembre una auditoría específica que será la que definitivamente pueda clarificar que los términos de la justificación son adecuados y que los fondos se han desarrollado y realizado adecuadamente.

Además indicó que también se acordó que para el Fdcan que está en este momento en ejecución de 2018 y que tiene el plazo de ejecución en el 2019, el Cabildo va a poder abrirlo a los ayuntamientos de manera que puedan incluirse actuaciones de los ayuntamientos en el fondo de desarrollo que puedan ser gestionados directamente por las corporaciones locales y, por tanto, “tener más holgura y no vernos de nuevo en esta situación”.

El Gobierno de Canarias asimismo asumirá directamente las inversiones del CTA (telescopios Cherenkov), las actuaciones de cofinanciación, de manera que “liberamos al Cabildo de la cofinanciación de esta parte y podrá tener más recursos disponibles para la isla”.

La consejera subrayó tras la reunión que “nuestra voluntad, como siempre hemos dicho, era de colaborar pero no podíamos dar fe hasta que no nos presenten la documentación que tienen que remitir al Gobierno antes del día 9 a través de ese recurso de alzada, para poder discernir cuál era el nivel de ejecución en la isla de La Palma”.

“Yo creo -manifestó Dávila- que en esta reunión hemos podido aclarar los términos en los que se tiene que remitir la documentación al Goberno y hemos podido llegar a acuerdos para que los recursos que tiene en estos momentos el Fdcan en La Palma no solamente para la anualidad que están justificando, que es la de 2017, sino para el conjunto del programa que son diez años, 207 millones, coja velocidad de crucero, de manera que vaya todo en orden, sin sustos, en los próximos años”.

La consejera de Hacienda también consideró importante contar con ejecuciones que permitan tener flexibilidad a la hora de justificar y tener actuaciones realizadas en La Palma que reactiven la economía y generen empleo, de modo que ese programa de isla que diseñó el Cabildo con los ayuntamientos se lleve a cabo.

Dávila recordó que la única isla donde ha habido problemas con el desarrollo del Fdcan ha sido en La Palma y por eso “lo que estamos intentando con esta comisión de seguimiento es solventarlos”, involucrando directamente a los ayuntamientos como se ha hecho en otras islas para que se pueda ejecutar correctamente.

Como se recordará el Gobierno canario emitió una resolución sobre la anualidad de 2017, cuyo plazo de justificación finalizó el 31 de octubre, dando por correctamente justificados solo 1,7 millones de euros de 16,5 millones, en base al informe del interventor que decía que no podía garantizar la veracidad de los gastos. Una decisión que el presidente Pestana anunció que iba a recurrir por “ilegal” y  porque suponía una “agresión” a los palmeros.

Archivado en:

Más información

Publicidad
Comentarios (7)

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Publicidad

Últimas noticias

Publicidad

Lo último en blogs

Publicidad