El Gobierno dice que las ayudas "están llegando" y la oposición censura que en La Palma se vive "de la caridad"

El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha defendido este miércoles que las ayudas económicas a La Palma “están llegando” en medio de fuertes críticas de la oposición que contrarrestado su discurso afirmando que muchos damnificados están viviendo “de la caridad”.

En una tensa comparecencia en comisión parlamentaria en la que se ha empezado a fracturar la unidad política en torno a la erupción volcánica de Cumbre Vieja, Pérez ha reconocido que el volumen de ayudas “no es suficiente” pero ha negado que haya “inacción” por parte de las administraciones públicas.

El consejero ha puesto como ejemplo de ayudas el alojamiento en hoteles, los ERTE, la adquisición de viviendas, el suplemento de la PCI o los beneficios fiscales. “¿Como pueden venir aquí y que no se les caiga la cara?”, ha espetado a los diputados de la oposición.

Ha dicho también que el Consorcio de Seguros ha pagado casi 40 millones en indemnizaciones y se ha aprobado un registro único de afectados que no tiene referentes en otras catástrofes.

Pérez ha apelado a “huir del derrotismo” porque “infunden desánimo” en la población y se ha quejado de “repitan el mantra” de que no hay ayudas pero ha garantizado que La Palma se recuperará.

En esa línea, ha dicho que lo más importante es lograr la recuperación de La Palma y eso pasa por “no simplificar” los problemas, reducir que la solución pasa por transferir dinero a los bolsillos de los afectados.

Jonathan Felipe (CC-PNC) ha alertado de que en La Palma hay un “estallido emocional” y no hay psicólogos ni psiquiatras suficientes para atender a los afectados, que sienten una situación de “abandono” porque no saben cuándo van a llegar las ayudas directas.

Ha dicho que a los palmeros “les salvan la caridad y la solidaridad” y ha insistido en que su grupo no se va a alinear con la “inacción” de las instituciones.

Ha lamentado que los palmeros solo observan anuncios y decretos leyes en hasta siete visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que después “no se ven materializados” y ha comentado que “hay que ir repensando” La Palma porque muchas familias están marchando a Tenerife y Gran Canaria y matriculando allí a sus hijos.

Felipe ha criticado también que en los Presupuestos Generales del Estado “no haya ni un euro” para La Palma.

Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que la “dura realidad” de La palma son las hectáreas y construcciones demolidas por la lava y por ello, ha reclamado que se agilicen las ayudas porque hay “ineficacia” y la situación es “dramática”.

“Hay mucho dinero pero falta que llegue a los bolsillos de los palmeros”, ha agregado.

Melodie Mendoza (ASG) ha defendido que hay una “sensibilidad máxima” de todas las administraciones por ayudar a la reconstrucción de La Palma, asumiendo que hay daños “muy difíciles de reparar” y que es complicado “cumplir con las expectativas”.

“SENTIMIENTO DE ABANDONO”
Ha dicho que entiende el “sentimiento de abandono” que pueden sentir los palmeros pero al mismo tiempo admite el “complejo” funcionamiento de las administraciones públicas y la tardanza en que se vean las medidas adoptadas.

Francisco Déniz (Sí Podemos) ha admitido también que hay “desesperación” entre los afectados por la erupción pero las ayudas “están llegando” y la erupción continúa.

Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha criticado que tras “incesantes anuncios” de los gobiernos central y autonómico “las ayudas siguen en el mismo punto inicial” por lo que ha exigido mayor agilidad a las administraciones.

Ha dicho que el Gobierno canario “no controla bien los tiempos” poniendo como ejemplo la entrega de las primeras viviendas en la isla que carecían de algunos servicios básicos.

Matilde Fleitas (PSOE) ha dicho que en el Valle de Aridane “no se vive de la caridad”, al contrario, está sostenido por las ayudas públicas y los proyectos que están en marcha. “No sigan confundiendo a las familias”, ha comentado.

En ese sentido, ha valorado que se mantengan todos los servicios públicos y el ingreso de 1,5 millones en las arcas de los tres municipios afectados para su distribución entre los damnificados como ayudas de emergencia social. “Lo que no vamos a hacer es ingresar 200 millones en una cuenta para repartir entre los damnificados”, ha subrayado.