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Política
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Los alcaldes de CC en La Palma rechazan la "descapitalización" y el "chantaje" del Gobierno de España a los ayuntamientos

Marcos Lorenzo: “La intención del Gobierno es salvar los muebles de su programa político”

Jonathan Felipe: “Estamos en una economía de guerra y nosotros en las trincheras, atendiendo a la gente como en la posguerra, en la primera línea. Somos los que en aquel entonces daban la cartilla de racionamiento”

Sergio Rodríguez:  “No han sido valientes, por no afirmar que han sido cobardes”

Los alcaldes y tenientes de alcaldes de Coalición Canaria en La Palma han ofrecido en la jornada de hoy una rueda de prensa para mostrar su más absoluto rechazo al acuerdo de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda relativo a la utilización del superávit y el remanente de tesorería de las administraciones locales.

Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe y representante de CC en la Federación Canaria de Municipios (FCAM), indicó que “no son las formas para llegar a un acuerdo que afecta de manera tan profunda a las entidades locales, que hemos estado desde el minuto uno de la crisis al pie del cañón, intentando colaborar de manera leal con las autoridades sanitarias”.

Indicó que “es en este momento de especial necesidad, cuando precisamente necesitamos poder acudir a esos fondos para utilizarlos y que se articulen fondos para aquellos ayuntamientos que no disponen de ellos”.

En esta línea mostró su convencimiento de que “el acuerdo entre la ejecutiva de la FEMP y el Estado no representa el sentir general de los ayuntamientos de este país. Diez alcaldes de un mismo signo político no pueden representar la necesidades que tiene el municipalismo de España”.

El alcalde de Tijarafe confía que en el trámite parlamentario se mejore el acuerdo, “en el sentido de permitir más libertad en el uso de esos fondos que se han generado dentro de los ayuntamientos y que se garantice que los recursos para atender las necesidades más básicas de las vecinas y vecinos que tocan a la puerta de los ayuntamiento se puedan cubrir”.

Señaló que, por el contrario, la medida del Gobierno de España representa “prácticamente un chantaje a los ayuntamientos, porque si no vamos a ese préstamo al Estado, no se nos va a permitir participar de unos recursos que vienen de los Presupuestos del Estado y que le corresponden a todos los españoles, independientemente de donde vivan”.

El panorama, como denuncia el regidor nacionalista, puede ser el de la descapitalización de las entidades locales, que “no van a poder tener dinero para hacer frente a los pagos inmediatos” ni hacer frente a los servicios básicos, de no modificarse el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta línea, Marcos Lorenzo mostró su convencimiento de que “la intención del Gobierno es salvar los muebles de su programa político”, al tiempo que denunció el trato como “hermanos pequeños de la administración”, que se le confiere a las administraciones locales, que “nos dicen en qué tenemos que gastar el dinero”.

Economía de guerra

Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta, tildó por su parte de “error” el decreto del Gobierno central, que “está viendo a los ayuntamientos como una carga, cuando suponen una oportunidad. “En tiempos de crisis hay que ver las cosas de abajo a arriba y no arriba a abajo (…) La asistencia más clara que estamos teniendo con la ciudadanía canaria la estamos dando con los ayuntamientos, y no se puede descapitalizar en este momento al recurso más importante que tiene un Estado descentralizado, que son las administraciones municipales”.

El alcalde de Breña Alta y diputado teme que, además, el Gobierno “algo no nos está contando, cuando el Estado necesita de 15.000 millones de recursos que han ahorrado diariamente y con mucho esfuerzo los ayuntamientos, y han ahorrado también teniendo que hacer frente a un plan de pago a proveedores, que se sobrecargó con un 4% en tiempos de muchísima crisis”.

En cuanto a si esos fondos podrían ir a cubrir medidas que ha adoptado el Gobierno en la crisis del Covi-19, como el pago de los ERTE o las ayudas a autónomos, el regidor breñusco indicó que “para eso existen programas en la Unión Europea”. “Lo que está claro es que si esos 15 mil millones es lo que va a utilizar el Estado para pagar lo que se le ha venido encima con la crisis, hay una quiebra total y absoluta de todas las administraciones de España”, advirtió

Jonathan  Felipe subrayó que “el Estado debe rectificar”. “La FEMP fue sometida a muchísima presión para tomar este acuerdo, que se votó incluso con la nariz tapada, porque no atiende en ningún caso a las necesidades reales de los municipios de España”.

Concluyó advirtiendo de que “estamos en una economía de guerra y nosotros estamos en las trincheras, estamos atendiendo a la gente como en la posguerra, en la primera línea. Somos los que en aquel entonces daban la cartilla de racionamiento”.

Ruptura de la unidad

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, por su parte, lamentó la falta de valentía del Gobierno de España, que ha sido muy crítico con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el PP, que “ha condicionado el uso de ese dinero ahorrado por todos y cada uno de los municipios”, y “en la primera oportunidad real de cambiarla no toma la decisión correcta”. “No han sido valientes, por no afirmar que han sido cobardes”, apostilló.

Rodríguez mostró su preocupación por la ruptura del consenso en el seno del municipalismo español. “Se está siendo más partidista que nunca en pro del interés político”. “Me preocupa muchísimo la división que se ha producido en el seno de la Federación que representa al municipalismo en este país y puede sentar un precedente y hacer variar el rumbo de los objetivos que ha marcado esta decisión”, manifestó.

Asimismo, advirtió que “descapitalizar a los ayuntamientos incapacita a las corporaciones locales”, lo que “tendrá una clara repercusión en la economía local, al verse impedido para contratar empresas que presenten servicios y, por tanto, generen empleo”.

Sergio Rodríguez lamentó además el momento de “incertidumbre total y absoluta” en la que viven los ayuntamientos, donde “las decisiones que estamos tomando, se hacen pensando que mañana pueden cambiar”.

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