Las Manchas-D.M.
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la abstención de Sí Podemos, una Proposición No de Ley del Grupo Popular en la que solicita al Estado la elaboración de un real decreto ley que agilice, en materia de contratación, la reconstrucción de La Palma.
Jacob Qadri (PP) ha señalado que hay que “dar respuesta” a las necesidades de los palmeros tras la erupción volcánica y por ello, desde las administraciones públicas hay que ser “resolutivos” y “eliminar la burocracia”.
Ha indicado que hay que terminar con los “largos trámites de licitación” y fijando “criterios uniformes” para que las órdenes no queden sujetas a la interpretación de los funcionarios, al tiempo que ha señalado que la ley de contratos de 2017 permite acortar plazos en la contratación en caso de catástrofes.
Ricardo Fernández (Cs) ha dicho que la ley de contratos admite la tramitación de emergencia por motivos de interés público y entiende que la recuperación de la normalidad debe ser la “prioridad” de las administraciones públicas, especialmente en energía, ciclo del agua y carreteras y “sin politizar” la planificación.
En su opinión, esto no será posible si la administración “no agiliza” la tramitación de los expedientes.
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la emergencia “está justificada” porque La Palma ha vivido una “catástrofe” de ahí que haya apoyado que se agilicen todos los contratos para poder “reconstruir” la isla.
Francisco Déniz (Sí Podemos) ha apuntado que las contrataciones en La Palma “ya se hacen por trámite de urgencia” por lo que no entiende que haya que aprobar un nuevo decreto, aunque comparte que hay que “acelerar” los procedimientos.
Además, no apoya que la contratación por emergencia se pueda extender a toda la isla y a cuestiones no relacionadas con la crisis volcánica, advirtiendo de que hay proyectos “que planean” sobre la reconstrucción que no tienen que ver con la erupción. “Lo importante son los afectados y la necesidad de vivienda”, ha comentado.
En esa línea, ha indicado que “lo excepcional no puede convertirse en la norma”.
Luis Campos, portavoz de NC, ha apoyado la iniciativa porque cuando decaiga el ‘estado de emergencia’ se acaba con el soporte jurídico pero entiende que hay que “acotar” lo que afecta directamente a la erupción y “durante un tiempo” prorrogable.
Jonathan de Felipe (CC-PNC) ha comentado que “no está de más” que haya un decreto ley para prorrogar la emergencia en contratos de obras y servicios e incluso, ha apuntado que hay que ser “más ambiciosos” y dar “estabilidad emocional” a las familias afectadas porque hay personas que no saben qué va a ocurrir con los terrenos sepultados por la lava y se debe frenar el “éxodo” de la población.
Manuel Abrante (PSOE) ha comentado que La Palma acumula 800 millones en pérdidas por la erupción, lo que obliga a acometer una reconstrucción de forma “rápida” y con “garantía jurídica” y entiende que la PNL viene a contribuir para acortar los plazos.
No obstante, ha comentado que la emergencia se debe aplicar a acciones que sean “justificables”.
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