El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, detalló ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los datos del registro único para las familias damnificadas por el volcán de La Palma. Según sus cifras, expresadas durante la reunión del Ejecutivo, se confirma la aceleración en los trámites iniciada desde principios de este mes, pues ya se han registrado 3.555 solicitudes de ayudas, se han analizado 3.391 (lo que representa el 95% del total) y, de éstas, se han firmado 1.391 (el 41%).
Olivera considera que se trata de cantidades muy relevantes que demuestran la “agilización” de los trámites desde que se ha incorporado más personal y sistemas informáticos a la oficina de la Casa Massieu, en Los Llanos de Aridane.
De las solicitudes presentadas, un total de 2.130 manifiestan daños en vivienda (62%), 1.367 en enseres (40,31%), 1.143 en el sector primario (33%) y 271 en establecimientos industriales o servicios (8%). Se trata de porcentajes que no suman 100, según aclaró Olivera, porque algunos daños afectan a la misma familia damnificada y pueden ser de distintos tipos.
El Gobierno de Canarias resalta, asimismo, el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que el Consejo de Ministros de este viernes (17 de diciembre) adoptará medidas adicionales en apoyo de La Palma. Entre otras, Olivera destaca que las indemnizaciones por la pérdida de vivienda pasen de 30.000 a 60.000 euros. Es decir, se multiplica por cuatro la cifra incluida en el decreto inicial de emergencia, que fijaba la ayuda inicial en 15.000 euros, pasando ahora a esos 60.000.
Además, Olivera considera muy relevante los 17,5 millones más para las empresas y para un plan de reactivación y promoción turística, así como los 12 que se añadirán a los 21,4 para el sector agropesquero. A su juicio, “vuelve a quedar contrastado el compromiso del Gobierno de España con La Palma, identificando nuevos ámbitos y medidas para dar apoyo”, según recalcó.
