La situación de los consejeros no adscritos: "Sin sueldo, sin portavoz, sin local ni infraestructuras y sin la consignación de grupos"

El Cabildo de La Palma celebró hoy una sesión plenaria extraordinaria y urgente en la que se dio cuenta de la estructura organizativa del nuevo gobierno PP-PSOE tras la moción de censura del pasado 24 de julio que convirtió en presidente a Mariano Hernández Zapata.

Básicamente no se dijo nada que no se supiera respecto a la distribución de áreas, si bien la sesión estuvo marcada, al menos inicialmente, por el informe de la secretaria general de la corporación en la que dejó claro la situación de los consejeros expulsados del PP que han pasado a la condición de “no adscritos”, lo que en síntesis se resume en que ahora mismo no pueden cobrar del Cabildo, salvo la asistencia a plenos y comisiones, ni tampoco tienen la asignación por grupo.

La secretaria de la corporación explicó que la consecuencia de la expulsión de los consejeros del PP implica que “desde el 23 de julio el Partido Popular se queda sin representación política en el Cabildo Insular de La Palma, y que al no existir este grupo político desde dicha fecha no corresponde indemnización establecida para ello”. Es decir que los consejeros no adscritos, entre los que se encuentra el presidente Zapata, no cobran sueldos y se quedan sin la asignación de grupo. En la corporación actual solo hay dos grupos políticos: PSOE y CC y los seis consejeros no adscritos.

Además, según el informe de la secretaria, el presidente Mariano Hernández Zapata, y los consejeros y consejeras Carlos Javier Cabrera Matos, Raúl Camacho Sosa, Nieves María Hernández Pérez, Raquel Noemí Díaz y Díaz y Nayra Castro Pérez son “consejeros y consejeras no adscritos” lo que comporta lo siguiente: “No tienen portavoz, no tienen derecho a que el Cabildo Insular les proporcione local, despacho ni la infraestructura de medios materiales salvo la Presidencia; no pueden obtener ni mantener el término de dicación exclusiva o parcial y no podrán ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos de entidades públicas o privadas dependientes de este Cabildo insular”.

El presidente como miembro no adscrito será el presidente nato de las comisiones y los no adscritos tienen derecho a integrarse en todas las comisiones y plenos con voz y voto interviniendo en las mismas. Tienen también el derecho al cobro de las dietas por la asistencia a órganos colegiados dependiente a este cabildo (….).

El consejero no adscrito, señaló la secretaria en su informe, tendrá los derechos políticos y económicos que individualmente le corresponden pero no los derechos que derivan de su pertenencia a un grupo político, sin que nunca tales derechos puedan ser superiores a los que le hubieran correspondido de permenecer en el grupo de procedencia.

Carlos Cabrera, en calidad consejero no adscrito, discrepó de algunos aspectos del informe de la secretaria general distinguiendo entre los consejeros afiliados al PP y las consejeras que no están afiliadas. Cabrera señaló que el pleno no está para juzgar si hay una acción punible desde el punto de vista de un partido político, pero sí consideró que la “jurisprudencia, las leyes y la doctrina determinan que hay que hacer un examen previo a la toma en consideración de este pleno de los hechos fácticos, es decir, que se han cumplido las formalidades establecidas en los correspondientes estatutos de cada uno de los partidos y que se haya seguido el procedimiento que garantiza el derecho de representación política”. Bajo nuestro punto de vista, afirmó, eso no se ha indagado.

Los hechos objetivos, según manifestó en el pleno, es que “nosotros el 25 de julio recibimos por correo certificado en esta casa, no antes, el contenido de una suspensión cautelar y el inicio de un procedimiento en el que designa al instructor, se señalan los hechos y algunas otras cuestiones. Pero el comienzo de todo el expediente se produce en esta casa por correo certificado con acuse de recibo firmado por el conserje el 25, cuando teníamos hasta el 22 de julio para presentar las alegaciones”. “No hay una notificación oficial fehaciente a ninguno de los consejeros, ni siquiera tampoco para terminar este procedimiento; nosotros, a día de hoy, no hemos recibido ninguna notificación oficial de la expulsión, la recibe el Cabildo, pero no los que estamos en este procedimiento y que somos los primeros interesados en el mismo”, aseveró.

Por otro lado, Cabrera cuestionó el hecho de que las consejeras no afiliadas hayan sido excluidas, como se recoge en el expediente de expulsión, del grupo popular por “pérdida confianza” y se preguntó que dónde está regulado porque “no lo he visto en ninguna ley”. Pasar de ser consejero a consejero no adscrito está perfectamente tasado por ley. “La ley no dice que por falta de confianza se pase al grupo de no adscritos, no le he visto en ningún lado“. Me gustaría, añadió, que por parte de la secretaria se indagara también si esa cuestión es válida.

Pidió por ello Cabrera, sin éxito, que se procediera a la suspensión de la toma en consideración por el pleno porque “objetivamente creemos que se dan hechos que muestran con total evidencia que cuando votamos la moción de censura no habíamos recibido notificación fehaciente, que recibimos en días posteriores, de la supuesta expulsión”. “Instamos -dijo- a que se proceda a esta suspensión y que por parte de la secretaria se proceda la revisión de la misma, porque es de justicia la defensa de estos consejeros, porque no se han cumplido con los requisitos formales mínimos para que esto pueda ser tomado en consideración”. Máxime, recordó, cuando se ha interpuesto una demanda en la jurisdicción civil, demanda de la que todavía no hay respuesta.

Cabrera sí quiso dejar claro que “reiteramos la voluntad firme de mantenernos en el grupo popular y esperamos que la situación se resuelva, más pronto que tarde, favorablemente”.

Nieves Lady Barreto (CC), por su parte, manifestó tras las “disquisiciones” de Cabrera, que el pleno no tenía que entrar en el contenido de un informe que “es jurídico, en base a un procedimiento que le ha llegado a la secretaria del pleno, y desde nuestro grupo solicitamos que se dé cumplimiento estricto a lo que establece jurídicamente la normativa que tiene que ver con estos casos, sin entrar en las valoraciones que tenga que tener desde el punto de derecho civil el partido político que sea con los consejeros que sean”. Los nacionalistas previamente habían solicitado que se leyera íntegramente el expediente de expulsión de los consejeros del PP que se notificó al Cabildo, algo que no se atendió, por lo que solicitaron que se hiciera constar en el acta su queja.