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CC.OO considera "inaceptable" que no se puedan realizar evaluaciones de discapacidad en la isla y exige una solución

Comisiones Obreras (CC.OO) muestra su preocupación ante las recientes afirmaciones de la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de la Palma, en las que confesaba ”que desde el pasado mes de mayo del año 2020 no se realizan evaluaciones para determinar el grado de discapacidad en la isla”, a las que tendrían derecho todos aquellos palmeros que padecen algún tipo de minusvalía. El sindicato señala que solo puede calificar este hecho como “inaceptable”.

Así mismo, señala el sindicato, la consejera informó de lo que “a nuestro parecer consideramos aún más grave, que desde el 31 de diciembre no existe ningún tipo de convenio entre el Cabildo y la Comunidad Autónoma para realizar las mencionadas evaluaciones. Lo que en la práctica significa que, en el mejor de los casos, se dilatara en varios meses la firma de un nuevo acuerdo entre las dos administraciones, aumentando el periodo de espera de esos 1.200 solicitantes palmeros que se encuentran esperando la pertinente evaluación, y a los que habrá que sumar los que se incorporen en el periodo transcurra hasta la deseada firma del acuerdo. Si esta llega a producirse”.

Comisiones Obreras recuerda que la otra opción que se podría considerar y la cual ya se llevaba a cabo antes de la firma del acuerdo consistía en desplazarse a la isla de Tenerife para realizar la evaluación, lo que considera que sería un “claro retroceso para todos los palmeros”. Cabe recordar, indica, que “ya entonces plateaba múltiples inconvenientes de todo tipo a los demandantes del servicio el traslado a Tenerife, hecho este que fue la causa principal para realizar el convenio anterior en el año 2016. Pues a los problemas para el desplazamiento se añadían los retrasos, que eran constantes. Llegando en ocasiones a realizarse únicamente 5 evaluaciones por año de las solicitudes realizadas desde la isla de la Palma”.

CC.OO quiere recordar que tener un grado de discapacidad reconocido, es una condición “obligatoria” que solicita la propia administración para que los ciudadanos que padecen una minusvalía, puedan optar a las ayudas que por ley tienen derecho. En este sentido, considera “paradójico que la misma administración que la solicita es la que en la actualidad no la realice”. Ayudas, añade este sindicato, que “en muchas ocasiones son realmente urgentes y necesarias para la vida cotidiana de los demandantes de estas evaluaciones. Que van entre otras muchas, desde una disminución del pago del I.R.P.F hasta solicitar una plaza aparcamiento para minusválido”.

Desde CC.OO exigen a las dos administraciones, Cabildo y Comunidad Autónoma, que trabajen en común y de forma urgente, con el fin de conseguir acortar los plazos y resolver a la mayor brevedad el grave problema surgido y que a afecta a numerosos ciudadanos.

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